El 8M se hizo viral el relato de parto de una mujer y su posterior fallecimiento en un parto en casa. Un trágico hecho que nos encuentra preguntándonos por los imponderables, lo irreparable, los errores y omisiones absolutamente evitables.
Por Barbara Lorenzo
Más allá del caso puntual, al que no voy a referirme en honor al duelo y el dolor de una familia, esta situación no me deja al margen y me lleva a preguntarme por el verdadero acceso a la justicia en los casos puntuales de muerte materna en el marco de un nacimiento. La búsqueda de justicia es sin lugar a dudas un legítimo derecho, y tiene que ver no solo con que se tomen las medidas necesarias con quienes son responsables, sino también con la necesidad de encontrar las respuestas que permitan armar el rompecabezas de esa tragedia como un modo de reparación. Y también esa búsqueda de justicia suele estar guiada por la necesidad de que “no le pase a otra”. Pero esto que se lee simple y obvio no lo es, ya que las construcciones sociales y políticas en relación a los partos institucionales y los partos planificados en domicilio, y sobre todo a las mujeres que lo eligen, difieren diametralmente y permean todo el análisis. Y en esa medida obstruyen el verdadero acceso a justicia.
Por una parte, los partos planificados en domicilio se asocian a negligencia, improvisación e incorrecta práctica obstétrica. Mientras que los partos en institución se asocian a seguridad, riesgo 0 y ciencia. Esto se traduce en que automáticamente cuando sucede una muerte materna en un domicilio, la conclusión es: “se murió de parto en casa”, como si el escenario en sí mismo tuviera un efecto asesino. Mientras que cuando este evento sucede en una institución, la respuesta será: “hicimos todo lo que pudimos, son cosas que pasan”. En el primer caso, más allá de la culpa manifiesta que recae sobre quienes asistieron ese nacimiento, el subtexto es que la causa de la muerte es una mujer caprichosa e irresponsable y en el segundo una mujer que no colaboró y es dueña de una fisiología suicida. ¿Ser intrínsecamente culpada de tu propia muerte, ya sea por naif o por fallada es realmente obtener justicia?, ¿Qué se construya alrededor de tu memoria el relato de “pobre mujer débil que se dejó llenar la cabeza” o la señora que lo hizo todo difícil”, es justicia?
Las muertes maternas son un asunto muy serio y, por ello, merecen la evaluación minuciosa correspondiente para determinar realmente dónde estuvieron las acciones u omisiones que desencadenaron ese suceso. Y no solo en honor a la justicia y reparación que esa familia merece, sino para evitar que esos errores se sigan reproduciendo y generando más tragedias. Como medida de base es necesario realizar un análisis causa-raíz que permita determinar en qué parte de la continuidad de esa atención obstétrica se originó el problema, ya que el fallecimiento puede ocurrir en el parto o el posparto inmediato. Sin embargo, las acciones responsables de esta situación pueden estar en el seguimiento al embarazo, en análisis defectuosos, estudios realizados de manera incorrecta, etc. Este análisis busca la responsabilidad particular y colectiva y que la misma sea asumida. Además, se trata de poder identificar las soluciones oportunas para que no se siga reproduciendo la tragedia. De más está decir que esas soluciones jamás pueden poner en entredicho el ejercicio de la autonomía de las mujeres y/o el acceso a sus derechos.
¿Qué pasa entonces cuando ese análisis está teñido de los prejuicios instalados en relación a uno u otro escenario y la sentencia ya está dictada?, ¿Qué pasa cuando en realidad no se está buscando la causa sino tan solo siguiendo la condena social?, ¿Qué pasa cuando una tragedia es aprovechada para aleccionar y silenciar mujeres desde la premisa de: “si te pasa en tu casa es por negligente, si te pasa en institución es por fallada y no hacer caso”?, ¿Qué pasa en relación a la responsabilidad que le cabe a un sistema de salud expulsivo que mucha veces orilla a las mujeres a tomar decisiones, no desde la elección y la libertad, sino desde la no opción y el miedo a la vulneración?
Las causas evitables de morbimortalidad materna están asociadas a la precaria condición de vida y/o salud; a la inexperiencia o ineficacia de lxs profesionales de la medicina cuando es necesaria su intervención; a la incorrecta y/o inoportuna atención profesional; a la falta de acceso a los insumos correspondientes y a un seguimiento del embarazo escaso o precario que no permite realizar un adecuado tamizaje obstétrico. Y luego están por supuesto las tragedias, aquellos casos donde, aunque se actúa de manera oportuna y se toman todos los recaudos necesarios, el desenlace es completamente adverso.
Si podemos por un momento dejar de lado los prejuicios, los intereses y la condena social, queda en evidencia que estas causas pueden estar presentes en cualquier escenario donde suceda un nacimiento. Y que lo que debe analizarse son justamente estos factores para tomar las medidas necesarias en relación al caso puntual y a cualquier atención posterior de otras mujeres. ¿Tenemos dimensión real del peligro que implica que el error esté en el seguimiento del embarazo o algún estudio hecho incorrectamente, o en la atención de la emergencia por parte de los paramédicos y que desde la mirada ciega de los prejuicios se cargue toda la responsabilidad en “el parto en casa” o que directamente no se investigue nada porque fue en la institución? Los estudios y análisis seguirán siendo defectuosos, la inoperancia o ineficacia seguirá a sus anchas y nosotras seguiremos pagando con nuestros cuerpos y nuestras vidas la negativa del sistema a ir más allá de sus prejuicios.
No te morís de parto en casa como no te morís de institución. La mortalidad materna ocurre en el contexto de las prácticas u omisiones concretas de cada atención. Pero en este contexto, las mujeres quedamos absolutamente invisibilizadas y estamos desprotegidas, no solo en el acceso a la justicia que merecemos y merecen nuestras familias, sino también aquellas que por falta del análisis correspondiente seguiremos siendo expuestas a riesgos innecesarios.
Justicia por Yamila y justicia por todas nosotras es exigir que se realicen las investigaciones que corresponden, pero no desde la condena social y el prejuicio, sino desde la urgente y ética necesidad de determinar verdaderamente que pasó, quienes son responsables y de qué manera. No para engrosar la perversa campaña que pretende socavar nuestro derecho a elegir cómo, dónde y con quién parir, sino porque nuestras vidas cuentan y nuestras muertes son un asunto muy serio.
