A pesar del rechazo popular y de que el proyecto aún requiere la aprobación en una segunda lectura por parte de la Legislatura, el Gobierno de la Ciudad avanza con el proyecto de privatizar Costa Salguero.
Por: Inés Mazzara (@inemazzara)
El gobierno de Rodríguez Larreta sigue avanzando con el proyecto privatizador que pretende transformar el predio de Costa Salguero en un complejo inmobiliario. Esta propuesta, que busca priorizar el negocio de unos pocos por sobre el bienestar del pueblo, fue ampliamente criticada y rechazada. Ese terreno, en el que el Gobierno de la Ciudad quiere edificar viviendas suntuosas, accesibles sólo al 5% de la población, es reivindicado como un bien común por la ciudadanía. Allí, les vecines de la Ciudad demandan la construcción de un parque público.
El Jefe de Gobierno porteño decidió prorrogar la concesión del complejo de Costa Salguero, que vencía en abril, y llamó a licitación para obras de infraestructura en torno a un proyecto inmobiliario. La decisión se dio a conocer a través de una resolución del Ministerio de Desarrollo Económico firmada con fecha 5 de febrero, pero que fue publicada recién el viernes 9 de este mes en el Boletín porteño. La concesión del predio, que está en manos de la empresa Telemetrix desde hace 30 años, fue prorrogada una parte hasta el 31 de julio y otra hasta el 31 de diciembre.
La zona en disputa es un sector muy importante de la Costanera Norte, delimitado por el Río de la Plata, el canal de desagüe Arroyo Ugarteche, la avenida Rafael Obligado y la avenida Presidente Ramón Castillo. Terreno que la ciudadanía reclama como bien público y quiere transformar en un parque de libre acceso.
El proceso de venta inició el 5 de diciembre de 2019 cuando se aprobó la ley 6.289 Costa Salguero-Punta Carrasco, de la mano de los legisladores de Evolución y del Pro. La misma autorizaba la venta bajo la condición de que se aprobara otra ley que otorgue capacidad constructiva al predio. Durante la sanción de esta ley, no se convocó a ninguna de las audiencias públicas que ordena la Constitución de la ciudad.
El gobierno de Larreta decidió entregar 17 hectáreas de la Costanera a la especulación inmobiliaria sin la convocatoria a ninguna instancia de participación ciudadana. “El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene una aversión por la democracia participativa”, denuncia Jonatan Baldiviezo, director del Observatorio del Derecho de la Ciudad.
Sin embargo, el pueblo no se quedó callado: este proyecto viene cosechando críticas desde su nacimiento, tanto por parte de dirigentes opositores, como de organizaciones vecinales y ambientales.
La inconstitucionalidad de un proyecto que aún no fue aprobado
Uno de los cuestionamientos más importantes tiene que ver con la inconstitucionalidad del proyecto de Costa Salguero, ya que “el artículo 8 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que los espacios que forman parte del contorno ribereño de la Ciudad son públicos y de libre acceso y circulación”, explica Jonatan Baldiviezo. Se trata de un mandato constitucional que deriva de tres décadas de lucha protagonizada por la ciudadanía que busca recuperar su cultura ribereña y disfrutar de la costanera sin restricciones privatistas.
“Este artículo fue incorporado en la Constitución de 1996 porque aún se tenía muy presente la privatización de la Costanera durante los primeros años de los 90. Se incluyó con el objetivo de que, una vez terminada la concesión, no se vuelva a privatizar. Implicó un nunca más ambiental contra las privatizaciones”, explica Baldiviezo
Además, el Plan Urbano Ambiental determina que se deben “destinar a uso público los predios del dominio estatal que se desafecten en las riberas” (art. 9 inciso 4). Por otro lado, el actual Código Urbanístico, aprobado en el 2018, establece que el predio de Costa Salguero, luego de finalizada la concesión en 2021, debe transformarse en un Parque Público Recreativo, Cultural y de Esparcimiento. Por lo tanto, Larreta necesita una nueva norma urbanística antes de empezar a construir.
Por otra parte, acorde a la normativa vigente, una vez que se conquista un derecho ambiental no se puede dar marcha atrás. Eso está contemplado en el principio de no regresividad, que tiene jerarquía internacional. “Si ya se había reconocido en la Constitución, en el código urbanístico, que ese espacio debía ser público, se tiene que respetar. Y si se retrocede, como en este caso, es una violación de un principio ambiental que tiene jerarquía internacional”, comenta Baldiviezo.
Otra crítica hace referencia a que el proyecto puesto en marcha, aún no fue aprobado en una segunda lectura en la Legislatura. “El llamado a licitación busca iniciar las obras de un proyecto ampliamente rechazado por la ciudadanía y que no ha finalizado su recorrido parlamentario. Además, se trata de una licitación que proyecta gastos en infraestructura por 1715 millones de pesos, en un contexto donde todos los recursos tienen que estar orientados hacia la gestión de la pandemia y sus consecuencias económicas”, explica el legislador Matías Barroetaveña.
Las consecuencias socio ambientales en beneficio de unos pocos de las que nadie habla
El gobierno de Rodriguez Larreta avanza con este proyecto, a pesar de no contar con el apoyo de la ciudadanía, ya que estos acuerdos inmobiliarios prometen sacar un gran rédito económico, explotando el espacio público. Es decir, unos pocos se llenan el bolsillo a costas de saquear al pueblo.
“Este proyecto forma parte de un plan sistemático que tiene el Gobierno porteño de cooptar las tierras públicas para impulsar proyectos inmobiliarios privados. En los últimos 12 años se privatizaron 473 hectáreas”, denuncia Nicolas Fiedotin, director de Fundación Metáfora. Además, expresó que en la ciudad que creció dándole la espalda al Río y en la que escasean los espacios verdes, se pretende continuar priorizando intereses que favorecen únicamente a los grandes desarrolladores inmobiliarios y seguir negociando con el bienestar socioambiental. En ese sentido, es importante mencionar que La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que las ciudades dispongan, como mínimo, un área verde de entre 10 m2 a 15 m2 por habitante, distribuidos proporcionalmente en relación a la densidad de población. Sin embargo, la Ciudad de Buenos Aires cuenta sólo con 6 m² por habitante y este proyecto aportaría a reducirlo.
“Los espacios verdes son recursos indispensables en zonas urbanas, ya que dentro de sus grandes beneficios vemos que contribuyen a la mitigación de contaminantes climáticos, moderan los extremos de temperatura, reducen el efecto de isla térmica y mejoran la calidad del clima urbano”, concluye Fiedotin.
Una iniciativa popular que busca transformar Costa Salguero en un parque público
Desde el Frente de Todos, en conjunto con vecines la ciudad, están impulsando un proyecto de ley, por iniciativa popular, que busca frenar la venta de tierras de Costa Salguero y convertirlas en un parque público. Para ello se han propuesto conseguir 40.000 firmas que estarán recolectando en distintos puntos de la Ciudad.
“Desde la oposición hemos presentado un proyecto para construir un parque público, tan necesario en una ciudad que tiene un déficit profundo en metros cuadrados de espacios verdes. Por el contrario, el proyecto del Ejecutivo no solo contempla continuar con la explotación privada del predio sino que busca incluso construir torres de lujo”, explica el legislador Matías Barroetaveña
