El proyecto de ley impulsado por Mariano Arcioni con aval de Alberto Fernández tiene un nuevo obstáculo, esta vez por la vía judicial: el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) anunció que la Justicia de Chubut hizo lugar al amparo presentado por las comunidades mapuches tehuelches Lof Lafimi, Los Pinos, Mallín de los Cual y Chacal Oeste y Laguna Fría, por lo que ordenó a la Legislatura provincial que suspenda el tratamiento de la zonificación minera hasta que se dicte sentencia en el juicio de amparo. El fallo implica en sí mismo el reconocimiento de los derechos indígenas a la consulta libre, previa e informada que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Por Valeria Foglia
Este viernes la demanda de las comunidades fue declarada admisible por la jueza Carolina Barreiro de Puerto Madryn, que ordenó informar al respecto al gobernador Arcioni, al fiscal de Estado Andrés Giacomone y a Ricardo Sastre, vicegobernador y presidente de la Legislatura. “Exhortamos a las autoridades de la provincia del Chubut, especialmente a la presidencia y los miembros de la Legislatura provincial, a cumplir con la Constitución y con los tratados internacionales y cesar en su actitud violatoria de los derechos humanos”, sostienen desde el equipo legal de Endepa.
Todos los territorios ancestrales de las comunidades que realizan el amparo están ubicados en los departamentos de Gastre y Telsen, parte de la circunscripción Puerto Madryn, donde el Gobierno de Arcioni busca habilitar megaproyectos mineros. La acción judicial se apoya en el respeto al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional -que reconoce la preexistencia de los pueblos indígenas-, los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Convenio sobre Diversidad Biológica y el flamante Acuerdo de Escazú. “En caso de aprobarse dicho proyecto (el de zonificación minera), se modificaría totalmente la situación legal de los territorios comunitarios, con importante afectación para la cultura y la vida indígena comunitaria”, sostiene el fallo citando el reclamo mapuche tehuelche.
El Convenio 169 de la OIT establece precisamente lo que no se ha observado en la imposición de la zonificación minera: “Consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”. Desde noviembre, cuando se presentó hasta los sucesivos intentos de tratar la zonificación minera en el recinto -el último en marzo pasado- (represiones, allanamientos y detenciones a activistas mediante), no ha habido consulta alguna al pueblo mapuche tehuelche. La urgencia de la medida cautelar está dada porque ahora el proyecto 128/20 fue aprobado en comisión y se encuentra en condiciones de ser tratado en la Legislatura.
La jueza Barreiro reconoce que “las comunidades de pueblos originarios forman parte de los grupos considerados vulnerables y especialmente protegidos, reconocido no solo por varios tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte, sino directamente en el texto de nuestra Constitución Nacional”. Su resolución deja claro que la consulta a las comunidades debe ser previa e incluso independiente a la demostración del daño concreto: “Basta con que el texto del proyecto de ley pueda afectarlas”.
Aunque no se mete con la cuestión de fondo (los términos del proyecto), la jueza hace hincapié en los derechos de los pueblos originarios a la consulta previa, libre e informada, que en ningún momento fue considerada: ni durante la elaboración por parte del Ejecutivo provincial ni en ninguna de las instancias parlamentarias por las que pasó la zonificación minera. Más aún, la magistrada alerta sobre el hecho de que “de tratarse el proyecto de ley en el recinto y aprobarse, ello podría influir en la sentencia definitiva, al convertir su ejecución en imposible”.
Se trata de un nuevo hito en una disputa que recrudeció en los últimos meses de 2020 y los primeros de 2021 en una provincia emblemática de la lucha contra la megaminería, donde desde 2003 triunfó el No a la mina entre la población a través de un plebiscito. La ley 5001 frenó la actividad con la prohibición del uso de cianuro en la minería metalífera, pero no la prohibió, y dejó abierta la puerta para su avance a partir de la zonificación de la provincia. Este empate virtual entre el oficialismo junto a las mineras y quienes defienden los bienes comunes de Chubut dio lugar a dos proyectos antagónicos presentados casi al mismo tiempo: la zonificación minera de la meseta, que permitiría operar en Telsen y Gastre, y la Iniciativa Popular que promueven las asambleas socioambientales para prohibir la minería contaminante en todo Chubut. Esta última, respaldada por treinta mil firmas, a comienzos de mayo fue rechazada en forma exprés en comisión y luego con un obsceno trámite virtual en la Legislatura gracias a los votos del oficialismo, el PRO y la abstención de dos legisladores de la UCR, lo que desató la bronca popular en las calles.
En diálogo con Revista Sudestada, fuentes de las asambleas de comunidades de Chubut ven el fallo como algo positivo y un reconocimiento de los derechos y las atribuciones de las comunidades originarias, pero alertan sobre posibles maniobras del oficialismo para “ganar tiempo” y volver a presentar la zonificación minera con algunos cambios para tratarla después de octubre. Tras el rechazo legislativo a la Iniciativa Popular, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut y los simpatizantes de la lucha antimegaminera deberían volver a iniciar el trámite y reunir decenas de miles de firmas si quisieran volver a presentar el proyecto. “Seguimos en las calles pidiendo que la Legislatura vuelva atrás con su rechazo de la IP2020”, dijeron.
Intentan hacer de la meseta central de Chubut, relegada por todos los Gobiernos, una zona de sacrificio en la que puedan reinar proyectos como Navidad, de la canadiense Pan American Silver, que “está listo” para extraer plata, plomo y cobre con el libreto de siempre: generar puestos de trabajo y atraer dólares. Poblaciones agrícolas de la región, en cambio, ven en la zona un gran potencial para el cultivo agroecológico de alimentos gracias a su suelo fértil y la proximidad al río, ese mismo que está en peligro por el avance extractivista que ya secó otros en la región.
Mientras las asambleas analizan los pasos a seguir, está claro que la pelea contra la megaminería y en defensa del agua y el territorio seguirá. El pueblo de Chubut dijo No es no, pero los de arriba siguen sin querer escuchar.
