Marilú Robledo fue asesinada delante de sus hijos de seis puñaladas por su ex pareja, el hombre al que había denunciado 24 veces por violencia de género, que rompió por enésima vez la perimetral, y apuñaló a Marilú y a su novio, Lucas, un joven de 24 años, no vidente, que dormía a su lado, y que ahora se encuentra en estado crítico, después de haber recibido golpes y cuchillazos por parte del femicida Héctor Gutiérrez.
Por Cecilia Solá
Al momento del femicidio, Gutiérrez estaba cumpliendo una condena de dos años en suspenso, producto de un juicio abreviado, y Marilú había vuelto a denunciar que seguía violando las medidas de protección, que seguía amenazándola, ingresando a la vivienda para romperle las pocas pertenencias que habían sobrevivido a sus violencias anteriores, incluso que le había destrozado el botón antipánico que le habían otorgado en el 2020.
No había modo de que Héctor Gutiérrez no fuera considerado peligroso.
No había modo, ni razón ni lógica para que la Justicia archivara 13 de las 24 denuncias. Ayer el hermano de Marilú, acompañado por Magdalena Corvalán, referente del Colectivo Ni Una Menos Resistencia, presentó ante el Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco un pedido de Jury, para determinar las responsabilidades en la veintena de denuncias por violencia de género realizadas por Marilú antes de ser asesinada.
El Estado responsable deja de ser un ente fantasmagórico e impersonal para adquirir nombre y rostro, ya que la presentación apunta a los fiscales Elio Valdivia y Francisco De Obaldía Eyseric; la fiscal de la MUIT, María Laura Vancorbeil; la jueza correccional Silvana Morando y los jueces de Ejecución Penal que intervinieron en el caso.
Si la decisión política del Estado es evitar femicidios, resulta necesario que los funcionarios y funcionarias comprendan que sus acciones y omisiones tienen consecuencias sobre nuestras vidas. Y responsabilidad en nuestras muertes.
