A través del decreto 883/2020, el gobierno autorizó el autocultivo de cannabis con fines medicinales y amplió su utilización para diversas patologías. Dentro de los puntos más importantes, la medida facilita e impulsa la investigación científica orientada a los posibles usos terapéuticos y apunta a que las obras sociales, el Estado y las prepagas garanticen el acceso. “Esta disposición viene a regular una situación antes ninguneada por el Estado”, planteó Pablo Pérez, director de proyectos de Mamá Cultiva, en diálogo con Sudestada.
Por Sofía D’Andrea y Dolores Martínez
A principios del 2016, las ex diputadas Diana Conti (Frente para la Victoria) y Gabriela Troiano (Partido Socialista) y la actual diputada Myriam Bregman (Partido de los Trabajadores Socialistas) presentaron un proyecto de ley para despenalizar el uso del cannabis para fines terapéuticos. Para 2017, cuando se promulgó la Ley 27.350 de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados, ya se había regulado la investigación médica y científica, pero Victoria Salech notó que no existía una agrupación que nucleara familias cultivadoras. Madre de un niño que padece epilepsia refractaria y utiliza la terapia con cannabis para su tratamiento, creó la organización Mamá Cultiva Argentina. Desde entonces, empezó a militar la legalización de la planta para salir del marco de ilegalidad en el que vivían.
¿Cuáles son los puntos clave?
Uno de los puntos más esperados del decreto implementado esta semana es el que reconoce la existencia de las familias y de las agrupaciones sociales que abordan la temática cannabis. Pablo Pérez, director de proyectos de Mamá Cultiva, sostiene que el artículo 8 es el más importante porque crea un registro dentro del Ministerio de Salud para que los hogares que cultivan se puedan registrar y no sean criminalizados. En diálogo con Sudestada, recordó que cuando se sancionó la ley, hace tres años, no había desde dónde acceder a la planta y las asociaciones tuvieron que formarse para poder resolver el acceso a la misma para los hogares. “El nuevo decreto presidencial viene a regular esta situación, antes ninguneada por el Estado”, festejó.
Además, se reglamentará la instrucción para profesionales de la salud. Para Pérez, esta capacitación es importante porque, si no se hiciera, no todes les médiques estarían dispuestes a prescribir el cannabis, ya sea por desinformación o por convicciones propias. “Este decreto nos va a permitir sacar la criminalidad del acto y que el médico entienda que tiene que responder desde el conocimiento, siendo que ahora está muy familiarizado con el preconcepto o prejuicio”, aportó el doctor Marcelo Morante, coordinador del Programa Nacional de Investigación sobre los Usos Medicinales del Cannabis del Ministerio de Salud de la Nación, en la II Jornada Universitaria sobre Políticas de Drogas y Cannabis de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ).
Con la disposición del 2017, les úniques que podían acceder a la terapia eran quienes padecieran de epilepsia refractaria. Como confirmó Pérez, esto no representa ni el 7 por ciento sobre el total de personas que utilizan cannabis con fines medicinales. Según explicó, en el mundo existen más de 40 patologías que podrían ser tratadas de esta manera. En cuanto a la economía de les usuaries, Luis Osler, fundador del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica y creador de la revista THC, aclaró a Sudestada que la apertura de los modos de acceso facilitará el panorama. “Hasta que se logre una producción nacional, tenemos la vía del autocultivo en sus tres formas: el cultivo propio, el cultivo solidario y el cultivo en red. Eso va a abaratar muchísimo los costos del aceite, sobre todo si lo hace uno mismo, a través de una agrupación o si tiene un cultivador solidario”, detalló el abogado penalista.
Para la ONG, este es sólo un primer paso dentro de la lucha por una ley integral de cannabis medicinal que abarque todos sus aspectos. En ese sentido, Pablo Pérez planteó que si pensara en todos los recovecos de la industria, Argentina podría llegar a ser una vanguardia del mundo entero. También sostuvo que es fundamental ahondar en la industria misma; es decir, en todas las aristas de la comercialización, la producción y el cultivo en red.
Una lucha encabezada por mamá
Mamá Cultiva funciona con el aporte de la comunidad, es decir, de personas que se suscriben por una cuota mensual en la que cada uno decide su monto a cambio de algunos beneficios. Además, ofrecen distintos espacios de acompañamiento, como cursos de capacitación para profesionales de la salud, sociales y humanidades y talleres de autocultivo donde ven nociones de soberanía sanitaria y autonomía, entre otros. La organización no gubernamental cuenta con más de 40 voluntarios de múltiples áreas: psicólogues, padres, madres, médiques, cultivadores. “Cuando llegan, dejan un poco el rol que tienen preasignado y se desarrollan como parte de un todo, acompañando a las familias que necesitan cultivar para las terapias”, explicó Pérez.
Aunque la pandemia les obligó a trasladar sus cursos y talleres a la virtualidad, también les permitió federalizar el acompañamiento. Sobre este punto, el director de proyectos de la ONG afirmó a Sudestada: “En realidad, la cuarentena terminó siendo positiva porque antes nos limitábamos al Área Metropolitana de Buenos Aires. Ahora podemos entrar a otras casas y ver las plantas en el momento”. La semana pasada, la agrupación logró sumar al grupo número 20, acumulando un total de alrededor de 400 familias que ya pudieron pasar por su espacio.
Las consecuencias de la ilegalidad
Para que este derecho fuera aceptado, la sociedad tuvo que superar una serie de trabas y prejuicios. Para Pérez, hasta el año 2016 todavía existían muchos prejuicios hacia la planta. Hoy en día, la opinión pública sabe mucho más sobre el cannabis medicinal, pero hasta el momento no sirvió para frenar la criminalización a quienes cultivan. “En la organización no hubo casos de persecución por nuestra visibilidad, pero eso no quita que el país entero esté en esa situación”, planteó.
Ciertas medidas tomadas por las fuerzas de seguridad le dan más credibilidad a la teoría de un posible vínculo con el mercado negro. “Hace un par de meses hubo un allanamiento en un pueblo de Misiones. Una familia cultivaba para un integrante con una patología y otras 300 familias del lugar. Entraron y se llevaron todos los goteros que había, interrumpiendo el tratamiento de un montón de gente. La lógica a la que responden es al prohibicionismo”, concluyó el director de proyectos de Mamá Cultiva.
En relación a esto, Luis Osler explicó que actualmente hay personas detenidas por autocultivo, en su mayoría cultivadores solidarios, con quienes considera que su recurso de defensa va a operar rápidamente. “Ahora habrá discusiones en el fuero judicial donde los abogados vamos a plantear que la conducta por las cuales se está imputando a nuestros defendidos pasa a ser legítima con el artículo 5 de la ley de cannabis medicinal”, aseguró.
Las consecuencias de la ilegalidad del medicamento, además de la represión policial, conllevan la imposibilidad de resolver cuestiones de salud. “La falta de regulación enviaba a las familias al mercado clandestino, donde podían llegar a conseguir cualquier cosa”, analizó Pérez. Al respecto, Morante planteó que el cannabis medicinal es un escenario de la ciencia, de lo nuevo, del desarrollo productivo, de inversiones, de la participación de muchos actores y el actor que menos debería participar de todo esto es el Ministerio de Seguridad.
En primera persona
Tamara Zabala, joven cordobesa, contó que empezó a utilizar aceite de cannabis para paliar la depresión y la ansiedad. Durante dos semanas, el Hospital de Río Cuarto no tuvo medicación para prescribirle, y como no podía estar sin un tratamiento, empezó a leer páginas para informarse sobre cannabis. Además, tenía conocidos que le recomendaron este tipo de terapia. “Como no lo podía comprar, una amiga me dio un goterito”, recordó en diálogo con Sudestada. A partir de esta primera experiencia, notó que sus ataques empezaron a reducirse y se empezó a sentir más activa. “Ahora estoy tomando medicamentos, pero los acompaño con el aceite para calmar un poco los efectos secundarios que tienen, como náuseas y el temblequeo de manos”, detalló.
Después de comprobar su efectividad, se lo hizo probar a su madre, que sufre de presión alta, y a su sobrino de 14 años, que suele tener ataques de pánico, y también les funcionó. “Estaría bueno que se vendiera a un precio accesible o que se ofreciera en los hospitales, para que pudiera estar disponible para todes”, argumentó. El nuevo decreto abrió así la puerta para separar de la actividad ilegal a una terapia de la que dependen muchas personas con diferentes patologías. La lucha por una mejor calidad de vida a través del cannabis medicinal marcó un primer paso, pero no el último. “La cuestión medicinal no podía esperar ni un segundo más”, concluyó Pérez.
