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Andalgalá no camina sola: Pérez Esquivel pide que se frene Agua Rica


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Por Valeria Foglia | @valeriafgl

Andalgalá era una ciudad tranquila, dice a Revista Sudestada Silvina Reguera, integrante de la Asamblea El Algarrobo desde su fundación. Pero la fisonomía de este territorio en el centro de Catamarca cambió: persecución, allanamientos, detenciones arbitrarias, militarización, amedrentamiento y una feroz campaña de demonización son parte del enrarecido paisaje. Aunque sus habitantes rechazan hace once años el proyecto Agua Rica de la minera canadiense Yamana Gold, ubicado sobre el cordón montañoso del Aconquija, desde diciembre el Poder Judicial, la empresa y el Gobierno provincial sumaron esfuerzos para imponer esta actividad contaminante y destructiva. El conflicto escaló en abril cuando empezaron a subir máquinas para operaciones de exploración.

En Catamarca saben bien que saqueo y contaminación del agua van de la mano, especialmente por las dos décadas de existencia de Minera Alumbrera y la “fiebre del litio” que secó y envenenó vegas y cursos de agua en la región del Salar del Hombre Muerto. A través de una carta, Adolfo Pérez Esquivel, Ana Almada, Cecilia Valerga y Elizabeth Quintero, presidente honorario y coordinadoras nacionales del Serpaj, advierten que la explotación del yacimiento Agua Rica podría contaminar el agua, el aire y el suelo, además de afectar la biodiversidad, el paisaje y la identidad cultural de los pueblos.

El premio nobel de la paz le pidió al gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, que suspenda la exploración del proyecto minero en cumplimiento de “las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos al ambiente” para la población de Andalgalá y todos los habitantes de la provincia. 

“Ni por todo el oro entrego la vida de mis hijos”, decía un cartel escrito a mano en la caminata 584 de este sábado. Lejos de ser una simple consigna, es precisamente el agua lo que está en juego en una provincia que declaró la emergencia hídrica en 2020. Señalan que con perforaciones y miles de metros más de huella minera podrían afectar la naciente del río Minas, uno de los que dan origen al río Andalgalá y provee de agua potable para consumo humano y agricultura (cultivo de nogal, membrillo y vid y producción de derivados como conservas vegetales, aceite de oliva y dulces). Pese a esto, Yamana Gold tiene autorización para consumir 7 300 000 litros de agua por año para “ablandar la tierra” que quiere perforar. Uno de los puntos está a setecientos metros del glaciar.

Imagen: Soledad Castro

El clima represivo recrudeció el lunes 12 de abril, cuando Policía y fuerzas especiales iniciaron una cacería que irrumpió y provocó destrozos en domicilios, llevándose detenidos a decenas de activistas, a quienes se acusó sin pruebas de prender fuego sedes de Agua Rica y el PJ tras la “caminata por la vida” número 583. Los vecinos denuncian que hubo infiltrados durante la protesta, que realizan cada sábado y en esa ocasión reunió a miles de personas.

“Los allanamientos fueron en su mayoría excesivamente violentos”, relata Ana Chayle, integrante de El Algarrobo, en diálogo con Revista Sudestada. Aunque los vecinos no se resistieron, hubo operativos con una veintena de policías del Grupo Especial Kuntur que portaban armas largas. “No somos delincuentes, narcotraficantes o tratantes de personas”, protesta Chayle, pareja de uno de los detenidos. “No esperaron a que les abran las puertas, no golpearon, sino que las patearon. En algunas casas literalmente rompieron las paredes, destrozaron muebles”.

En ciertos casos, dice la asambleísta, ni siquiera presentaron órdenes de allanamiento. La violencia policial se desplegó sin compasión ante la presencia de personas mayores, mujeres y niños. Y hay denuncias de que plantaron cartuchos. Para ella “hay una persecución ideológica muy clara: de una de las casas secuestraron un cartel que dice ‘Defendemos el agua’”. 

Tras allanamientos y detenciones ordenados por los fiscales Soledad Rodríguez -especialista en “contratos mineros”, según indica en LinkedIn- y Hugo Costilla, avalados por el juez Rodolfo Cecenarro -un viejo conocido para la Asamblea El Algarrobo-, en Andalgalá hubo un notorio despliegue de camiones del Ejército. Según el ministro de Defensa Agustín Rossi, los militares solo habían parado en la ciudad a “comprar agua y gaseosa”. Pero los asambleístas tienen una visión menos cándida de la presencia del Ejército: “Buscan  acallar las voces de una lucha incansable y justa. Con estas acciones solo demuestran que sin represión este modelo de muerte no cierra. Por lo tanto, ¡no tienen licencia social!”. 

Con el fallo de la Corte provincial en diciembre, que declaró la inconstitucionalidad de la Ordenanza 029/2016 que prohíbe la explotación minera en cualquiera de sus formas en la cuenca del río Andalgalá, la Asamblea El Algarrobo se había puesto en alerta y anticipado que “están provocando otro 15 de febrero”, en referencia a la feroz represión ordenada por Cecenarro en 2010. “Claramente los jueces provinciales y gobernantes nos odian”, expresaron por entonces. 

El fallo de la Corte fue un momento bisagra para Chayle. Si bien hace dos décadas que rechaza la megaminería y ya había acompañado las protestas de El Algarrobo, en diciembre pasado comenzó a militar activamente en la asamblea. “Fue un ultraje, una violación a nuestra autonomía municipal”, comenta.

Pero a fin de año llegó otra mala noticia para los andalgalenses: Yamana Gold se asoció con Minera Alumbrera para utilizar sus instalaciones -inactivas tras dos décadas de explotación-, rebautizando Agua Rica como proyecto MARA. A través de la Resolución 310/2020 el Ministerio de Minería de Catamarca autorizó once perforaciones y 2700 metros de nueva huella minera en zonas glaciares y periglaciales, en clara violación de la ley nacional que las protege. 

Con el Plan Estratégico de Desarrollo Minero del Gobierno nacional y los intentos en Mendoza y Chubut como antecedentes, el 22 de marzo -Día Mundial del Agua- los asambleístas de El Algarrobo comenzaron con bloqueos selectivos e informativos en los caminos a los distritos Choya y El Potrero, que continúan pese al agotamiento, las restricciones por la pandemia y el hostigamiento policial. A fines de marzo un proveedor minero llegó a embestir a los manifestantes en su afán de acceder a las instalaciones. Ante la denuncia, los efectivos policiales amedrentaron a los activistas diciéndoles que saben quiénes son y dónde viven. 

La criminalización es la evidencia más descarada de que la megaminería no tiene licencia social. Y es que el Aconquija es su “tanque de agua”: los medios de vida en Andalgalá están ligados a la conservación del cordón montañoso. Por eso el texto de Pérez Esquivel apela no solo al derecho a un ambiente sano, consagrado en la Constitución, sino también a la autodeterminación de los pueblos -que figura en pactos internacionales suscritos por Argentina- para decidir sobre modos de vida y economías regionales. 

Foto: Soledad Castro

Para el Serpaj es “preocupante” que el Gobierno de Jalil “desconozca sistemáticamente” informes técnicos de organismos oficiales como el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar), el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación y hasta las propias recomendaciones de técnicos del Ministerio de Minería de Catamarca, quienes detectaron la presencia de cuerpos de hielo protegidos por la ley. 

En una entrevista con Reynaldo Sietecase en Radio con Vos, el gobernador fustigó a quienes “atentan contra la propiedad privada” y defendió Agua Rica, al que definió como “un proyecto de miles de millones de dólares” con “efecto multiplicador” que debe hacerse “con consenso social, no con la agresión”.

Según Jalil, que designó a su hermano Fernando en Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio, su Gobierno es “muy estricto en el control”, aunque no supo qué contestar cuando le preguntaron si estaba garantizado que el proyecto minero, hoy en fase de exploración, no fuese contaminante. “Eso no lo puedo decir yo, tiene que pasar el ‘proceso de medioambiente’ (sic), tiene que haber audiencias públicas”, balbuceó.

Es difícil hablar de consenso y diálogo cuando hay más de una decena de defensores del agua detenidos. El Serpaj, que desde 2006 es parte del equipo legal que representa a los vecinos, informa que tres cumplen arresto domiciliario, mientras los ocho restantes siguen en la Comisaría Departamental. La Justicia tiene diez días para resolver si les dictan prisión preventiva o son liberados. 

¿Y quiénes son los detenidos? Nueve hombres y  dos mujeres sin antecedentes policiales. “No amerita que estén pasando tantos días privados de su libertad”, dice Chayle, quien enumera que se trata de jubilados, estudiantes, artistas, docentes, empleados públicos y privados. “Ciudadanos comunes que tienen como único nexo que son reconocidos por exponerse públicamente en contra del proyecto extractivo que quieren imponernos como único medio para el ‘progreso’”. Uno de ellos es Damián, su pareja, a quien no pudo ver porque según las autoridades no es “familiar directo”. Otro de los detenidos fue muy golpeado y se demoraron en atenderlo. 

“No existen pruebas, más que declaraciones imparciales de personas que apoyan el proyecto Agua Rica, trabajan en el mismo o tienen interés económico por que se lleve a cabo”, explica a Revista Sudestada el abogado Juan Figueroa, defensor de nueve de los detenidos e integrante de la comisión legal de El Algarrobo. El letrado destacó que de los allanamientos no ha surgido nada que pueda comprometer a los vecinos y anticipó el pedido de excarcelación de todos los detenidos y la recusación de la fiscal Rodríguez: “En su momento ella fue abogada de empleados de Agua Rica, viajó a Toronto en la comitiva con [la exgobernadora] Lucía Corpacci”.

Chayle habla de un “clima enrarecido” y una mezcla de sentimientos: “Hay incertidumbre porque sabemos que esta causa está operada desde las sombras, muy aceitadita, para desactivar nuestra lucha y amedrentarnos”. Además de las detenciones arbitrarias, también genera bronca que las máquinas de la minera ya estén perforando los cerros. 

Imagen: Asamblea El Algarrobo

Pero también hay cosas buenas, como la unidad entre vecinos y la solidaridad que reciben. “Hemos logrado romper el cerco mediático”, dice Chayle. Incluso llegaron a medios de Canadá, Italia y Alemania.

Aunque desde hace un tiempo vive en Buenos Aires, Reguera tiene a toda su familia en Andalgalá y sigue difundiendo la causa. Para ella, una de las peores consecuencias del conflicto es la fractura social que ha provocado en la comunidad. “Han puesto vecinos contra vecinos”, se lamenta, aunque reconoce que son más quienes apoyan la lucha porque saben que Agua Rica “es un proyecto inviable que nos va a destruir el pueblo”.

Reguera es consciente de que la militarización “ha metido miedo a la gente para que se quede en su casa”, pero sostiene con firmeza que “no nos van a vencer. Vamos a lograr hacer una nueva Andalgalá”. Mientras los vecinos protagonizaron la caminata número 584 en la ciudad, ella participó de la convocatoria en Plaza de Mayo por la libertad de los detenidos y el fin del proyecto MARA Agua Rica.

“Para nosotros es muy importante visibilizar que aquí no hay licencia social para la megaminería”, agrega Chayle, refiriéndose a las calles y las redes. “Estamos defendiendo el bien común que va a evitar otras pandemias: el agua. Todo el tiempo nos dicen ‘lávense las manos’”.

Además de Pérez Esquivel y el Serpaj, se han solidarizado Nora Cortiñas, Raly Barrionuevo, Ricardo Mollo, científicos del Conicet, asambleas por el agua de Chubut, comunidades originarias, pueblos fumigados de la Provincia de Buenos Aires, organizaciones socioambientales, sindicales y la izquierda. Hubo marchas y concentraciones en Belén y la capital catamarqueña, Chilecito (La Rioja), Mendoza y la Comarca Andina. 

El apoyo también llegó desde Canadá: la ONG Mining Watch envió una carta a la Cámara 2 de Apelaciones Civil, Comercial, Laboral y de Minas, que debe resolver sobre el amparo ambiental de Andalgalá en defensa del nevado del Aconquija. “Después de 20 años de experiencia podemos afirmar que no existen empresas canadienses responsables, ya que hay mucha documentación que demuestra cómo contaminan el medio ambiente y violan los derechos humanos de una manera sistemática”, afirman. 

“Andalgalá es un pueblo despierto, que resiste el embate minero. Y estamos de pie, más allá de que quieran atemorizarnos”, concluye Chayle.  

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