A partir del debate sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en 2018, quedó en evidencia algo que ya no se puede ocultar más: los abortos suceden, dentro o fuera del sistema de salud, con ley o sin ley y en todo el país. Lo alarmante es que la clandestinidad y la falta de acompañamiento los vuelve riesgosos para la vida y la salud de las mujeres u otras identidades de género que atraviesan esa situación. Este 28 de septiembre en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en diálogo con Revista Sudestada, la trabajadora social y articuladora por Córdoba en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, Ana Morillo, pone una mirada federal en el acceso de este derecho.
Por: Mariela Lario
Foto de portada: Micaela Arbio Grattone
Ana Morillo es trabajadora social del primer nivel de atención en APS de la Ciudad de Córdoba. Forma parte de la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y actualmente es articuladora por Córdoba en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Además, desde ese espacio, forma parte del Consejo Consultivo de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
Durante muchos años Ana trabajó en el Centro de Salud del barrio Nuestro Hogar 3. En esa comunidad, en el año 2005, una mujer falleció y otra estuvo muy grave por haber interrumpido sus embarazos en la clandestinidad y de forma insegura. Esto llevó al equipo a preguntarse qué podían hacer y cómo podían atender estas situaciones. Comenzaron a estudiar y formarse siguiendo experiencias como la del Hospital Argerich de Buenos Aires y la de Iniciativas Sanitarias de Uruguay. Organizaron capacitaciones y tejieron redes entre lxs profesionales que de a poco se fueron sumando. En esos años las situaciones de embarazos no buscados y/o no deseados se abordaban con una estrategia de disminución de riesgo y daño por aborto inseguro.
En la Argentina justamente en el 2005, se lanzó la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y ese mismo año el Ministerio de Salud de Nación solicitó a dos demógrafas, Edith Pantelides y Silvia Mario, realizar un trabajo sobre las cifras de los abortos clandestinos en la Argentina. Ese primer estudio, fuente citada recurrentemente, mostró que eran alrededor de 450 mil abortos clandestinos los que se producían por año.
En el año 2007 se realizó en Córdoba el Encuentro Nacional de Mujeres y Ana coordinó un taller de aborto. Según recuerda, fue a partir de ese momento que empezó a participar más activamente en la militancia impulsada en Córdoba desde la Campaña. Así, además de acompañar a personas que atraviesan la situación de interrumpir un embarazo, desde hace muchos años viene activando en espacios colectivos de trabajo y militancia por el derecho a decidir.
En el año 2015 se lanzó la Red Nacional de Profesionales de la Salud por el Derecho a decidir. Esta Red fue una estrategia pensada colectivamente desde la Campaña, con las trabajadoras de la Salud y las Socorristas. “Esta enorme red que hoy somos fue un acierto político para garantizar derechos. Nosotras siempre decimos que en nuestro país, con un marco restrictivo pero con causales legales, hemos hecho un camino importante, un trabajo por la accesibilidad en todo el país. Si hoy saliera una ley IVE se podría garantizar de alguna manera, no plenamente, pero se realizaría porque tenemos la red en el sistema de salud. Y eso es por la militancia, no han sido decisiones políticas de los gobiernos”, cuenta Ana.
Ella, como varixs compañarxs, sostiene la militancia en espacios colectivos y lo articula con la práctica de todos los días en sus lugares de trabajo: la salita, el centro de salud o el hospital.
¿Qué análisis hacés de ese proceso de retroalimentación personal y colectivo, de trabajo y militancia?
Siempre fueron de la mano. Nunca fue un trabajo individual y aislado sino vinculado. Y siempre estuvimos pensando que teníamos que ser más: tanto en la municipalidad como en la provincia y a nivel nacional. Me parece que es parte de lo que fuimos aprendiendo con el feminismo, no solamente en el tema del aborto sino también en otras cuestiones. Pensándonos colectivamente, pensando cómo ser más. Viendo cómo ir adecuando el sistema de salud, cómo ir ganando la confianza de compañeras y compañeros de la salud para garantizar el aborto. No se trataba solamente de ponernos afuera del sistema para exigir que se cumpla la ley de aborto por causales sino de trabajar dando las herramientas para eso. Para mí siempre fue una retroalimentación: me parecía que desde lo personal y desde el trabajo en el centro de salud aportábamos al movimiento y el movimiento aportaba a lo del centro de salud.
Y en cuanto al movimiento colectivo de militancia por el derecho al aborto es fundamental lo que sucedió en 2018. El debate generado a partir del tratamiento de la Ley de Interrupción Voluntaria de Embarazo significó un avance importante en la despenalización social del aborto. ¿Cómo las afectó?
El 2018 permitió una despenalización social que llevó a hablar de aborto hasta en las mesas familiares de los domingos –reflexiona Ana- y esto también llevó a hablarlo en los equipos de salud, en todos los equipos, a favor o en contra. A muchos les sirvió para sumarse, para animarse y empezar a acompañar. En Córdoba creció la Red y creció la Campaña en militancia. Entonces se empezó a acceder mucho más en 2018: hubo más demanda pero también más equipos acompañando. Hubo muchas capacitaciones y más sensibilización. Ahí nos encontró la pandemia, con ese desarrollo en salud.
Abortar en pandemia
Con la emergencia sanitaria por Covid-19 todo el sistema de salud ha tenido que reorganizarse y no tardaron en aparecer dificultades para el acceso a diferentes prácticas. Según lo que analiza Ana Morillo, disminuyó la cobertura del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, especialmente el acceso a las ILEs, debido a varias cuestiones: el fuerte impacto del mensaje “quédate en casa”, las dificultades para circular, la falta de medicación, las reorganizaciones de los servicios. En algún punto “parecía que el sistema de salud tenía que atender sólo pandemia”. Además, continúa reflexionando nuestra entrevistada, “la esencialidad de la atención de la Salud Sexual y Reproductiva se difundió tardíamente y en forma escasa para nuestro gusto, no se trabajó políticamente con fuerza desde el Estado”.
La reorganización de las instituciones y los servicios no es un factor menor para analizar las dificultades en el acceso: “algunos hospitales fueron asignados para la atención exclusiva de Covid y dejaron de atender ILEs, hubo traslados de profesionales de un lugar a otro y profesionales que por ser grupo de riesgo no pudieron seguir atendiendo” Pero también la pandemia sirvió de excusa: “Todo se complejizó porque quienes nunca quisieron atender y nunca atendieron pusieron más trabas con la pandemia, la excusa fue la pandemia. Y no tenemos que perder de vista que hay lugares donde lxs profesionales tienen que dar explicaciones, fundamentos y seguir peleando cada ILE al interior de sus servicios, con jefaturas o direcciones que no acompañan. Por eso nosotras estamos planteando la urgencia de la legalización, para tener que dejar de dar los fundamentos y argumentos de por qué atender y para que haya más presupuesto”.
¿Cómo ves la situación del acceso a las ILEs en Córdoba en este momento de pandemia?
En Córdoba hemos tenido problemas con la medicación. La pandemia nos ha generado más dedicación, más poner de lo personal para que las cosas resulten. Lo que venía funcionando sólo porque alguien iba a un hospital o a un centro de salud a pedir el turno y se daba, ahora funciona si activamos nuestros celulares para garantizar el acceso. Eso ha pasado en todos lados, y en Córdoba también. Lo vemos como un obstáculo. Y también vemos cómo se activó la red.
Con la pandemia está mucho más obstaculizado el acceso y las situaciones que están pudiendo acceder es por todo el activismo y la militancia con la que nos pusimos a resolver la demanda. Veníamos con un empujón, un envión enorme del 2018. Actualmente el sistema de salud está agobiado por la pandemia pero también por lo que significa tener a los antiderechos metidos adentro para obstaculizar. Ahí está la estrategia de los antiderechos: como saben que el aborto va a ser legal porque ha sido decisión política de este gobierno Nacional no les queda otra que generar obstáculos en el acceso. Eso es lo que hay que trabajar.
Recientemente cobró notoriedad a nivel nacional lo que pasó en la marcha anticuarentena en la que se desplegó una bandera que identificaba a un pequeño grupo de varones como Patriarcado Unido Argentino. ¿Cómo ves a los antiderechos en Córdoba?
Las acciones de los antiderechos y de los que están en contra de lo que llaman “ideología de género” arrancó en Latinoamérica ya hace varios años y se viene instalando. Yo no lo llamaría movimiento porque no tienen ni el 1% de lo que somos nosotras. Es gente activa con poder: están metidos dentro de la justicia, dentro de los gobiernos; de hecho ahora están armando su partido. Lo cual para mí es mejor como estrategia política para nosotras, mejor tenerlos a todos en un lugar que ocupando lugares en los partidos mayoritarios que sí ganan las elecciones, que si ganan los gobiernos”, relata Ana.
Siempre se conocen noticias de que intentan avanzar cuando se trata de garantizar una ILE ¿cómo les afecta a ustedes?
Mirá las noticias de las últimas semanas de las niñas de Salta o de Corrientes. En Córdoba no son noticia pero hemos seguido varias situaciones como esas, desde la Red tenemos un dispositivo muy grande y mucha comunicación, nosotras también accedimos a la situación de la niña y se pudo resolver. Lo que vemos es que los involucrados en esas situaciones son servicios de salud antiderechos que actúan como supuestos facilitadores o que generan cierto acceso a la ILE pero que claramente obstaculizan. Y para mí es el trabajo que están dando.
Nos parece que es una jugada antiderechos. Sería esto: ellos están en contra de la decisión de la mujer de decidir interrumpir pero ponen nuestro argumento de la decisión libre y autónoma cuando la niña decide continuar. Y nos preguntamos: cuántos condicionamientos puede haber tenido la niña, cómo han trabajado en entrevistas todos los riesgos de un embarazo a los 10 años, cómo ha sido el acompañamiento que han ofrecido, cómo han transferido lo que significa la legalización del aborto en esas condiciones -ha sido violada-, hasta donde se ha trabajado la desnaturalización de la violación. Esos son los antiderechos dentro del sistema de salud. En esos detalles de la obstaculización de un acceso real están trabajando. También en todo lo que es objeción de conciencia y difundiendo que el aborto con pastillas y ambulatorio es riesgoso y poco efectivo. Ellos hacen campaña mentirosa, poco científica. Además intimidan. En varios lugares de Córdoba, se ha presentado un escribano con un acta, a pedido de una ONG antiderecho, para poner en conocimiento de lxs profesionales cuál es la ley que permite hacer abortos, los artículos del código penal y los riesgos del uso del misoprostol. Esas son estrategias de intimidación hacia el sistema de salud, queriendo atemorizar a lxs que garantizan las ILEs”.
¿Cómo están trabajando en Córdoba desde la Campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito y la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir?
En Córdoba, como en otras regionales, el 2018 fue un punto de inflexión para arriba, en la curva de militancia, de activismo, de participación y demás. En la Campaña participan un montón de organizaciones y permanentemente pensamos acciones para fechas feministas, tratamos de generar acciones comunicacionales hacia el sistema de salud y hacemos mucho de lo que en la Campaña llamamos ´cabildeo´, que es el laburo con diputados y diputadas, senadores y senadoras nacionales pero también con los funcionarios de para garantizar el acceso. Córdoba estuvo fuertemente atravesada por el freno del protocolo provincial.
Tuvimos 7 años frenado el protocolo, judicializado y generamos muchas acciones con eso. Eso hizo encontrarnos mucho. El fallo de septiembre del año pasado fue un triunfo, a pesar de que fueron muchísimos años, estamos en una provincia conservadora, con una justicia conservadora asique para nosotras fue un triunfo. En la Red también hemos crecido una barbaridad, tenemos acompañamientos de ILEs en muchos lugares. Sin dudas falta un montón pero vamos dando pasitos y cada vez somos más en distintos lugares. Nos falta seguir trabajando en estándares de calidad, tipos de atención, alternativas al tratamiento farmacológico, etc.
¿Cuál creés que es el aporte que se viene haciendo desde una provincia como Córdoba a estos espacios nacionales?
Desde Córdoba, como desde las otras provincias, aportamos a la mirada federal de esos espacios nacionales. En los espacios de articulación nacionales hay un activismo muy fuerte de Capital Federal, pareciera que todo pasa por CABA y que desde ahí se define lo que pasa en el país. No dejamos de mirar la importancia que tienen las acciones en la capital: ahí está el Congreso y el Poder Ejecutivo Nacional. Pero tanto desde la Campaña como desde la Red estamos atentas a las diferencias entre las ciudades y sus particularidades. Hay que prestarles atención porque en esas desigualdades están los riesgos para la vida o la salud de las mujeres
Un derecho mundial
“Es hora de saldar una deuda. El costo humano de las barreras al aborto legal en Argentina”, es u inform que fue recientemente presentado por Human Rigths Watch. Este es el resultado de entrevistas a trabajadorxs de salud y personas que intentaron acceder a un aborto legal en la ciudad de Buenos Aires y varias provincias entre octubre de 2019 y febrero de 2020, luego de que en agosto de 2018 el Senado rechazara la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
El Informe comienza diciendo: “Cuando el Senado argentino rechazó, por un estrecho margen, el proyecto de ley para despenalizar y legalizar el aborto en 2018, Argentina perdió una oportunidad histórica para lograr avances significativos en la protección de derechos sexuales y reproductivos. El rechazo de este proyecto de ley ha dejado a las mujeres, niñas y personas gestantes en Argentina, particularmente aquellas con bajos ingresos y quienes viven en zonas rurales, con acceso limitado al aborto, lo cual afecta gravemente su vida y su salud. La pandemia de Covid-19 y el consecuente confinamiento en los domicilios han sumado nuevos obstáculos que impiden el goce efectivo de derechos sexuales y reproductivos”. El Informe documenta los obstáculos que restringen gravemente el acceso al aborto legal y revelan que, en la práctica, la aplicación del modelo de causales vigente es mucho más restrictiva de lo que establece el ordenamiento jurídico.
¿Cuáles crees que son las posibilidades y los obstáculos para que sea tratada y pueda aprobarse en este momento la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo?
Hay un país puesto en resolver el problema de la pandemia, que es un problema de salud, un problema económico y hoy, además, tenemos problemas políticos. Porque más allá de la decisión del Presidente de presentar su proyecto, se tienen que sentar a debatir y hoy el sector de la oposición no quiere debatir. Tenemos compañeras aliadas en todo el arco -si algo tiene de característico la Campaña es la transversalidad política- pero hoy hay un atravesamiento fuerte de oposición/oficialismo y no queremos que la legalización y el debate del aborto queden en esa arena.
Necesitamos a todo el arco político y hoy vemos más obstáculos. Igual, no vamos a dejar de exigir el tratamiento, la urgencia. Decimos que es urgente y no desconocemos lo que el país está pasando por la pandemia. El debate social ya está dado, nosotras no queremos meses de debate. Ya hay un debate y ya hay un proyecto aprobado por diputados, tiene media sanción. Está dado el debate y ya se sabe qué necesitamos como país para garantizar que ninguna mujer se muera.
¿Qué opinan desde la Campaña de que el Ejecutivo presente un proyecto?
Nos parece alentador que decida que el aborto va a ser legal en el país porque es un problema de salud y por la autonomía de las mujeres, como agregó el Presidente el 1 de marzo en la apertura de diputados, es algo que no había sido expresado antes. Y es motivador porque es una decisión política y hace falta. Nosotras decimos que entren en debate el proyecto del Ejecutivo y el proyecto de la Campaña. Quienes han sido voceras del ejecutivo nacional nos han dicho que no habrá sorpresas con el proyecto de Alberto, que no va ser tan distinto. Y confiamos en eso porque está hecho por compañeras militantes feministas del gobierno nacional.
¿Por qué creés que se está demorando tanto?
Respecto a la demora en la presentación del proyecto, algunos argumentos dados desde el Ejecutivo son que el sistema de salud está agobiado y que el debate del aborto requeriría que el Ministro y a sus funcionarios se pongan a trabajar para lograr los votos. Ante esto creemos que hay otrxs actores para hacerlo: tenés una Presidenta de la Cámara de Senadores y un Presidente de la Cámara de Diputados que cuando debaten otras leyes son los jugadores principales a la hora de conseguir los votos.
Por otro lado, se argumenta que el sistema de salud está agobiado por la atención de la pandemia y si sale la Ley tendría que atender los abortos legales. En este sentido, lo que decimos es que cuando sea legal el sistema de salud ya estará preparado para la atención, porque de hecho ya lo viene haciendo. La Ley podría aliviar el trabajo de lxs profesionales porque ya no se tendrían que definir causales y explicarlas o defenderlas permanentemente poniendo todos los argumentos en la mesa para pelear cada abordaje y garantizar un acceso.
