A espaldas de la ciudadanía, el sector político de Río Negro aprobó una modificación legal que habilita el desarrollo de un mega puerto para YPF que afectará un espacio ambiental clave en la Patagonia. Peligran al menos cuatro áreas naturales protegidas y un parque nacional. El cuento del progreso extractivista para justificar el peor de los saqueos.
Por Patricio Eleisegui
Se votó a puerta cerrada. A contramano de acuerdos internacionales que el Estado viene de ratificar. En oposición a leyes locales que acumulan más de dos décadas de establecer exactamente lo contrario. A escasos meses de la aprobación, por parte de los mismos actores que ahora respaldan el desastre por venir, de un parque nacional en la zona que se destinará al sacrificio. En actitud de desprecio de la voluntad popular, que lleva casi 30 años defendiendo un territorio que respira vida y promueve una economía lejana del exterminio ambiental.
De esa forma podría resumirse lo ocurrido el 9 de septiembre pasado, cuando las y los legisladores de Río Negro votaron una modificación de la ley provincial 3308 que protegía al Golfo San Matías de la contaminación con hidrocarburos. Pero hay más, mucho más.
La elección de esa zona de la Patagonia como territorio a destruir se inscribe dentro de la estrategia del Estado en cualquiera de sus formas de hacer del extractivismo el único modelo económico a defender y continuar. El Golfo San Matías representa uno de los últimos puntos del mapa argentino que aún no ha sido víctima del saqueo indiscriminado para engorde la caja política.
Pero los nubarrones comenzaron a ganar cuerpo a partir de la renovada apuesta por Vaca Muerta de la que viene haciendo gala la gestión que encabeza Alberto Fernández, una contundente profundización del esquema que fue estandarte del macrismo.
Y, también, luego de conocerse la intención oficial de habilitar la instalación de complejos para la generación del hidrógeno verde que requieren las naciones del llamado Primer Mundo en su transición energética. Nuestra transición, como es tristemente habitual, tendrá que seguir esperando.
Por estas semanas, la intención del Gobierno es entregarle a YPF otra salida al mar con la perspectiva de colocar en el exterior aquello que se extraiga en la cuenca de los no convencionales neuquina.
El proyecto contempla, además de la construcción de un mega puerto petrolero muy cerca de Sierra Grande, la instalación de un oleoducto de más de 700 kilómetros de extensión que incluso atravesará el río Negro, curso de agua potable determinante para al aprovisionamiento de la provincia.
No es la primera vez que se intenta algo similar: hace casi 30 años, las comunidades costeras de Río Negro lograron frenar un emprendimiento de naturaleza gemela. La lucha dio origen a la ley 3308 que ahora la política provincial cambió con la idea de sepultarla para siempre. Comparto algunos detalles de la propuesta actual que motorizaría YPF:
El trazado establecido para el oleoducto:
La gestión provincial de Río Negro rápidamente salió a respaldar la modificación de la ley vía la voz de Arabela Carreras, actual gobernadora de ese territorio. “Teníamos una ley muy restrictiva para el transporte y la producción de hidrocarburos en la zona del Golfo San Matías, por eso se planteó la necesidad de un cambio de normativa”, declaró la funcionaria hace una semana.
Con vistas a disimular de alguna forma semejante atropello, Carreras usó la palabra “desarrollo” para referirse al devenir. “Desarrollo”, el término que predomina en el vademécum de herramientas y estrategias extractivistas al que vienen apelando los gobiernos domésticos de los años 90 para acá.
El desastre por venir
Desde la Mutisectorial Golfo San Matías se refirieron a los efectos negativos que provocará el proyecto.
“Sabemos que 6 kilómetros de ducto submarino y una monoboya en Punta Colorada para la carga de megabuques petroleros van a impactar en el ecosistema del Golfo: cerca del emplazamiento hay un sitio de cría y reproducción de la merluza (principal especie de la industria pesquera junto con el langostino). Además de afectar la ruta de la ballena franca austral, las corrientes marinas interconectadas con el golfo San José en Chubut ampliarían el impacto ambiental a Península Valdés, patrimonio mundial de la humanidad”, indicaron desde la organización vía un comunicado.
Fabricio Di Giacomo, uno de los referentes de la multisectorial, me explicó que fue al amparo de la 3308 que brotó la actividad turística en puntos como Las Grutas y, también, se respaldó una pesca tradicional que hoy es fundamental para el sostén económico de la región. Todo eso, remarcó, se encaminaría hacia una rápida extinción a partir del emprendimiento de YPF.
“La ley que se termina aprobando en 1999 tras la lucha entablada cuatro años antes se transformó en nuestro derecho ambiental más preciado. Ahora quieren instalar este proyecto en una zona donde contamos con cuatro áreas naturales protegidas y hasta un parque nacional, el Islote Lobos. Apenas si han pasado dos meses desde la creación de ese espacio y lo van a vulnerar con esta idea”, comentó.
“En principio tenemos los 700 kilómetros de destrozos que harán los caños del oleoducto atravesando la provincia y el río Negro. Desde el Observatorio Petrolero Sur nos acercaron información respecto de cómo en todo el mundo estos tendidos y las terminales de carga y descarga de hidrocarburos generan contaminación en algún momento. Estamos hablando de derrames probables que podrían a afectar a zonas como Las Grutas”, explicó.
Di Giacomo precisó que el puerto de hidrocarburos que se proyecta para YPF será el más grande en su tipo de América Latina.
“Insisten con los mismos argumentos de siempre: que el progreso y el desarrollo. Justamente Sierra Grande es un ejemplo de lo que generan las políticas extractivistas con una mina de hierro que fue pasando de mano en mano y dejó contaminación, pozos y casas abandonadas. Un lugar que llegó a tener 20.000 habitantes y luego quedó en 6.000. Donde muchas personas sufren hasta hoy problemas respiratorios y otros males por el polvo en suspensión que originó la mina”, expresó.
“Hablan de traer dólares, de mejorar de la vida de todos. Dicen eso mientras desde Vaca Muerta nos cuentan que las poblaciones a las que les prometieron gas, cloacas, calles nuevas, no tienen nada de eso. Pasaron quince años y la gente tiene que seguir yendo a comprar su garrafa para abastecer los hogares. Hablan de progreso cuando Las Grutas o San Antonio Oeste no necesitan para nada los hidrocarburos porque cuentan con el turismo y la pesca”, sostuvo.
La ilegalidad como práctica extractivista
Desde la Multisectorial Golfo San Matías indicaron que la modificación viola principios básicos de jurisprudencia ratificados por el país y asentados en el acuerdo regional de Escazú, el primer tratado ambiental de América Latina y el Caribe.
“El principio de no regresión dice que la normativa ambiental no puede alterarse para vulnerar derechos ambientales ya adquiridos. También se violenta el principio de progresividad de la Ley General del Ambiente, la cual establece que se debe ir hacia una mayor protección ambiental. Esto es, nunca retroceder”, expuso la organización.
Rafael Colombo, referente de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, me acercó comentarios al respecto.
“La reforma a la ley 3308 es inconstitucional por violar el principio de progresividad y no regresión en materia ambiental. Además, es cuestionable todo el procedimiento parlamentario, ajeno a los más básicos estándares democráticos y que van desde la falta de participación pública hasta la ausencia de consulta previa con científicos y organizaciones, además de que no hubo tratamiento en comisiones y el debate parlamentario directamente no existió al ser aprobado sobre tablas”, detalló el experto.
Colombo señaló que en las dos sesiones que se llevaron a cabo para abrochar la aprobación del cambio se impidió el ingreso a las y los vecinos de las poblaciones en torno al Golfo.
“Parece ser que los poderes ejecutivos y parlamentarios no han aprendido las lecciones de lo ocurrido en Mendoza o Chubut en los últimos años. Subestiman e insultan a la sociedad civil al llevar a cabo este tipo de maniobras repletas de secretos, sin transparencia alguna, casi a escondidas, reconociendo así, de forma indirecta, que la iniciativa promovida no cuenta con licencia social”, concluyó.
