Tecnoplant, bajo control del farmacéutico Grupo Sidus, cuenta con venia política para expandir los cultivos de la variedad TICAR aprobada en tiempos del macrismo. La empresa sigue utilizando la investigación pública que genera el CONICET para garantizarse nuevos negocios. Pese a la oposición de los productores de papa, Tecnoplant asegura que no existen normas que impidan la siembra del transgénico. El cultivo demanda un bombardeo constante con agrotóxicos.
El desprecio por el cuidado del ambiente, la criminalización de las luchas en defensa del territorio y el respaldo al extractivismo más feroz que distingue a la gestión presidencial de Javier Milei también envalentona a las compañías de la manipulación genética y el culto a los agrotóxicos. Alineada con una propuesta de gobierno que alienta el control industrial privado de todos los ámbitos productivos, la firma Tecnoplant, controlada por el grupo farmacéutico Sidus, anticipó que 2025 será el año en que TICAR, su variedad de papa transgénica, llegará de forma masiva a los hogares de la Argentina.
Si bien la empresa obtuvo el permiso comercial para comenzar a vender la hortaliza genéticamente modificada (OGM) en diciembre de 2018, la falta de acompañamiento político tras la presidencia de Mauricio Macri, combinada con el rechazo al producto de laboratorio que exhibieron las principales entidades ligadas a la producción de papas, frenó casi por completo la evolución de ese negocio.
Ahora, con Milei avalando todos los atentados ambientales posibles, la compañía entiende que están dadas las condiciones para imponer su engendro desarrollado en sociedad con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). La papa transgénica TICAR ostenta una manipulación que –sostienen sus promotores– le garantiza resistencia al virus PVY, un patógeno que suele afectar gravemente la evolución del cultivo.
Desde su aprobación y hasta la fecha, el OGM sólo ha sido sembrado en una superficie de 48 hectáreas distribuidas entre San Carlos, en la provincia de Mendoza, y Coronel Suárez, en territorio bonaerense. En el caso de la primera zona, y tal como expusiéramos en Sudestada hace más de tres años, el OGM se ha venido cultivando a partir de un proyecto promovido por Tecnoplant en sociedad con Fabio Calcaterra, primo del mismo Macri.
La apuesta renovada por TICAR fue anticipada por Federico Gonzalez Ocantos, jefe de Control de Gestión de Tecnoplant, quien declaró a medios ligados a la agroindustria que la papa OGM “va a estar en el mercado mayorista para ser vendida” en 2025.
“El año pasado se vendieron muy pocas (semillas), así que dudo que muchas personas la hayan consumido finalmente. Creemos que el año que viene, si a los productores les va bien, va a haber papas TICAR. Todos los organismos nacionales la aprobaron en su momento, así que en ese sentido no hay ningún tipo de problema”, aseguró.
“No hay ningún tipo de normativa que nos impida su cultivo, salvo una zona libre de transgénicos que se generó en un área productora de papa industrial. Más allá de eso, no tenemos ningún tipo de problema para entrar a ninguna provincia o región del país”, agregó.
En Tecnoplant consideran que la venta de la semilla transgénica y el pago de garantías extendidas ligadas al uso del OGM le aportarán ganancias del orden de los 30 millones de dólares en el transcurso de tres años.
La papa transgénica, otro ejemplo de conflicto de interés
TICAR surgió de un proyecto impulsado a fines de la década del 90 por el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (INGEBI) –dependiente del CONICET–. A dicha iniciativa luego se sumó Tecnoplant hasta el final del desarrollo.
Un rasgo por demás de funesto que hace a la concepción del OGM está en la relación existente entre científicos que ocuparon cargos públicos y la empresa que controla a la recién mencionada Tecnoplant. La papa manipulada genéticamente es producto de la labor de Alejandro Mentaberry y Fernando Bravo Almonacid.
Tal como expuse en mi libro AgroTóxico (2019, editorial Sudestada), durante los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, esto es, de forma sucesiva, Mentaberry ocupó el cargo de coordinador del gabinete del Ministerio de Ciencia –luego rebajado a Secretaría– que encabezó un ex Sidus: Lino Barañao.
La cartera mencionada fue una de las que más promovió la salida comercial de la papa transgénica, y en organismos de aprobación de transgénicos como la CONABIA abundan las voces que dan cuenta de la presencia de Mentaberry acompañando el proceso hasta el final.
En diciembre de 2018, Gustavo Napolitano, por entonces gerente de Tecnoplant –Napolitano falleció en mayo de 2021– no dudó en reconocer el vínculo existente entre funcionarios públicos con peso en la aprobación del OGM, el CONICET y la misma empresa de biotecnología.
“Mentaberry fue director de tesis de Bravo Almonacid y estuvo en el desarrollo inicial de TICAR. Lino Barañao trabajo en Sidus, en un proyecto de clonación de vacas que al final no llegó al mercado. Fue cuando esa idea estaba madura que ocurrió la división de la empresa –en diciembre de 2010 la familia Argüelles, dueña del grupo, separó bienes– y no se siguió adelante”, aseguró en una entrevista que le hice en aquel entonces.
El aprovechamiento de la investigación pública para atender sus fines comerciales sigue siendo una constante en la actividad de Tecnoplant. Y una muestra reciente corresponde al convenio rubricado en julio de este año mediante el cual el CONICET se comprometió a aportar “desarrollo para la producción de plantas modificadas genéticamente de la variedad de papa Spunta que sean resistentes a virus PVY y PLRV”.
“Tenemos una buena experiencia de trabajar junto con Tecnoplant así que creo que eso garantiza el éxito de este proyecto. Desde el CONICET trabajaremos en el desarrollo de las plantas modificadas genéticamente y después junto con la empresa se abordará toda la parte regulatoria”, declaró al respecto, vía un comunicado de prensa, el mismo Fernando Bravo Almonacid, ahora referente científico del INGEBI.
Tecnoplant cerró otro acuerdo con el CONICET para generar nuevas papas transgénicas.
La papa demanda un cóctel de venenos
Si bien Argentina no se encuentra en el pelotón de los países con mayor consumo del tubérculo –lideran Bielorrusia y Ucrania, con un promedio anual por persona del orden de los 182 y los 139 kilos, respectivamente–, la papa es por lejos la hortaliza que más demandan los hogares nacionales con casi 41 kilos por habitante al año.
De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles, el cultivo ocupa algo más de 84.700 hectáreas distribuidas mayormente entre las provincias de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Tucumán y Mendoza.
De los casi 3 millones de toneladas de la hortaliza que se cosechan cada año, el 67 por ciento de ese volumen se consume fresco mientras que el 33 por ciento restante tiene como destino el procesamiento industrial.
El cultivo de papa a gran escala implica un bombardeo continuo con plaguicidas y TICAR, más allá de las presuntas ventajas de rendimiento que promocionan sus dueños, no incluye una sola modificación orientada a reducir el uso de agrotóxicos.
Según documentos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la legislación vigente para la producción de papa en la Argentina habilita el uso de hasta 94 formulaciones diferentes de pesticidas. Los fungicidas, con 47 principios activos, encabezan la nómina de los químicos permitidos. A esos le siguen los insecticidas –28 productos– y cierran los herbicidas –19–.
Productores de papa se oponen al transgénico
Desde su lanzamiento comercial, TICAR ha recibido el rechazo permanente de organizaciones como la Federación Nacional de Productores de Papa, la Mesa Provincial de la Papa de Buenos Aires y la Mesa Provincial de la Papa de Córdoba, entre otras.
En enero de 2021, las entidades emitieron un comunicado explicitando su oposición al OGM tras considerar que “los clientes de las industrias procesadoras de papa, y en especial los más grandes, no aceptan el uso de estos organismos”.
Señalaron que, por sus características, es imposible diferenciar las papas transgénicas de las variedades no modificadas.
“No hay análisis genéticos de laboratorios que aporten rápidamente información para identificar al transgénico”, afirmaron. Dicho de otra forma, salvo alguna referencia puntual de los comercializadores, el cliente en una verdulería nunca podrá saber si está comprando o no la versión transgénica del cultivo.
A raíz del impacto negativo que el OGM podría provocar en los ecosistemas, la provincia de Catamarca fijó, en septiembre de 2021, la prohibición de siembra de la semilla de TICAR promovida por Tecnoplant en todo su territorio. Dicho veto rige hasta la actualidad.
La manipulación genética a través de técnicas de transgénesis acumula cuestionamientos alrededor del mundo por, entre otros ítems, la imposibilidad de la ciencia de certificar que el consumo a largo plazo de estos alimentos resulta totalmente seguro para los humanos.
Se presume, por el contrario, que desarrollos de laboratorio como los OGM pueden ser tóxicos, alergénicos e incluso menos ricos en términos nutricionales que sus homólogos naturales. Al mismo tiempo, no está comprobado que los transgénicos incrementen realmente el rendimiento de los cultivos y sí existen certezas de que demandan una mayor utilización de pesticidas.
