La obsesión política de jugar a Chernobyl

Nucleoeléctrica Argentina

El acuerdo con China para instalar otra central nuclear renueva la apuesta oficial por una tecnología cara, intrascendente desde lo energético y capaz de generar una hecatombe. Ausencia de planes de contingencia, residuos que perdurarán por siglos y accidentes nucleares ocurridos en Argentina. 

Por Patricio Eleisegui

China apretó bajo la promesa de acercar caja y Argentina cedió con la vista nublada a partir de la raquítica ausencia de divisas que expresan las bóvedas del Banco Central. La adhesión a “la Franja y la Ruta” implicó la firma de una batería de memorándums en los que la potencia asiática desnudó, sin tapujos, sus prioridades. Minería, transgénicos, obras de gran infraestructura para mantener ocupados a sus ejércitos de técnicos calificados. 
En este último ítem ingresa uno de los grandes negocios que China se anotó mirando hacia adelante: la construcción de una nueva central nuclear basada en el reactor Hualong One, tecnología que los asiáticos aún mantienen en la frontera de lo experimental y que, pensando en Argentina, implicará la consolidación de una riesgosa dependencia tecnológica.
El negocio es del orden de los 8.300 millones de dólares. La tribuna política que concentra el poder doméstico se esfuerza por instalar que buena parte de los materiales serán provistos por compañías locales. La realidad es que el acuerdo rubricado establece la construcción y entrega “llave en mano”. 
Es decir, China transferirá la central ya desarrollada y en funcionamiento. La tecnología toda, el reactor mismo, arribarán al país provenientes del otro lado del mundo. Un trato fabuloso que no se entiende incluso desde la presunta mejora energética: aún funcionando a la máxima potencia, y en combinación con los reactores ya operativos –Atucha I y II + Embalse Río Tercero–, la generación nuclear apenas si alcanzará el 7,5 por ciento de participación en la torta total de la matriz. 
Se compra riesgo en lugar de soluciones para una ultra publicitada transición que, vale señalarlo, los últimos gobiernos redujeron a las fórmulas contaminantes que nos colocaron en esta situación de colapso socioambiental. Recordemos las apuestas oficiales por la minería de carbón.
Raúl Montenegro, catedrático de las universidades de Córdoba y Buenos Aires, y ganador en 2004 del premio Right Livelihood –conocido como el Nobel Alternativo–, es uno de los investigadores que más ha profundizado en las características del plan nuclear nacional.
Esta semana charlé con él para ahondar en la obsesión de la política local por insistir con centrales que encierran un peligro inimaginable para Argentina y la región. El experto se refirió al impacto de una eventual tragedia atómica en esta parte del mundo. Y me acercó detalles de los graves accidentes que ya han ocurrido en los reactores que funcionan en provincia de Buenos Aires y Córdoba. 
Montenegro, también titular de la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM), reparó en la ausencia de planes de contingencia y la inexistencia de personal médico preparado para atender una catástrofe nuclear. Brindó detalles de lo endeble de las estructuras en las que se almacena el peligroso combustible atómico ya utilizado, expuso los planes de apagón de centrales iniciados por países desarrollados. Y remarcó que la decisión del Gobierno de instalar un nuevo reactor carece incluso de toda legalidad.
“Se firmó un acuerdo y se anunció la central sin que exista una evaluación de impacto ambiental o se haya generado una instancia de audiencia pública”, señaló. Distintas organizaciones de la sociedad civil, me comentó el especialista, trabajan ahora en una presentación judicial con vistas a impedir la instalación y puesta en funcionamiento del nuevo reactor a partir de estos graves incumplimientos. 
De llevarse a cabo, la instalación del reactor Hualong One transformará a la Argentina en el primer país de América latina en contar con un parque nuclear. La escala del potencial descalabro en caso de cualquier eventualidad se ampliará a partir de esta misma reunión de centrales en un mismo espacio. 

Nucleoeléctrica Argentina

“Lo que se generará en el área donde ya funcionan las Atucha es de mayor envergadura respecto de lo que se ha hecho hasta ahora en Brasil o México, los dos únicos países de nuestra región con centrales de potencia. Lo más grave que puede suceder es un accidente de manejo, o causado por factores externos, de nivel 7 en la escala internacional INES –máximo parámetro de gravedad para los casos de infortunio nuclear–“, expuso Montenegro.
“Chernobyl y Fukushima, por ejemplo, han sido tragedias de nivel 7. Reunir tantos reactores en un mismo espacio, tal como lo plantea el Gobierno, multiplica el riesgo y las posibilidades de un desastre de esas características. No es una casualidad que se plantee la central en el predio donde ya están funcionando Atucha I y II: se instalaría ahí porque se considera que el costo político, esto en torno a los efectos que un accidente podría generar en la población de Lima o Zárate, ya está pago. Que, en ese lugar, entre comillas, ya existe una tradición nuclear”, añadió.
De ocurrir un evento de clase 7 en alguno de los reactores en funcionamiento, me explicó el experto, el radio de afectación directa superaría con facilidad los 500 kilómetros y alcanzaría incluso a países vecinos como Uruguay, Brasil o Chile. 
“Si bien los reactores de potencia no estallan, podrían ocurrir descargas de material radiactivo, por ejemplo, al río Paraná. En una situación de caudal bajo como la vigente semejante concentración se volvería catastrófica. Son riesgos que no se justifican desde lo energético dado que el aporte de las centrales nucleares es bajo. En el mejor de los casos superarán poco más del 7 por ciento. No hay relación entre el costo que afronta la sociedad y la raquítica cantidad de energía eléctrica que acercan los reactores”, destacó Montenegro.

Acerca de los sistemas de emergencia

El sistema de emergencia previsto en la Argentina para cualquier accidente nuclear, indicó el experto, solo comprende contadas medidas para las poblaciones de Lima, la ciudad del partido de Zárate más cercana a las Atucha, y los habitantes de la localidad cordobesa de Embalse, vecina a la planta homónima.
Además de cualquier eventual falla técnica, el especialista sostuvo que tampoco se han concebido protocolos para situaciones de terrorismo o de vicisitudes externas a los reactores, como podría ser la caída de un avión sobre las instalaciones. Los residuos radiactivos, explicó, hoy se almacenan en silos secos ubicados fuera de los edificios que albergan a los reactores.
Montenegro sostuvo que el impacto de un avión de gran porte sobre esos puntos de acumulación podría generar una tragedia atómica peor a la experimentada por Ucrania en 1986.
“Si un avión comercial cayera sobre los silos de Embalse no tendríamos un Chernobyl, sino el equivalente a 20 Chernobyl. Los depósitos liberarían el material radiactivo porque no están hechos para resistir una acción de esa magnitud. Después de lo ocurrido en Estados Unidos con las torres gemelas, nadie puede decir que algo así no pueda suceder”, argumentó.
Según el especialista, sólo el combustible nuclear agotado ya por la central de Embalse –operativa desde enero de 1984– implica un riesgo que perdurará por 284.000 años. “Es el tiempo que demorará en desactivarse la cantidad de plutonio 239 acumulada. Combustible que hoy permanece almacenado en un silo de hormigón. No hay forma tecnológica de quitarle peligrosidad a ese material. Por eso se lo aísla y vigila”, señaló.
“La gente no está preparada. Y eso es culpa de NASA –sigla que refiere a Nucleoeléctrica Argentina, operadora de las centrales nucleares del país– y la ARN –Autoridad Regulatoria Nuclear-. Nunca quisieron preparar a la sociedad porque eso implica exponer la existencia del riesgo. Prefieren que el peligro no se conozca”, enfatizó.
¿Por qué esta obsesión estatal por sostener e incrementar una capacidad nuclear doméstica cara e intrascendente desde lo energético? Montenegro aportó una explicación: “En esto hay algo de nacionalismo. Un vanagloriarse del manejo de cierta tecnología, que se menciona como propia siendo que el reactor CANDU de Embalse es canadiense, el reactor de Atucha es desarrollo alemán y, ahora, el Hualong One que se busca instalar es chino. O sea, hablamos de un nacionalismo absurdo”.
Esta predilección ¿puede estar ligada, también, a un potencial (y futuro) interés militar? En este sentido, Montenegro pidió “no olvidarse de la historia” y menos aún de la carrera por disponer de un arma nuclear que en tiempos dictatoriales mantuvieron Argentina y Brasil. 
“Donde funcionan reactores nucleares de potencia existen materiales suficientes para un eventual uso militar. La potencialidad existe”, reconoció, aunque remarcando que no hay argumentos para pensar en algún interés inmediato que exceda a lo meramente energético.
Por último, el experto señaló que la decisión oficial de apostar por el reactor chino va a contramano de la dirección que vienen tomando varios países del llamado Primer Mundo dotados, también, con centrales. 
“Alemania está saliendo decididamente de su programa nuclear. Sí: la misma Alemania que nos proveyó la tecnología de Atucha I. Australia, por mencionar otro caso, tiene prohibidos los reactores nucleares de potencia, sólo mantiene una instalación de carácter experimental. También hay situaciones de desactivación del arsenal bélico nuclear, incluso fuera de los países desarrollados. Un ejemplo es Sudáfrica”, expuso.
Para luego concluir: “En cambio aquí se busca instalar un reactor que China no ha probado de forma suficiente. Con el peligro que esto implica, además de caro. Para justificar ese tipo de decisiones no faltan quienes hablan de, incluso, el uso médico que puede darse a la energía del reactor. Bueno, la realidad es que para generar radioisótopos médicos no necesitás una central nuclear de potencia. Basta con una de experimentación. Esto no cierra por ningún lado”.

Acerca de los accidentes

Con casi medio siglo de centrales nucleares operativas en su territorio, Argentina ostenta el funesto galardón de ser el único país de América latina y el Caribe que sufrió un accidente de magnitud 4. Esto es, con contaminación radiactiva dentro de una planta atómica, pero sin liberación de partículas al exterior.
Ocurrió el 23 de septiembre de 1983 en el Centro Constituyentes del partido de San Martín, en el gran Buenos Aires. Una falla humana en la reconfiguración del núcleo del reactor RA-2 liberó una potente dosis de neutrones y radiación gamma que provocó la muerte de un operario y contaminó gravemente a otras 17 personas.
Más cerca en el tiempo, FUNAM denunció que el 17 de noviembre de 2017 “se produjo el salto de varios sellos de contención en el área de operaciones del reactor nuclear de Embalse (Córdoba), lo que permitió la liberación de vapor con tritio 3 radiactivo en el área de operaciones, donde se encontraban unas 50 personas”.
“Durante las cinco horas que duró el episodio hubo registros altos de tritio radiactivo al mediodía y a las 14 horas, situación que forzó la evacuación total del área contaminada”, informó la organización a mediados de 2018. FUNAM expuso que cinco trabajadores resultaron contaminados.
Un antecedente en la misma planta de Córdoba, siempre según la fuente referida: el 30 de junio de 1983 una falla en el diseño y los procedimientos derivó en “un grave incidente que no llegó a descargar material radiactivo al ambiente”.
“En Argentina ya se han registrado accidentes nucleares graves en reactores e instalaciones. La mayor parte se mantuvo en secreto”, concluye un documento de la fundación mencionada. Inherente a esto, algunas fechas a modo de epílogo y sólo concernientes a la cordobesa de Embalse Río Tercero: a raíz de fallas en sus sistemas, tanto el 9 de diciembre de 1995 como el 13 de octubre de 2003 y el 8 de junio de 2005, la central efectuó descargas de agua pesada radiactiva en el lago lindero. A cada uno de estos eventos se les aplicó secreto gubernamental.

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