Una auditoria efectuada en Catamarca probó que Livent, una de las dos mineras que extraen el metal en la Argentina, vende el material a compañías bajo su control establecidas en Estados Unidos, China, India y Gran Bretaña. La empresa se auto comercializa el mineral a un precio 850% menor que el definido por otras firmas del rubro en el país. Además, recibe devolución de retenciones por exportaciones, descuentos por costos y exenciones fiscales millonarias.
Por Patricio Eleisegui
Lo que ocurre es un escándalo. Como tal debería ocupar espacios de relevancia en los principales medios de comunicación. Sin embargo, ocurre todo lo contrario. Semejante omisión es inseparable de la voluntad de los oficialismos –nacional y provincial– de mantener la controversia fuera de sus parlantes afines. Y la decisión de quienes se ubican en la vereda política contraria, con control de diarios, radios y canales, de acallar la estafa porque alumbrarla sería ir en contra del apoyo irrestricto a la minería en particular y a cualquier matriz extractiva en general.
La estadounidense Livent, dueña a través de Minera del Altiplano del proyecto catamarqueño Fénix, uno de los dos yacimientos activos de litio en la Argentina –el otro es el jujeño Olaroz–, subfacturó el mineral que extrae en el Salar del Hombre Muerto casi un 850 por ciento en comparación con los valores de exportación notificados, justamente, por Jujuy. Según una auditoria llevada a cabo por la Agencia de Recaudación de Catamarca (ARCA), en abril pasado la compañía norteamericana documentó un precio por kilo del orden de los 6,41 dólares mientras que Jujuy declaró 54,07.
Si bien aún no existe un valor de referencia internacional para el metal, esto es, aún no se lo considera un “commodity”, lo cierto es que la estimación promedio a nivel mundial merodea los 52 dólares el kilo. En el gobierno que encabeza Raúl Jalil eligieron hablar de “dificultades para fijar un precio porque el mercado no es tan transparente” en lugar de exponer que, sólo en los últimos meses, Livent defraudó al Estado catamarqueño en una cifra cercana a los 200 millones de pesos.
El noviazgo entre la minera y los ejecutivos de turno en ese territorio viene desde los años 90, tiempos en los que el proyecto de explotación en el Salar del Hombre Muerto corría por cuenta de Minera del Altiplano en tanto subsidiaria directa de FMC Corporation. Luego, la firma con nombre regional quedó bajo la órbita de Livent, unidad activada por la misma FMC Corporation en 2018 con el fin de captar mayores fondos frescos y emitir acciones en las principales bolsas internacionales.
La subfacturación que efectuó la empresa no hace más que poner en evidencia el predominio de un saqueo que, otra vez, tira abajo la retórica oficial de los aportes económicos que realiza la minería y la falacia de la bonanza atada al litio. Párrafo aparte para la violación sistemática de derechos humanos que distingue a esta actividad en particular.
Vale recordar que, por ejemplo, la explotación que se lleva a cabo sobre todo en la Puna incumple con la consulta previa, libre e informada que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificado por la Argentina. Viola, también, la ley 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias. Las empresas del litio vulneran, además, el Acuerdo de Escazú, el cual fija derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones en los territorios y, también, facilidades para la defensa judicial en asuntos ambientales.
Amparadas por un entretejido de normativas heredadas del menemismo que reduce al mínimo los pagos a las provincias y la Nación, y beneficiadas con controles inexistentes a partir de gestiones gubernamentales que llegan al poder vía el sponsoreo extractivista, estas compañías han hecho de la Argentina uno de los países que rinde mayor rédito para el sector minero.
Un informe reciente de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) puso esto en cifras: los precios de exportación promedio de la Argentina son 58 por ciento más bajos que los establecidos por otros países. Los yacimientos en Chile, competidor de los emprendimientos mineros que se esparcen por la Puna, se ubican en torno al 21 por ciento.
“Los resultados del estudio muestran que en los diez últimos años el Estado en Argentina se apropió del 28 por ciento de las rentas económicas generadas por las empresas mineras que explotan el litio, mientras que en Chile fue un 36. También, se estima, a través de la simulación de un proyecto de explotación de litio sometido al régimen tributario vigente en cada país, que los Estados podrían capturar una mayor parte de la renta del litio sobre la rentabilidad de las empresas mineras: 44,3 por ciento en Argentina, 63,7 en Bolivia y 57,4 en Chile”, informó la organización mediante un comunicado divulgado a fines de abril.
Dicho de otra forma: la extracción del metal, más allá de toda la publicidad montada por el Gobierno actual y los anteriores, no cierra como negocio ni siquiera para aquellos que militan la minería a como de lugar. Sólo el fervor religioso por un neoliberalismo económico que, según la ocasión, a veces recurre a alguna que otra máscara discursiva maquillada de progresismo, explica semejante respaldo a la depredación.
Lo barato de venderse a sí misma
Ariel Slipak es experto del Grupo de Estudios de Geopolítica y Bienes Comunes. En agosto del año pasado, y en el marco de un seminario sobre recursos naturales y desarrollo sostenible, expuso detalles de la operatoria de Livent y su desempeño especulativo y sumamente perjudicial para las arcas de Argentina.
Precisó que la empresa exporta cloruro y carbonato de litio desde 1998 y en la actualidad saca al exterior hasta 21.000 toneladas anuales de carbonato equivalente. Con un detalle particular y que, en buena medida, explica el porqué de la subfacturación ahora detectada: Livent se exporta litio a sí misma.
La firma provee desde Argentina a plantas bajo control de la misma minera en Estados Unidos, China, India y Gran Bretaña. Allí, a partir del material que extrae del Salar del Hombre Muerto, elabora litio metálico y butil e hidróxido para baterías.
“Por una renegociación de contrato a partir de la legislación catamarqueña, la provincia llega a recaudar por cuatro conceptos diferentes un tope del 3,2 por ciento de todo lo que factura la empresa”, expuso Slipak, no sin dejar de resaltar que, como consecuencia de esto, Livent no abona canon alguno por el uso del agua.
“Como se vende a sí misma, Livent comercializa el litio muy por debajo de los precios que se manejan en el mercado internacional. Se impone valores por demás de baratos y así concreta desvíos en la tributación. Si bien Orocobre, en Jujuy, tiene terceros clientes, propende a hacer prácticamente lo mismo. En este último caso, la beneficiada es Toyota, que es dueña del 25 por ciento de la sociedad que explota Olaroz”, detalló.
Slipak definió como “alevoso” el perjuicio concretado por Livent, pero remarcó que ninguno de estos movimientos –ahora considerados fraudulentos por la política dominante– no podría llevarse a cabo sin un marco legal que otorga todas las facilidades operativas y fiscales a las mineras y una sucesión de gobiernos que no ha hecho más que solidificar el modelo que inició en los años 90.
Depredación con blindaje legal
Con todo lo grave que resulta, la subfacturación de Livent es apenas una gota en el mar de la rapiña minera. Acciones apuntaladas por un régimen legal que, desde el menemato y más allá de las declaraciones para la tribuna de ocasión, todas las gestiones se han ocupado de mantener y, peor aún, profundizar. La minería acumula más de dos décadas y media de blindaje normativo en la Argentina.
“La ley vigente a nivel nacional establece regalías del 3 por ciento por el mineral extraído en boca de pozo, un valor que no es el mismo que predomina a nivel internacional. Pero, aparte de ese detalle, la legislación establece una devolución por costos de extracción que definen las mismas mineras. Esa devolución gira en torno al 1,5 por ciento, aproximadamente. Este último porcentaje es el que, en definitiva, estarían pagando las empresas”, precisó Slipak.
Pero hay una variable más que vuelve simbólico a ese número. “Durante el macrismo se establecieron reintegros por exportación del 1,5 por ciento. O sea que, con lo que les da Nación, las empresas pagan aquello que exigen las provincias. Las mineras están subsidiadas”, agregó el experto.
Además de las regalías bajas, Minera del Altiplano –subsidiaria local de Livent– efectúa aportes a un fondo solidario provincial. Por ambos conceptos, la firma libera un monto que representa sólo el 2 por ciento de su facturación. “Después, también debe hacer un aporte a un fideicomiso provincial y, en simultáneo, destinar fondos bajo el concepto de responsabilidad empresarial. Esto le permite deducir impuestos como, por ejemplo, Ganancias. O sea que la minera siempre sale ganando”, señaló Slipak.
Por todo concepto, la minera libera montos que representan el 3,2 por ciento de toda su facturación. El detalle está en que las concreciones de algunos de estos pagos se encuentran atadas a la decisión de Livent de activar la ampliación de su yacimiento en Catamarca. “En el acuerdo que, hace algunos años, alcanzó con la provincia la minera se garantizó el uso ilimitado del agua”, concluyó el especialista.
Lejos de resultar una excepción, las maniobras de Livent en el litio son un ejemplo actualizado de prácticas históricas que caracterizan a esta actividad extractiva en general.
Subfacturación, precios fijados por las mismas empresas, nulo control sobre los materiales que se extraen, exenciones impositivas, reintegros, leyes a medida, subsidios estatales, gobiernos cómplices: la minería como negocio sólo existe a partir de semejante combo. Paquete sostenido, también, por una publicidad permanente que inventa empleos y ganancias cuando en el territorio lo único que brota es la destrucción irreversible de poblaciones, comunidades y ecosistemas.
