El macrismo y otro golpe a la escuela pública

El Ministerio de Educación porteño, a cargo de Soledad Acuña, intervino la cooperadora de la Escuela N° 4 D.E 16 Coronel Álvarez Thomas con la excusa de que existe un incumplimiento sistemático de las normas contables. Lxs familiares de la escuela denuncian que este avasallamiento es una venganza política. 

Por Revista Sudestada
Fotos Cooperadora Escuela Álvarez Thomas

Por medio de una nota escaneada y pegada en un mail, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires informó a las familias de la Escuela N° 4 D.E 16 Coronel Álvarez Thomas que intervinieron la Asociación Cooperadora de la escuela por “irregularidades”. Del texto surge con claridad el apartamiento total de la comunidad que, sin participación alguna en las decisiones, será simplemente anoticiada de cualquier modificación que la nueva administración resuelva. “Parece no tenerse en cuenta que la cooperadora no es sólo su comisión directiva, sino que también sus socios tenemos derecho a participar, a saber y a votar”, denuncian lxs familiares a través de un comunicado.

Según cuenta el vicepresidente de la comisión directiva Germán Hilpert, antes de la intervención, la situación de la cooperadora era de absoluta normalidad. “Tenemos superávit en todas las operaciones. Ante la pandemia, tuvimos que salir a asistir a las familias que estaban en riesgo. Pudimos entregar más de 600 bolsones. De ese total, el GCBA nos paga becas por menos de 500; el resto fue solventado con fondos propios de la cooperadora. Además, creamos las copebolsas, un adicional que varía entre verduras, frutas, productos orgánicos, elementos de perfumería e higiene. El próximo proyecto a encarar era la creación de un gimnasio dado que la escuela no tiene espacio para educación física”, explica.

La venganza de Larreta

Desde hace años, la cooperadora está a cargo del comedor y de un natatorio propio. Sin embargo, el GCBA logró que la gestión de la pileta sea compartida, y las familias denuncian que “tienen una clara intención de quedársela y de hacer con alguno de sus concesionarios amigos un negocio con la alimentación de nuestros hijos”. Hilpert explica que la intervención fue una decisión absolutamente a discreción de la ministra Soledad Acuña por orden del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y que como las cooperadoras están auditadas por la Dirección General de Auditorías, no es posible enviar una auditoría por fuera de ese marco. Sin embargo, la ministra lo hizo por intermedio de su auditor interno.

“Esa arbitrariedad echa por tierra cualquier validez de los supuestos motivos que están esgrimiendo. Es la revancha por el resultado del fallo favorable a la restitución de los niños del jardín a la pileta. No nos cabe ninguna duda de que el verdadero motivo económico de la intervención es la suma de dinero que la cooperadora acumuló después de muchos años de gestión. El segundo motivo es hacerse del comedor para entregarlo a concesionarios amigos de empresas lamentables de manera fraudulenta y corrupta”, detalla.

A lo largo de este proceso, la cooperadora no tuvo ningún contacto de Soledad Acuña ni de ninguno de sus otros funcionarios. “Esta es una medida extrema y la única explicación que se nos ocurre es que quieren poner trabas a las comunidades que se organizan. Quieren amedrentar”, agrega Pablo Cesaroni, integrante de Cooperadores en Movimiento y de la Multisectorial por la Escuela Pública. “Esto va más allá de las cooperadoras sino que tiene que ver con una situación más general por parte del Ministerio de Educación, como la falta de diálogo, las dificultades en la entrega de computadoras, la falta de conectividad y la intención de querer avanzar independientemente de la voluntad de la comunidad educativa”. 

Educar es combatir

A raíz de este amedrentamiento, muchas familias que integran la comunidad educativa salieron a respaldar el accionar de la Comisión Directiva de la cooperadora. En el comunicado, argumentan que esto se debe a que la han visto crecer y prosperar “gracias al trabajo incansable de sus integrantes y a una administración eficiente y transparente de los fondos que entre todos aportamos”. Además, explican que ellxs también tienen derecho a estar informados y a formar parte de la toma de decisiones. Esto les corresponde no solo por ejercicio, sino también por ley, ya que tanto la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires como la normativa específica que regula el funcionamiento de las Cooperadoras Escolares (a nivel nacional y de la Ciudad) así lo garantizan.

“Cuestionar a una cooperadora por juntar fondos y utilizarlos en beneficio de sus alumnos muestra un poco lo que es el Gobierno de la Ciudad y lo que le importa la escuela pública”, sostiene Cesaroni, y hace un llamado a la acción en pos de defender nuestros derechos. “Acá todos los que defendemos la escuela pública tenemos que ponerle un freno a este nuevo atropello del gobierno. Rechazamos la intervención y apoyamos a la cooperadora de la escuela”, concluye.

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