Por Carla Elena
Foto Victoria Eger
Finalmente, el Gobierno Nacional ratificó que enviará al Congreso el Proyecto de Ley de Despenalización y Legalización del Aborto junto con el “Plan 1000 Días” antes de que concluya el mes de octubre. El primero fue una promesa realizada por el presidente Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias el 1 de marzo de este año, mientras que el segundo se fue gestando durante los meses subsiguientes y tiene como objetivo establecer la asistencia del Estado a embarazadas en situación de vulnerabilidad para garantizar la atención y el cuidado integral de la vida y de la salud de las mujeres gestantes y de sus hijos o hijas durante ese período.
Cambio de paradigma
Este 8 de agosto se cumplieron 2 años del día que el Senado de la Nación rechazó la Ley de Interrupción Voluntario a del Embarazo (IVE) por 38 votos en contra, 31 a favor, 2 abstenciones y una ausencia. La misma había sido aprobada en la Cámara de Diputados en junio por 129 votos a favor, 125 en contra y 1 abstención. Este año, con un escenario diferente y un país transitando una cuarentena hace siete meses, el tema vuelve a plantearse y exponerse sobre la mesa ya que, según fuentes oficiales de distintos ministerios, si no se trata este ejercicio el Proyecto, será muy difícil generar un debate el que viene debido a que es un año electoral.
En tal sentido, el tratamiento en ambas cámaras llegaría con aires de cambio ya que desde la asunción de la nueva gestión comenzaron a implementarse medidas que acompañan, concientizan y promueven el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo de manera diferente: con otra mirada, entendiendo que el aborto clandestino es un problema de salud que atraviesa al conjunto de la sociedad y por el cual mueren un inmenso número de personas y que es imprescindible una política pública que aborde esta problemática urgente.
Un guiño en las políticas públicas
En lo que va de 2020, el Gobierno Nacional ha puesto énfasis en la prevención y cuidado de la mujer y la importancia de sus derechos y equidad de los mismos creando el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, el cual se encarga de las políticas de igualdad de género y los derechos de las mujeres. Durante el mes de julio, ya puso en marcha el “Plan Nacional contra la Violencia por Razones de Género”, que tiene como objetivo implementar y financiar programas con perspectiva de género. Por otra parte, a los pocos días de asumir en su cargo, el ministro de Salud Ginés González García anunció el nuevo protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), que había sido revocado por Macri días antes de culminar su mandato.
En el mismo sentido, en la Provincia de Buenos Aires se encuentra en funciones a Estela Diaz, ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, quien proviene del movimiento sindical y es integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. A su vez, el 16 de julio se aprobó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la adhesión al Protocolo Nacional de Interrupción Voluntaria del Embarazo, el cual contó con el apoyo de 42 diputados de un total de 60.
Las discusiones en torno al nuevo proyecto
Otro punto importante es el reclamo que se hizo desde la Campaña para que el presidente cumpla con su promesa realizada a principio de año. Si bien el proyecto que presentará el gobierno no se ha difundido aún, trascendió que incluiría la despenalización y la legalización del aborto en las primeras semanas de gestación y en los casos ya previstos en el Código Penal, y garantizaría la práctica gratuita en hospitales públicos. El mismo estaría atravesado por una mirada sanitarista, entendiendo que el aborto es un problema de salud pública.
Es fundamental como sociedad comprender que la gestación de un hijo/a es un acto subjetivante, no solo un embrión dentro de un cuerpo. Para ser un individuo gestante y que ese embrión se convierta en un sujeto, es necesario pensar a ese futuro ser, nombrarlo, cobijarlo, acogerlo, concebirlo, alojarlo desde un lugar que habilite a ese niño/a por nacer.
Las interrupciones del embarazo existen, suceden y se practican de manera clandestina. Lo único que se logró rechazando la ley en 2018 fue la muerte de aquellas personas con menos recursos y que más necesitan de políticas públicas que las protejan y preserven. Necesitamos aborto legal ya. Es urgente.
