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30 años de impunidad: el caso de Walter Bulacio


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Por: Inés Mazzara 

Un día como hoy, hace 30 años atrás, fallecía Walter Bulacio, víctima de la impunidad y del abuso policial. Un pibe de 17 años que, junto con sus amigos del barrio, había viajado desde Aldo Bonzi hasta el Estadio Obras con la ilusión de ver un concierto de Los Redondos. 

Alrededor de las 21 horas del 19 de abril de 1991, mientras en el estadio sonaban los primeros acordes, afuera la policía estaba de caza. Bajo la orden de detener a 40 personas de forma arbitraria, las fuerzas policiales paraban pibes a fuerza de golpes y gases lacrimógenos. Así tuvo lugar una razzia que sumó más de 100 detenidos. En los libros de la comisaría constaban sólo 73, pero se sabe que fueron más.

Nazarerno, uno de sus amigos de Walter, raspó sobre la pared del calabozo “caímos por estar parados”. Una frase que hacía referencia a la arbitrariedad de la detención, pero que sintetizaba un clima de época: los “pararon” por estar estar desorganizados para pelear.

A pesar de que eran menores, los demoraron sin dar aviso al juez y , en muchos casos, a sus padres. Algunos de los pibes llegaron a estar más de 17 horas en la Comisaría N° 35 del barrio porteño de Nuñez. 

A Walter Bulacio lo golpearon brutalmente. Pasó la noche mareado, con convulsiones, dolores de cabeza y vómitos, indicios de un cuadro neurológico que se agravaba con cada minuto que pasaba. 

Alrededor de la madrugada, sus amigos empezaron a exigir que lo atendiera un médico. Pero tuvieron que pasar varias horas hasta que, a las 11 de la mañana, lo atendió una médica del Pirovano que ordenó su internación. En el hospital, Walter llegó a confesar que había sido la “yuta”. Seis días después, el 26 de abril, murió a raíz de un traumatismo en el cráneo.

Al calor del canto “yo sabía, yo sabía que a Walter lo mató la policía”, se fue gestando una organización juvenil. Así, el asesinato de Bulacio se transformó en una bandera de la lucha antirepresiva. En las calles, en las canchas, en los recitales y en los barrios, aún hoy, la memoria continúa viva y la resistencia contra los abusos policiales sigue pisando fuerte.

En diciembre de 2001, 10 años después, esta causa cobró importancia a nivel internacional: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) elaboró un informe que determinó la existencia de una violación de los derechos a la vida, a la integridad física y a la libertad de Walter, y al acceso a la justicia de sus familiares. 

Dos años más tarde, el 18 de septiembre de 2003, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) dictó sentencia: 

“La Corte considera probado que en la época de los hechos se llevaban a cabo en la Argentina prácticas policiales que incluían las denominadas razzias, detenciones por averiguaciones de identidad y detenciones por edictos contravencionales de policía.El Memorandum 40 facultaba a los policías para decidir si se notificaba o no al juez de menores respecto de los niños o adolescentes detenidos (supra 69.A.1).” 

“Las razzias son incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales, entre otros, de la presunción de inocencia, de la existencia de orden judicial para detener -salvo en hipótesis de flagrancia- y de la obligación de notificar a los encargados de los menores de edad.”.

Como parte central de la condena, la Corte IDH ordenó al estado argentino que adopte “las medidas legislativas y de cualquier otra índole que sean necesarias para adecuar el ordenamiento jurídico interno a las normas internacionales de derechos humanos, y darles plena efectividad, de acuerdo con el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (…)”. 

Eso implicaba instar a Argentina a que derogue las faltas y las contravenciones, la averiguación de antecedentes y todas las facultades para detener personas por fuera del orden judicial. 

La impunidad de ayer y hoy

“Al día de hoy, a pesar de las reiteradas intimaciones cursadas por la Corte IDH en el marco del proceso de supervisión del cumplimiento de la sentencia, los sucesivos gobiernos argentinos nunca cumplieron esa sentencia”, explicó María del Carmen Verdú, abogada de la causa y referente de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi). Y agregó: “al contrario, como lo padecemos a diario, el sistema de detenciones arbitrarias es renovado cada tanto con reformas legislativas o resoluciones judiciales que lo fortalecen y amplían en todo el país”.

Actualmente, el Estado sigue aplicando los mismos mecanismos represivos. Desde 1983, año en el que inició el archivo de la Correpi, al 2020 la cantidad de casos de represión policial que se contabiliza es de 7.587.

 “En Argentina existen, desde siempre, normas, y prácticas no normadas, que habilitan la detención de personas que no están acusadas de cometer un delito ni son requeridas por un juez, como la facultad para detener personas para ‘averiguar antecedentes’ o ‘para identificar’, las ‘faltas’ o ‘contravenciones’, las ‘razzias’, las detenciones de menores de edad. Son las más eficaces herramientas para el control y el disciplinamiento social”, explica Verdú.

Acorde con un informe de Correpi publicado el 18 de diciembre del 2020, más del 50% de las personas que mueren bajo custodia policial no estaban detenidas por orden judicial, sino que eran “demoradas” por averiguación de antecedentes, “contraventores” por faltas, contravenciones,  arrestadas en razzias u otros procedimientos masivos sin intervención previa  judicial.

El mismo texto da cuenta, además, que las muertes en manos del Estado, se dan en un porcentaje del 49,49 en comisarías o durante el momento de detención; y un 36,46% a raíz del gatillo fácil. En los últimos cinco años, esta última causa de asesinato le ha costado la vida a una persona cada 19 horas.

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