Semillas: el Gobierno derriba derechos para favorecer a Monsanto, Syngenta y asociados

Beneficiará a las multinacionales con el cobro de un canon a los agricultores por la resiembra de las semillas que obtengan de sus cosechas. La medida es impulsada por la cartera de Agricultura que encabeza Julián Domínguez previo acuerdo con empresas y entidades del agronegocio transgénico. El Gobierno dará luz verde a un pedido de las compañías del modelo agrotóxico que ya se negoció durante el macrismo.

Por Patricio Eleisegui

Tanto café compartido con el presidente Alberto Fernández está a horas de brindar los mejores frutos para el agronegocio. Brotan las felicitaciones alrededor de popes de la industria transgénica como Antonio Aracre, CEO regional de Syngenta, Federico Trucco, mandamás de Bioceres, y Juan Farinati, CEO Cono Sur de Bayer, la controlante de Monsanto. 
El martes de la semana próxima, Julián Domínguez, otro ministro de Agricultura alineado con los intereses de las multinacionales del rubro, expondrá ante la Comisión Nacional de Semillas (CONASE) los alcances de un proyecto oficial que propone erradicar el uso propio de las variedades que se siembran y, a partir de esto, establecerá el pago de regalías extendidas a los promotores de organismos genéticamente modificados y dueños de híbridos de soja, maíz, algodón, cebada, arroz, algodón y arveja.
En CONASE participan representantes de cámaras de la agricultura industrial como ArgenTrigo y la Asociación de Semilleros Argentinos (ASA, integrada por Bioceres, Estación Colombres, Pioneer, Syngenta y BASF, entre otras firmas), además de entidades de la talla de Federación Agraria Argentina (FAA). 
La propuesta del Gobierno no es más que una respuesta al pedido reiterado de las multinacionales de la agroindustria. Desde hace décadas estas compañías exigen que, además de pagar por las semillas al comprar la bolsa, los agricultores abonen un canon adicional por utilizar en siembras posteriores el resultado de sus cosechas. 
Semejante disposición derribará por completo el uso propio, un derecho largamente defendido por las organizaciones campesinas y apuntalado a través de los años por las y los actores que batallan a favor de la soberanía alimentaria. 
La imposición del nuevo régimen, que llegaría vía decreto, tiene como base la exigencia de las empresas de OGMs y agrotóxicos de acabar con la multiplicación libre de semillas entre los productores a cambio de presuntas inversiones multimillonarias. Dicen los cultores de la propiedad privada del insumo clave de la alimentación que esos desembolsos se activarían una vez que la gestión que encabeza Alberto Fernández garantice a Syngenta, Don Mario, Nidera, Dow, Bayer Monsanto, Bioceres/Tecnoplant/INDEAR y BASF una mayor recaudación a partir de cobros bajo el concepto de propiedad intelectual.
En las filas oficiales señalan que el pago del canon extendido redundaría en la liberación de nuevos eventos genéticamente modificados de soja, lo cual con vistas a incentivar la recaudación pública, permitiría reducir la distancia respecto de Brasil en lo referente al mercado global de la leguminosa. En la actualidad, la nación que gobierna Jair Bolsonaro disputa con Estados Unidos el primer lugar en el podio mundial de los productores de ese cultivo. 
En una reunión concretada con Domínguez durante la tarde del martes distintos personajes del agro tóxico, entre ellos el funesto Aracre, remarcaron que, justamente en Brasil, los chacareros abonan hasta 30 dólares extra –además de pagar la bolsa de semilla– por cada hectárea que siembran bajo el sistema de regalías extendidas. 
Se cuidaron de decir que el modelo a imponer, a partir de la suba de costos, terminaría de extinguir a los pequeños agricultores y campesinos y, en simultáneo, pondrá en estado de final inminente a los medianos en tanto estimulará una mayor concentración de la tierra en pocas manos y favorecerá –aún más– prácticas monopólicas o de cartelización en la producción de determinados insumos y alimentos.

Otro negocio a partir de la quita de derechos
Consulté a Tamara Perelmuter, doctora en Ciencias Sociales y coordinadora del Grupo de Estudios sobre Ecología Política desde América Latina (GEEPAL), respecto de los alcances de este cambio que promoverá el Gobierno a instancia de los gigantes de la semilla privada. 
Además de remarcar que el cobro de regalías es un aspecto que las multinacionales de la biotecnología aplicada al agro demandan desde hace varios años, la especialista aclaró que, si bien “la ley de semillas y creaciones fitogenéticas es de 1973, lo cierto es que tuvo modificaciones en 1991 por lo que no se puede decir que nunca fue actualizada” como en más de una oportunidad han afirmado Aracre y sus pares.
“La ley vigente protege la propiedad intelectual a través del derecho al obtentor, algo diferente al sistema de patentes. Este aspecto implica una protección de la propiedad intelectual para quien hace algún mejoramiento en la semilla, aspecto que queda asentado en el registro de cultivares. Pero la normativa contempla excepciones para ese derecho de autor. Con este cambio se busca, justamente, terminar con una alternativa que favorece a los agricultores”, dijo.
“El artículo 27 de la ley establece que los agricultores pueden comprar la semilla y luego guardar parte de la cosecha para una resiembra. Esto, sin pagar regalías. Es un derecho que rige para los productores. Las empresas buscan acotar ese uso propio. Con la excusa de que no obtienen retornos de inversión. De alzarse con el beneficio de las regalías extendidas, las compañías además de ganar con la venta de la bolsa de semillas se harán con fondos a partir de esa misma resiembra que se lleve a cabo a futuro”, añadió.

Minar el uso propio con la excusa de la “bolsa blanca”
Perelmuter sostuvo que la imposición de un canon con la compra de las semillas simplifica la intención de Syngenta, Don Mario, Nidera, Dow, Bayer Monsanto, Bioceres o BASF de obtener ganancias siempre a partir de la resiembra. 
“Las empresas utilizan un discurso que confunde. Acusan al uso propio de provocar la ‘bolsa blanca’, esto es, un mercado de semillas que las compañías considera ilegal. Pero la ‘bolsa blanca’ es generada por quienes venden esas semillas sin pasar por el registro de Instituto Nacional de Semillas (INASE) y no por los agricultores que llevan a cabo la resiembra”, afirmó.
La experta comentó que, si bien todavía restan conocer los detalles de la medida, el cambio que se evalúa ahora va en sintonía con las modificaciones a la ley de semillas promovidas durante el macrismo. Durante ese mandato, la Comisión de Agricultura controlada por Cambiemos y sus aliados (la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica ARI) logró llevar al Congreso un proyecto que promovía la reducción del uso propio. La iniciativa no prosperó por la falta de acuerdos contundentes con la oposición.
“En ese momento no pudieron modificar la ley y ahora tampoco. Entonces, vuelven sobre el uso propio y las regalías extendidas porque es un punto crítico y el de mayor interés para las empresas. De ahí, también, la decisión de establecer el cambio a través de un decreto. Si se avanza en la dirección que pretenden las multinacionales todo el modelo agrícola se verá afectado”, concluyó.
El Gobierno, otro más, a un paso de sepultar derechos fundamentales a cambio de promesas financieras. Alentar el engorde extra de la billetera transgénica por decreto. En la vereda de enfrente, una abollada soberanía alimentaria que va camino a recibir un nuevo golpe. Para beneplácito de los CEOs de esas mismas empresas que nos metieron en esta instancia casi irreversible de colapso ambiental. Dueños auténticos de la política local, aunque por ahora eludan ejercer oficialmente cualquier cargo.

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