Sabemos que las minorías no tenemos los derechos asegurados. Lo vimos recientemente con la legalización del aborto y la marcha atrás de Estados Unidos. Lo vemos constantemente cuando no se respetan los derechos tanto en el espacio público como el privado. En 2019 ganamos el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, pero sabemos que tenemos que seguir atentxs para que se respete y se aplique de manera adecuada.
Con este propósito surgió el proyecto Mirar, una iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) junto a Ibis Reproductive Health, que tiene el objetivo de monitorear la implementación de la ley en nuestro país. Para esto, analizan datos oficiales y de organizaciones sociales de distintos puntos del país, así como las consultas realizadas a la línea gratuita y confidencial de salud sexual y reproductiva, del Ministerio de Salud de la Nación.
Por Florencia Da Silva
Con lo que sucedió en Estados Unidos este año se comprobó una vez más que no tenemos nuestros derechos asegurados. Por eso desde el feminismo se está tan atrás de que se cumpla la ley. El proyecto Mirar está alineado a esa primicia, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿de qué manera podemos usar esta herramienta para proteger nuestros derechos?
Contar con información actualizada y sistemática sobre la aplicación de la ley, que da cuenta de la implementación de la política pública de acceso al aborto seguro, es un insumo clave para orientar las decisiones de autoridades sanitarias del nivel nacional y local, para guiar las acciones de incidencia de las organizaciones comunitarias y para contribuir a sostener el tema del aborto en la agenda pública y de los medios de comunicación. A escala regional e internacional también resulta fundamental porque los movimientos de las mujeres y diversidades se encuentran cada vez más organizados para incidir y reclamar por el reconocimiento de sus derechos y porque la agenda del aborto debe ser siempre fortalecida pues las amenazas son múltiples. La reciente decisión de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, revocando el fallo Roe vs Wade de hace 50 años es una clara muestra de ello. Por ello, conocer y visibilizar lo que sucede en la Argentina puede contribuir a inspirar otros movimientos y mostrar que los avances en materia de acceso al derecho al aborto es una realidad en algunos lugares de la región de América Latina.
¿Qué conclusiones sacaron a partir del desarrollo de las investigaciones?
La implementación de la política pública de acceso al aborto que se deriva de la Ley 27.610 es desigual según los territorios del país, no solo por las condiciones materiales de desigualdad estructural que la Argentina tiene, sino también por efecto de las decisiones políticas que en cada jurisdicción se toman para apoyar con mayor o menor fuerza el cumplimiento de la Ley. Trabajamos con indicadores vinculados al entorno, los resultados, la oferta y la demanda y los analizamos y volcamos en una platadorma www.proyectomirar.org.ar concebida como un espacio de consulta para tomadores de decisión, organizaciones de la sociedad civil y los medios. En el primer año de vigencia de la ley se realizaron 64.164 IVE/ILE en el sistema público y se distribuyeron 74.071 tratamientos de misoprostol, comparados con los 18.590 distribuidos en 2020. También se identificaron 1327 servicios de salud que realizan abortos, un 46% más que en el año previo a la sanción de la ley. También registramos que el acceso al aborto es heterogéneo entre las provincias, ya que en algunas hay pocos servicios de salud que realizan muchas prácticas, y en otras hay múltiples servicios de salud que realizan un numero reducido de prácticas. La evolución en el primer año muestra una dirección apropiada y un impacto positivo, aunque todavía lejos de mostrar el pleno cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones y oportunidades en todo el país. El desafío de reducir la desigualdad en el acceso de los servicios de aborto y el de mejorar la calidad de la respuesta de los servicios de salud son los temas centrales de la agenda a futuro.
Aunque la interrupción voluntaria del embarazo sea legal en nuestro país, todavía hay personas encarceladas por abortar o realizar abortos; se persigue e incluso se han negado a realizar la practica. Además, existe una brecha enorme cuando lo comparamos entre provincias ¿Cuál es su análisis de esta situación?
Los cambios culturales son procesos complejos con ritmos que se aceleran y ralentizan permanentemente. Los movimientos de las mujeres y diversidades estuvieron a la vanguardia de la defensa de los derechos impulsando desde las calles y desde los diferentes ámbitos de discusión la garantía de un derecho como finalmente ampara la Ley 27.610. Sin embargo, la vigencia de una ley no significa en sí misma que los derechos sean respetados en las prácticas, hace falta que las instituciones y todas las instancias de toma de decisiones estén a la altura de ello. Hay alguna, como la Justicia, que muestra vestigios tradicionalistas o patriarcales que coartan el derecho a decidir de las personas, como las situaciones en las que quienes abortan son condenadas social o penalmente. Frente a ello, el monitoreo de la aplicación de la Ley es fundamental, una herramienta democrática para hacer valer los derechos.
¿Qué pudieron observar con respecto al cumplimiento del sector publico en el acceso al aborto seguro, legal y gratuito?
Un dato que nos interesó analizar es si se está respondiendo a las solicitudes de IVE/ILE de la forma que se necesita. Esto sería el desempeño de los servicios. Por el momento, lo que podemos ver es cuántas personas acceden y cuántos servicios de salud están con servicios disponibles en cada provincia. Lo primero que observamos es que las jurisdicciones están adaptando sus capacidades en el primer año de aplicación de la Ley 27.610, con realidades diferentes: algunas en las que el acceso a la interrupción del embarazo está concentrado en pocos servicios, por lo que la demanda es mucha, y otras provincias donde hay más opciones de acceso en distintos puntos de su territorio, independientemente de la cantidad de personas que viven allí (por esto estandarizamos cada 1000 mujeres en edad fértil). Cuando analizamos las cifras, encontramos que durante 2021 Neuquén fue la provincia donde más servicios de IVE/ILE por mujeres en edad fértil versus lo que ocurre en ciudad de Buenos Aires o Tucumán. Sin embargo, esas jurisdicciones resuelven (tasa de IVE ILE x 1000 mujeres en edad fértil) en una proporción importante.
No obstante, es importante destacar que aunque la garantía del derecho al aborto legal es responsabilidad del Estado, el acceso a la interrupción del embarazo no solo ocurre en servicios públicos sino en servicios de salud comunitaria e instituciones de seguridad social y privada.
