Después del intento de magnicidio a la vicepresidenta de la nación Cristina Fernández de Kirchner, los medios hegemónicos tuvieron doce horas de reflexión y ni bien pudieron empezaron a reproducir los mismos discursos de siempre. La idea de calificar a Sabag Montiel como un loco suelto es parte de la cronología de un hecho construido desde hace mucho tiempo.
Por Celeste Almada
El jueves 1 de septiembre alrededor de las 21 horas, Fernando Andrés Sabag Montiel intentó matar sin ningún escrúpulo a Cristina Fernández de Kirchner en la puerta de su casa. Un arma de fuego a centímetros de la cara de la mujer que es la conductora indiscutida del peronismo, generó centenares de mensajes de repudios y una conmoción sin igual en todas la personas que veían las imágenes en los medios de comunicación como un loop del horror.
Este hecho no es algo que se fraguó dentro de la cabeza de “un loco suelto”, sino que tiene una estructura mucho más compleja, no sólo en la figura de Cristina sino también en la democracia y en el pueblo argentino.
La cronología es larga y profunda, el intennto de magnicidio se consuma en el marco de que el 22 de agosto el fiscal Dr Diego Luciani, acompañado de su par el fiscal Dr Sergio Mola de la causa judicial conocida como Causa Vialidad, en su alegato sostiene que Cristina Fernández de Kirchner es la jefa de una asociación ilícita cuando era presidenta de la nación y pide una condena de doce años de prisión, inhabilitación de por vida a cargos públicos, en términos menos jurídicos proscribirla, y un embargo de una suma de 5300 millones de pesos.
La sustentabilidad de los alegatos de Luciani son dentro de la índole del sentido común, como él mismo menciona, ya que incorpora pruebas que a la altura en que se encuentra el juicio no corresponden porque para ello hay instancias anteriores, pruebas que son chats entre José López y otros, pero que casualmente uno de esos otros era Nicolás Caputo, amigo fraterno de el ex presidente Mauricio Macri.
Hay que mencionar que la Unidad de Información Financiera (UIF) a cargo del Dr Leandro Ventura quien auditó las obras públicas cuestionadas y que se incorporó como querellante en la causa durante la gestión de Cambiemos, solicitó la absolución de la mayoría de los acusados porque no hay certeza suficiente para afirmar la existencia de sobreprecios y asociación ilícita en las supuestas irregularidades de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015.
La denuncia judicial de Vialidad tiene origen en el año 2008. La demanda es realizada por el espacio político Coalición Cívica- ARI, liderado por Elisa Carrió. Además de Carrió, los denunciantes que aparecen en el expediente son: Adrián Pérez, Héctor Flores, Elisa Carca, Patricia Bullrich, Fernanda Gil Lozano, Fernanda Reyes, Fernando Iglesias, Elsa Siria Quiroz, Susana García, Fernando Sánchez y Juan Carlos Roldán.
En abril del año 2016, el entonces director de la Dirección Nacional de Vialidad, Javier Iguacel, presentó una denuncia penal ante la justicia federal para que se investigara un presunto plan para que se le otorgue a una misma empresa casi la totalidad de las obras viales licitadas durante 12 años, precisamente entre la gestión de gobierno de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. El expediente cayó en el juzgado federal a cargo del juez Dr Julián Ercolini y se acumuló con otra causa de Carrió y compañía, que para ese entonces todxs pertenecían a la alianza gobernante de Cambiemos.
Lo casual de este entramado es que el juicio que se da en el Tribunal Oral Federal (TOF) Nº2 en Comodoro Py actualmente a cargo de los jueces Dr Jorge Gorini, Dr Rodrigo Giménez Uriburu y Dr Andrés Basso y comienza en el año 2019, año electoral donde se renovaban los cargos del poder ejecutivo y legislativo y en donde Mauricio Macri era el actual Presidente de la Nación, mucha casualidad para permitir que muchxs sean mal pensadxs y consideren que es una causa a favor de la derecha gobernante y por otra parte una herramienta política que busca la persecución y proscripción de líderes populares.
Los medios de comunicación como generadores de sentido
En este escenario hay más actores que completan la cronología, una parte importante son los medios de comunicación hegemónicos. ¿Por qué se los considera hegemónicos? porque son grupos mediáticos de gran alcance, tienen infinidades de medios que reproducen sentido en la misma línea editorial y su discurso es legitimado como una verdad absoluta por la sociedad.
En esta línea se pueden nombrar grupos mediáticos que conforman un entramado político, social y económico fuerte. Entre ellos el grupo Clarín encabezado por Héctor Magnetto, el grupo La Nación a cargo de una familia de linaje porteña histórica como son Los Mitre, herederos del ex presidente Bartolomé Mitre. Para sumar a esta lista de generadores de sentido también se debe nombrar a la Editorial Perfil cuyo CEO es Jorge Fontevecchia y el diario digital Infobae creado por el empresario de medios Daniel Haddad.
En el año 2019, el diario Tiempo Argentino y la Asociación Reporteros sin Fronteras realizaron un monitoreo de la propiedad de los medios de comunicación en Argentina que arrojó resultados para analizar el consumo de medios y noticias: el 95% de la población mira televisión y un 70% escucha radio, el 57% lee diarios asiduamente, ya sea en su versión en papel o digital. Infobae, es el portal de noticias más visitado, seguido por clarin.com y lanacion.com.ar-. Mientras que el diario Clarín lidera las ventas con tiradas de 206 mil ejemplares diarios, seguido por el periódico La Nación, con 103 mil.
El Grupo Clarín tiene medios por todo el país: cuatro de los seis principales sitios informativos con más visitas son : Clarín.com, TN.com.ar (del canal de cable Todo Noticias), Cien radios (red de radios online). Además de ser propietario del diario más vendido, las radios del grupo (FM 100 y Radio Mitre) son líderes en audiencia y El Trece, su canal de televisión abierta, está segundo en el rating. Posee dos de los diarios más importantes de las provincias de Córdoba y Mendoza (La voz del interior y Los Andes, respectivamente) más las infinitas repetidoras en todo el territorio nacional.
Desde la modificación de varios artículos de la Ley 26.522 de Servicios Audiovisuales, conocida como ley de medios, por decreto presidencial de Mauricio Macri en el año 2015, una de las primeras medidas de su gobierno, el Grupo Clarín es el accionista mayoritario de la empresa de telecomunicaciones Telecom y es el principal cableoperador del país.
Por otra parte, hay que mencionar que gracias a la derogación de algunos artículos importantes de la ley de medios, la editorial Perfil que aparte de su matutino, es dueño de la Revista Noticias y a su vez en el año 2018 crea el canal de televisión abierta Net Tv. Por su lado, el diario La Nación lanzó su canal de noticias en el año 2016 al que llamo La Nación+ y cuyo medio, según los dichos de una de las mayores accionistas del grupo mediático e hija del difunto director del diario Esmeralda Mitre, las acciones del canal serían propiedad del ex presidente Mauricio Macri.
Todo este torrente de información sirve para comprender cómo se construye la historia y que ningún medio de comunicación es inocente, ni mucho menos objetivo. Se debe tener en cuenta todos los factores que llevan al desenlace final, porque como se ve nada es casual ni azaroso, sino que es causal y tiene un propósito.
Lawfare: La persecución política sí será televisada.
En este sentido es momento de mencionar las acciones que conforman el lawfare -que en la traducción al español es guerra jurídica- que está conformado por un tribunal judicial sostenido por un discurso político y reproducido por los medios de comunicación. Son las causas armadas, a raíz de denuncias en su totalidad de corrupción que pueden devenir de informes periodísticos que son tomados como prueba para que las denuncias vengan como una continuación natural de algún dirigente político.
Algunos casos de lawfare en América Latina: Luiz Inácio Lula da Silva fue condenado a 9 años de prisión por la justicia brasileña encabezada por el juez Sergio Moro imputando al el ex presidente de Brasil, el delito de recibir retornos de una constructora a cambio de favores a su gobierno. Sergio Moro, terminó siendo ministro de justicia de Jair Bolsonaro. La prensa del mundo, encabezada por el medio carioca O Globo, daba por hecho que Lula era encarcelado por corrupción y así se decía abiertamente, sin presentar la más mínima duda. En el año 2020, es liberado porque las pruebas de Moro eran insuficientes para semejante culpabilidad.
En Ecuador, el expresidente Lenin Moreno inició una persecución personal contra el expresidente Rafael Correa quien había sido clave para su victoria electoral presidencial. Una condena decidida con anterioridad por los periodistas, centenares de tapas del diario ecuatoriano El Universo, también por el propio Lenin Moreno y su entorno, testigos que declaran a cambio de reducción de sus propias penas, ausencia de pruebas y, por supuesto, medios de comunicación dando bombo a cualquier caso nuevo abierto contra Correa. Le abrieron cuarenta procesos judiciales, y lo condenaron a 8 años de prisión e inhabilitación política. Lamentablemente por esta situación Rafael Correa tuvo que exiliarse a Bélgica, país que actualmente le otorga asilo político.
En el caso de Bolivia, Evo Morales ganó las elecciones presidenciales del año 2019, pero la derecha de ese país lo denunció por fraude ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) que casualmente tomaron dicha denuncia devenida por la oposición boliviana. A las tres semanas de violentas protestas a quién legítimamente era presidente lo hicieron renunciar y la persecución fue inmediata, ya que en las revueltas estaba involucrada también las fuerzas armadas y policía boliviana. El golpe de estado hacia Evo Morales era una realidad y en ese momento en el medio del caos se autoproclama como presidenta defacta Jeanine Áñez Chávez con una gran aceptación por Estados Unidos y toda la derecha latinoamericana. Un año después Luis Arce del riñón de Evo Morales ganó por amplia mayoría las elecciones presidenciales.
Entonces lo que ocurre en Argentina con Cristina Fernández de Kirchner, después de este bagaje de múltiples datos, no es algo casual sino causal. En los casos de lawfare los medios transforman a la comunicación como una herramienta de control. De alguna manera es una aguja hipodérmica que penetra en la primera capa de la piel para descargar una información que se naturaliza como una verdad. La teoría de la aguja hipodérmica es del politólogo, académico y sociólogo estadunidense Harold Lasswell que plantea la enajenación social que replica discursos sin tener una tensión crítica sobre los mismos. Un ejemplo más tangible es la famosa frase de “Lo escuche en la tele”, “lo leí en Twitter”, cómo una fuente super legitimada que echa por tierra cualquier duda. Sí ahí lo dice debe ser.
En este sentido los grupos de medios hegemónicos argentinos tienen un nado sincronizado con todos los espacios que manejan. En los diarios, en la tele, en la radio o en las redes sociales la causa vialidad es la causa de la corrupción K que tiene tres toneladas de pruebas, aunque jurídica y tangiblemente no sea así.
A esas reproducciones de discursos se suman intencionalidades concretas, que reproducen los medios pero que devienen de palabras que la oligarquía argentina históricamente lo tiene como caballitos de batallas para denostar a quien no es de su agrado. La palabra yegua, cómo le decían los grupos concentrados de poder a Eva Perón, la reproducen en la actualidad con Cristina. Esos discursos toman un sentido de violencia sin igual, porque el sentido termina siendo la eliminación del adversario.
Desde hace años la revista Noticias le dedicó infinitas tapas del semanario a la actual vicepresidenta. En diciembre del año 2010 pone en tapa una imagen de Cristina con la cara golpeada con el título “ El negocio de pegarle a Cristina”. El diario Clarín puso reiteradas veces caricaturas de Cristina con parches en la boca. En TV, editoriales sin ningún reparo hacia esta mujer, diciendo que “ella está loca y enferma y lxs que la siguen son una raza inferior que no tienen raciocinio alguno”, planteó más de una vez Baby Etchecopar en su programa en América 24. Programas enteros cómo el de Jorge Lanata en Canal Trece, mostrando cómo se habrían enterrado en el sur dos PBI, en un simulacro preparado para televisión aunque tangiblemente dentro de un marco judicial, no se puede comprobar ninguna de sus acusaciones que se vociferan como verdades delante de una cámara de TV. El discurso es siempre el mismo, hay que eliminarla a ella, a quien comulgue con sus ideas y su figura política.
Cuando el fiscal Dr Diego Luciani el 22 de agosto realizó el alegato contra Cristina Fernández de Kirchner, en ese mismo momento los canales de televisión a pantalla partida mostraban la imagen de la casa de la vicepresidenta. En el momento que culminó el alegato, un grupo de ciudadanxs opositores al gobierno nacional y proclamados como anti K se agolparon en la esquina de Juncal y Uruguay en el barrio porteño de Recoleta para insultar a CFK. Mientras eso sucedía, otro caudal de ciudadanxs se acercaron a defender de las calumnias que había recibido su jefa política, y en esa esquina la policía de la ciudad de Buenos Aires se pusieron entre los dos grupos y comenzaron a reprimir al grupo oficialista. Es que los ciudadanxs que gritaban chorra, eran “personas de bien”.
Después de esa noche, la liturgia peronista comenzaba con el cuidado de Cristina. Miles y miles de almas ante cualquier provocación del gobierno de la ciudad seguían estoicos cuidando a quien fue la primera presidenta electa y reelecta de la nación por voto popular en la historia argentina.
El intento de magnicidio a CFK, y un repudio a medias
El jueves 1 de septiembre era una noche más, en la que un sinfín de personas se acercaban a saludar y a estar con Cristina. En ese momento cerca de las 21 horas apareció entre la multitud Fernando Andrés Sabag Montiel empuñando un arma de fuego que gatilló sobre la cara de la vicepresidenta, pero como la bala no estaba en la recámara de la pistola no pudo culminar el hecho.
Luego de ese momento todos los medios de comunicación se hacían eco de lo sucedido, la consternación no se hizo esperar. En las redes sociales muchos opositores del gobierno nacional y sobre todo de Cristina Kirchner se solidarizaron con ella y repudiaron el hecho.
En la editorial de Baby Etchecopar, el periodista mencionó que tenía un programa entero para pegarle a Cristina, pero lo que había ocurrido era imposible y entre otras frases resaltó que por más que le costará reproducirlo esa noche “todos éramos Cristina”.
Cerca de la medianoche, parecía que habíamos entrado a otra parte de la historia, donde pensar distinto no tenía que ser eliminar al adversario. El Presidente de la Nación Alberto Fernández ante tan aberrante hecho de intento de magnicidio a una vicepresidenta en ejercicio dictó feriado nacional para el 2 de septiembre, para que todo el pueblo argentino se manifestará en las calles en defensa de la democracia y en repudio por lo sucedido.
En ese mismo instante la oposición y los medios comenzaron a reproducir los mismos discursos antes del atentado: Que no se podía perder un día de clases, que ellxs no generan el odio y que lo ocurrido con Sabag Montiel era un hecho aislado, dándole forma a la imagen de un “loco suelto”.
Con el devenir de los días, en algunos medios hegemónicos parecía que al final la culpa de que casi le quitaran la vida a Cristina era exclusivamente responsabilidad de ella. Instalaron el discurso de una posible puesta en escena, algunos directamente como en el caso de Jonathan Viale y Viviana Canosa, y otros muy por lo bajo como en el caso de Jorge Lanata y periodistas del canal TN. Ya con el paso de las horas y los días no sólo ella era culpable de todo, sino que tal vez era una operación de ella misma para victimizarse. Entonces los que repudiaron, ya no repudiaban tanto y el intento de magnicidio terminó siendo una herramienta para seguir descargando violencia política y mediática hacia la vicepresidenta.
El agresor fue encarcelado en el momento del hecho y mientras más avanza la causa, más pruebas hay de que no es un loco suelto y que su reproducción de odio en la búsqueda de eliminar a Cristina Fernández de Kirchner no es algo del azar.
No son locos, es una operación de odio organizado
En el momento del hecho Sabag Montiel no se encontraba solo, con él estaba su compañera Brenda Uriarte y al parecer Nicolás Gabriel Carrizo, amigo de la pareja y quién en teoría era el dueño de la venta de algodones de azúcar en los cuales empleaba a Uriarte.
Después del intento de magnicidio, Uriarte y Carrizo, con otro grupo de personas, dieron una entrevista al canal Telefé, donde su discurso era bastante incongruente. En las cámaras de TV se vé que Uriarte mentía en esa entrevista y queda detenida. Cuando se perita el celular de esta mujer comienza un entramado siniestro. Uriarte un mes antes del hecho le manifiesta a una amiga -Agustina Díaz, que ya se encuentra también detenida- que tenía la plata suficiente para matar a CFK, después irse del país y cambiar de identidad.
En el celular de Uriarte revela que ella es parte activa del espacio Revolución Federal, liderado por dos jóvenes llamados Leonardo Sosa y Jonathan Morel y que en su lista de seguidores en redes sociales se encontraban también perfiles libertarios, de ultraderecha como se puede nombrar también Nación de Despojados, cuyo líder de esa agrupación es Gastón Guerra.
En esta línea de investigación que lleva la justicia federal a cargo de la jueza la Dra. María Eugenia Capuchetti y el fiscal Dr. Carlos Rivolo se resaltan varios datos. Confirmaron que Uliarte compartía en sus redes los mensajes de odio de ambos grupos y que en ellos conoció a militantes libertarios de Javier Milei, como varios miembros de la llamada “banda de los copitos”.
El 18 de agosto se llevó a cabo la marcha de las antorchas, propuesta por el espacio Revolución Federal, en la que estuvo presente Brenda Uliarte. El 28 del mismo mes, Leonardo Sosa y Gastón Guerra se infiltraron entre las personas que le brindaban apoyo a Cristina Kirchner en la esquina de Juncal y Uruguay y publicaron una foto que parece haber sido tomada desde el departamento de la vecina de la vicepresidenta, Ximena De Tezanos Pinto. “Pensar que debajo de mis pies está la mafiosa más grande de la Nación Argentina”, publicó Guerra en sus redes sociales.
Mientras la Justicia intenta determinar si Sabag Montiel, Uliarte, Sosa, Guerra y el resto de los implicados mantuvieron contacto virtual o personal en los días antes del ataque, cuentan con pruebas de que De Tezanos Pinto colaboró con el grupo voluntaria o involuntariamente. Por el momento, la vecina de Cristina argumentó en varias entrevistas que Sosa y Guerra fueron invitados a su casa porque la abogada de uno de los jóvenes, Gladys Egui, le alquila una de las habitaciones de su departamento.
Ahora bien, ¿Por qué están en la mira de la justicia Sosa, Guerra y Morel? En el caso de este último, según sus dichos en una entrevista para Radio del Plata mencionó que es dueño de una carpintería y que realizó un trabajo para un fideicomiso para la obra de un hotel en la provincia de Neuquén. La cifra es millonaria, y ese fideicomiso estaba a nombre de los hermanos Caputo S.A. En este caso Luis Caputo, ex ministro de finanzas del gobierno de Mauricio Macri, primo de Nicolás.
Nicolás Gabriel Carrizo, dueño del negocio de los copos de azúcar, no aceptó a la defensa oficial y será representado por el abogado Dr. Gastón Marano, que también representa a Ramiro Marra, legislador porteño por la Libertad Avanza y mano derecha de Milei.
Lo casual de lo causal es un entramado siniestro que termina en los mismos de siempre. Cuando más se tira del ovillo los nombres se reproducen de manera sistemática como obviedades nefastas.
El amor vence al odio
Después de quince días de que sus actividades públicas estuvieran en pausa, Cristina Fernández de Kirchner reapareció el pasado jueves 15 de septiembre, en el Senado de la Nación en una reunión con curas villeros, entre otras personalidades cercanas a la iglesia católica. “Estoy viva por Dios y por la Virgen”, mencionó la vicepresidenta.
La cronología del intento de magnicidio es profunda y larga, de años de historia. Es una construcción violenta, machista, fascista y antidemocrática fogoneada por los medios de comunicación hegemónicos que se autoproclaman independientes pero que desde la reproducción de sus discursos de odio responden a fuertes intereses políticos y económicos.
Los medios de comunicación no deben ser una herramienta de control en los cuales puedan reproducir discursos de odio sin ningún reparo. Es necesario que se vuelva a poner en agenda la inmediatez de una Ley de Medios que regule, descentralice los monopolios mediáticos y que le devuelva al pueblo el derecho a la información para todxs.
