Ayer la noticia del asesinato de Facundo Molares nos quebró adentro. La Policía de la Ciudad, con la orden de reprimir, y con la saña que los caracteriza, le arrebató la vida a un laburante y militante social, ante la mirada de todxs, a plena luz del día, y con la impunidad que les otorga esa misma chapa y uniforme con el que se escudan.
En los 40 años de democracia ininterrumpidos la violencia estatal no cesa. En marzo de este año, un informe de Correpi marcó el número de 8.701 personas asesinadas por uniformados, en su mayoría de sectores vulnerables, pobres, morochos, villeros. La clase trabajadora apuntada por uniformados de cualquier esquina y región, de cualquier destacamento y patrulla, pero con el mismo odio, desprecio y violencia. A dos días de las PASO, una nueva víctima a manos de la policía, que además desde el mismo sector que fomentan los palos, gases y balas contra el pueblo, sostienen que Facundo falleció por un paro cardíaco y que “la represión no tuvo nada que ver”. El mismo discurso que sostuvieron para “afirmar” que Santiago Maldonado murió ahogado en medio metro de agua por no saber nadar. Y que luego de la desaparición de su cuerpo, armaron un circo para defenestrar a la víctima, a su familia y a la militancia que salió a pedir por su aparición. La gendarmería protegida por el poder del turno, con Macri y Bullrich a la cabeza, y por los mismos medios hegemónicos que demonizaban al pibe. Y cuando “largaron” el cuerpo de Santiago, el mismo día que su familia lo velaba, fusilaron por la espalda a Rafael Nahuel.
Las víctimas aumentan a diario. Y en los últimos dos años, más de 600 vidas fueron arrebatadas. Sin embargo en la agenda mediática estos datos pasan de largo, y lo mismo sucede en las propuestas de los candidatos de cara a las próximas elecciones, de hecho, en la mayoría de los sectores se fomenta “el orden” y “la lucha contra la inseguridad”, sin poner sobre la mesa el rol de las fuerzas de seguridad, y muchos menos esta problemática.
El gatillo fácil, la violencia policial, estatal e institucional, los abusos de poder, son una de las grandes deudas de la democracia.
El 31 de enero de 2009 fue sábado. Mónica Alegre, se levantó temprano y no encontró a su hijo, que la noche anterior se había quedado hasta tarde con sus amigos a metros de su casa. En esa madrugada, mientras Mónica y los hermanos menores de Luciano Arruga dormían, un grupo de policías de Lomas del Mirador lo detuvo. Ya reducido y llevado al destacamento, lo golpearon y lo desaparecieron. De inmediato comenzó la búsqueda de la familia y amigos por comisarías y hospitales. Presentaron un hábeas corpus pero fue rechazado. El cuerpo de Luciano apareció en 2014 enterrado como NN en un cementerio. La policía bonaerense hizo desaparecer y asesinó a un pibe de 15 años por negarse a robar para ellos.
El domingo 16 de abril de 2023, Mauricio Castillo -albañil-, cambiaba tranquilo cuando fue interceptado por la policía bonaerense. Tenía 41 años, y “apareció” ahorcado dentro de un calabozo de la distrital N°2 de La Matanza, luego de que por un “error” lo detuvieran en la vía pública, lo molieran a golpes y lo llevaran detenido a la comisaría que de prontuarios, abusos y sangre, conoce y mucho. Esa comisaría es parte de la dependencia en la que se llevaron detenido para luego desaparecer a Luciano Arruga, y la misma en la que durante el terrorismo de Estado se torturó y desaparecieron a compañeros y compañeras.
En Neuquén hace unos días asesinaron en plena calle a Oscar Costich. Lo levantaron de la calle, se violentaron contra él, lo arrastraron con la patrulla, lo llevaron al hospital y sostuvieron que murió allí, cuando en el Hospital afirman que el pibe llegó muerto. A la familia, le comunicaron el deceso de Oscar, un día después.
Sebastián Bordón, asesinado por la policía mendocina en el 97 en un viaje de egresados, Lautaro Bugatto -una promesa de Banfield- fusilado en la puerta de su casa en 2012 cuando abría la puerta del auto para salir, Lucas González -jugador de Barracas- hace dos años con el agravante de dispararle “por negro” cuando volvía de entrenar. Alejandro Martínez, en noviembre del 2021, en la comisaría de San Clemente. Los pibes de la Masacre de Monte en 2019, Walter Bulacio en el 91 y Miguel Bru en el 93, Joaquín Paredes en Córdoba, y una lista interminable que traspasa los gobiernos de turno, y las cúpulas de las fuerzas de seguridad que mantienen los mismos métodos represivos.
Los abusos de poder, el hostigamiento en los barrios, las torturas en las comisarías, los “falsos” suicidios en los calabozos, las “armas plantadas”, las persecuciones ilegales, el hacinamiento y las violaciones dentro de las comisarías, el gatillo fácil en cualquier esquina, la violencia hacia pibes y pibas con visera y casaca de fútbol, son parte de un combo siniestro que pareciera estar invisibilizada, o al menos bien escondida.
¿De qué manera el domingo podemos hablar de democracia con casi 9 mil víctimas de la violencia estatal? Esta gran deuda no forma parte de las propuestas, del debate político, mediático y mucho menos en la misma calle. ¿En qué nos han convertido para que gran parte del pueblo naturalice los asesinatos de las fuerzas de seguridad y estos hechos nos pasen de largo?
