Quemarlo todo hasta que no quede un solo humedal

Imagen: Telam

El Delta no deja de morir bajo las llamas y el aparato agroindustrial e inmobiliario sigue gozando de impunidad para expandir las fronteras del negocio. A las órdenes de estos actores, el Gobierno cajoneó el proyecto de protección de los humedales consensuado por 380 organizaciones populares y, en contrapartida, esbozó una iniciativa propia a tono con los intereses del extractivismo. El presupuesto insuficiente, otro guiño a favor de quienes queman.

Por Patricio Eleisegui

Al menos 67.700 hectáreas sólo en lo que va de 2022. El último fin de semana ardieron 2.500 y el pronóstico es de intensificación de las llamas de aquí a diciembre. El fuego se ha vuelto paisaje de fondo frente a Rosario, al igual que las cenizas que buscan nuevas narices y pulmones, y los animales que huyen despavoridos cuando no mueren calcinados. La misma película proyectándose una y otra vez ya sin importar siquiera la época del año. El agronegocio del ganado y la soja transgénica, la especulación inmobiliaria, todo blindado por una Justicia que jamás encuentra responsables. 
Dice el Ministerio de Ambiente que en estos primeros meses de 2022 se han registrado 4.220 focos ígneos en el Delta del Paraná. En esa área, siempre según la cartera oficial, se constataron 965 incendios solo durante el junio pasado. 
“Las alertas emitidas por Nación aumentaron de 181, en el mes de mayo, a 269 en junio, para escalar a 237 en lo que va de julio”, señaló la cartera en su reporte del jueves 14. Los focos resultaron detectados por los denominados “faros de conservación” instalados por el ministerio en el Delta.
Lo particular de la problemática radica en que, más allá de esta postura de Ambiente de divulgar el día a día de los incendios, la dirección política tomada por el Gobierno dista en mucho de incentivar una erradicación completa de estos fuegos que proliferan cada mes.
La muestra más reciente –y contundente– está en la decisión del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA), con intervención de la cartera que encabeza Juan Cabandié, de promover un nuevo proyecto de ley de humedales que, a diferencia de la propuesta delineada por 380 organizaciones, asambleas, multisectoriales, especialistas y científicos, prolonga el mismo extractivismo que hoy explica las llamas en el Delta. 
El detalle está en que COFEMA afirma, sin escrúpulos, que su texto está basado en la iniciativa surgida, justamente, de la participación ciudadana. Nada más lejano a la verdad.

Un proyecto que pisotea el consenso popular
La iniciativa de dicho consejo, explican organizaciones como la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AADEAA), elimina 25 artículos consagrados por la representación popular. “La supresión comprende elementos vitales para el diseño de una política federal para proteger integralmente los humedales en el territorio nacional, avalando una visión meramente instrumental de estos ecosistemas, sin control alguno por parte del Estado”, se señaló desde la entidad.
Para luego añadir que la propuesta en cuestión “altera sutil aunque gravemente la definición de humedal, suprime otras definiciones estratégicas, eliminando principios, conceptos, objetivos de protección, funciones y deberes de la autoridad nacional de aplicación y conductas prohibidas y aniquila el inventario nacional de humedales, entre otros arbitrarios retrocesos”.
En el ámbito de las organizaciones populares el movimiento de Nación es visto como un intento por quitar del camino la iniciativa consensuada antes en los territorios. 
Respecto de esto, la AADEAA detalló que el texto respaldado por las asambleas y los colectivos “fue ingresado el 2 de marzo” de este año pero que, desde ese momento hasta estos días, Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, “no le ha asignado los giros a las comisiones correspondientes dejando el proyecto en un limbo que no permite tratamiento alguno”.
Rafael Colombo es uno de los referentes de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas. Además de exponer los detalles funestos del régimen legal que propone COFEMA, en un diálogo que mantuvimos esta semana estableció un puente entre el congelamiento aplicado a los proyectos de humedales presentados este y otros años y la consolidación de un escenario de incendios casi permanente.
“La iniciativa de COFEMA, avalada por el Ministerio de Ambiente, es en sí misma fraudulenta, regresiva, conservadora y antipopular. Es un proyecto que alienta la degradación y el retroceso de los humedales de Argentina. Forma parte del mismo lobby extractivista que, desde hace casi diez años, obstaculiza la ley de humedales en el Congreso”, afirmó.
“Esta propuesta se burla de años de peticiones y movilizaciones sociales mientras el fuego arrasa nuevamente en 7 provincias. Los poderes estatales (ejecutivo, legislativo y judicial) han facilitado, por acción u omisión, la destrucción de los humedales del territorio nacional. (El proyecto) también es funcional a las brutales embestidas de los lobbies del agronegocio, la gran minería y la especulación inmobiliaria que no quieren ninguna regulación, por más mínima que sea, sobre estos vitales ecosistemas”, añadió.

Imagen: Telam

La iniciativa que respalda Ambiente y el vínculo con el fuego
Los puntos del proyecto que critican organizaciones como la AADEAA pueden resumirse de esta forma:

  • Modifica sutil pero gravemente la definición de humedal. 
  • Reduce el ámbito de aplicación de la ley y los ecosistemas que protege.
  • Suprime la definición de expresiones como “uso racional”, “integridad ecológica”, “Evaluación de Impacto Estratégica” y “Evaluación de Impacto Ambiental”, “Preservación” y “Enfoque ecohidrogeomórfico”. Una más: la palabra “racional” no existe en el proyecto de COFEMA, pero sí aparece mencionada en 29 ocasiones en la iniciativa consensuada.
  • Pervierte los objetivos de la ley, desechando 9 de ellos, distorsiona los alcances de protección y quita responsabilidades al Estado mediante el uso de verbos en modo potencial. 
  • Elimina todas las funciones de la autoridad nacional de aplicación.
  • Suprime plazos para el ordenamiento ambiental territorial una vez aprobada la ley.
  • Elimina 11 principios y conceptos esenciales para una gestión racional y sostenible de los humedales. 
  • Destruye la noción de inventario nacional de humedales al considerarlo facultativo y no como un deber del Estado. Elimina plazos, escalas de protección y actualizaciones. 
  • Quita la moratoria, por lo que viola los principios preventivo y precautorio.
  • Excluye a los pueblos indígenas y a la agricultura familiar del Programa Nacional de Conservación de Humedales. 
  • Restringe el derecho de acceso a la información pública.
  • Elimina prohibiciones a las conductas que afecten, alteren, disminuyen, o degraden los humedales.

En tanto, la Multisectorial de Humedales Rosario usó el término “desguace” para referirse a la propuesta de COFEMA. 
“Se trata de un texto completamente vaciado de valor y de contenido, que lejos está de proteger los humedales. No es más que una estafa al pueblo y una burla a quienes dedicamos tiempo y energías a perseguir un real ejercicio de la democracia. Fue modificado para convertirlo en uno funcional a los lobbys que presionan para que los intereses económicos prevalezcan por sobre la protección de la vida”, se expuso desde la organización.
Para luego remarcar: “Somos afectados directos, especialmente desde hace unas tres semanas, por enormes incendios intencionales en las islas del Delta del Paraná. En un patrón casi exacto a las quemas de 2020. Por esto también señalamos que es evidente la planificación en el corrimiento de la frontera productiva a base de fuego”.
Por su parte, Colombo también habló de las autoridades mirando para otro lado a la hora de asumir responsabilidades por los fuegos incesantes. Si bien reconoció que “a los incendios no se los va a prevenir o sofocar sólo con una ley”, subrayó la falta de políticas públicas para responder de manera eficaz “ante un fenómeno antrópico, intencional y masivo que se repite desde hace casi 15 años”. 
“Mientras el Congreso ya podría haber sancionado una ley de humedales, los incendios encuentran a las administraciones de todos los niveles en un preocupante nivel de desorganización, improvisación y desfinanciación, lo que contribuye a que el fuego no solo no se detenga sino que también se agrave”, enfatizó. No sin antes señalar la falta de respuestas del poder judicial en cuanto a la búsqueda y eventual condena de los responsables de los incendios. 

Presupuesto insuficiente
A la par de impulsar un proyecto al margen del propuesto por las comunidades de los territorios afectados, el Gobierno opera con presupuestos que resultan insuficientes para atender un ecocidio cada vez más amplio. 
Si bien la partida para este año fue elevada de 2.696 millones de pesos a 6.696 millones, Ariel Slipak, del área de investigaciones de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), me explicó que esa cifra representa apenas el 0,04 por ciento del presupuesto nacional completo correspondiente a 2022. 
Según una revisión de números oficiales llevada a cabo por el investigador, al 8 de julio pasado las autoridades ya habían ejecutado casi el 85 por ciento del presupuesto asignado al Servicio Nacional del Manejo del Fuego (SNMF) para todo el año. Esto, más allá de que puedan habilitarse ciertos montos adicionales. 
La pregunta que brota de forma instantánea es cómo se combatirán las llamas con ese 15 por ciento de fondos restante siendo que aún resta casi medio 2022. Y, en tanto invierno, ni siquiera estamos atravesando la peor época de incendios. 
Proyectos populares de resguardo de los territorios que se cajonean o, directamente, descartan. Iniciativas oficiales alineadas con los intereses del extractivismo que financia gestiones y auspicia las campañas políticas por venir. Presupuestos que no alcanzan. Planteado así, el pronóstico para el fuego es más fuego. 
Grave error, el del aparato político y judicial, si supone que semejante postura funesta no intensificará aún más una resistencia social que, también como respuesta a las llamas, se observa consolidada, creciente y con destino de permanencia atemporal.

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