Gas pimienta, palos y balas es la respuesta que el Estado ofrece frente a la necesidad habitacional que tienen numerosas familias en la provincia de Córdoba. Acompañada del armamento policial y con órdenes de allanamiento para reprimir a lxs sin techo, la pala mecánica no apagó sus motores y los desalojos continuaron todo el año en varias provincias argentinas.
Por: Melisa Cuitiño
Pese a que existe un decreto nacional que prohíbe desalojar, durante el aislamiento social preventivo y obligatorio, se acrecentó el número de operativos ilegales para desmantelar los terrenos ocupados, en su mayoría por mujeres y niños. El problema de acceso a la vivienda digna es un asunto que lleva décadas en el territorio nacional, la falta de soluciones estatales también. En medio de la pandemia y mientras el #QuedateEnCasa resonó a lo largo del año, las topadoras avanzaron a toda marcha en asentamientos poblados de vecines, que por la crisis económica en ascenso no tienen otra opción más que ocupar una porción de tierra para sobrevivir.
Paradójicamente, durante el contexto de la cuarentena cobró más importancia el uso del barbijo obligatorio que tener la posibilidad de acceso a un lugar donde vivir, como quedó demostrado en las imágenes de lo sucedido en Guernica, también en Entre Rios, Chubut, Rio Negro, Corrientes, Santiago del Estero,Tucumán, Salta y Córdoba. Como si el derecho humano a la vivienda no fuera legítimo, desde el poder político empresarial se criminaliza la toma de tierras y se defiende a ultranza la propiedad privada, avalado por numerosos medios y con amplio consenso social.
El negocio de la tierra como política de Estado
A la par del crecimiento de la industria sojera, y de la mano de un gobierno (Unión por Córdoba) que lleva 20 años en el poder con grandes inversiones en el sector inmobiliario, los contrastes de un sistema que empobrece y excluye, saltan a la vista. En la zona sur de Córdoba Capital, en barrio Ampliación Ferreyra y en Cabildo Anexo, los predios, que en su mayoría representan tierras deshabitadas y basurales, son tomados por sectores vulnerados que buscan cubrir la necesidad básica de tener un techo. Frente a la ausencia de políticas que garanticen el acceso a la vivienda, los desposeídos de todos sus bienes se ven obligados a usurpar terrenos en condiciones completamente precarias, y a sufrir las consecuencias de un modelo económico que legitima al sector empresarial y reprime al pobre que no puede pagar un alquiler. Entonces, ¿dónde habitar cuando no se tiene la posibilidad de pagar? En la mayoría de las tomas, los terrenos se encuentran abandonados, lo que significa una oportunidad para quienes buscan un cachito de tierra donde colocar sus cosas y ejercer el derecho de habitar. Pero la criminalización de ese derecho es avalada y sostenida por grupos económicos junto al total abandono del Estado.
De chapa, madera y nylon eran las casillas que fueron destruidas por la fuerza y el abuso de autoridad, como si el problema que escandalizara fuera la ocupación del suelo en sí misma más que la desigualdad social, la caída de los ingresos, la desocupación, la pobreza. Consultado por Sudestada, Andrés Demaría, abogado, militante e integrante de Encuentro de Organizaciones (EO) comenta que “la titularidad de la tierra corresponde, por un lado a supuestos dueños, sojeros, que se presentan en la mayoría de los casos con topadoras y policías para intimidar y reprimir a las familias, por el otro son tierras fiscales o de empresas que utilizan los terrenos para desechar residuos tóxicos”. Durante la cuarentena, más de 150 familias sufrieron represión con balas de goma y golpes, característica y modus operandi que la policía de Córdoba lleva como una marca registrada. El trabajo de Andrés junto a quienes integran EO, consiste en asesorar a las personas que son hostigadas constantemente en este conflicto de tierras. “Nosotros, desde EO acompañamos a las familias afectadas en estos operativos ilegales, consideramos que sin organización que integre a la comunidad, no hay salida”, dice Andrés. Además, cabe destacar el gran número de ocupantes son mujeres con hijos que no tienen a donde ir, y que huyendo de los contextos de violencia familiar, encuentran en estos predios un lugar para empezar de nuevo. Tarea para nada sencilla cuando la respuesta es la violencia sistemática, “buscamos dialogar con el gobierno y lograr políticas de acceso a la vivienda”, concluye el abogado.
De la quema al desalojo
En una provincia que batió el récord de incendios durante todo el 2020, la policía del gobernador Juan Schiaretti responde con golpes y balas de goma a les ciudadanes que no tienen a dónde ir. Con un plan económico amparado por el diseño de políticas separatistas, expulsivas y discriminatorias, con la idea de que la tierra es mercancía y nadie tiene derecho a ella si no la compra, el modelo agroexportador se sustenta en esta misma línea. “Nos tiraron gases, una desgracia”, dice Julieta Albornoz, educadora popular y colaboradora en EO, que al ser contactada por Sudestada relata que conoció a una vecina de barrio Cabildo y empezó a acompañar las tomas para difundir la situación de los desalojos. Ella es facilitadora barrial y tallerista de arte en los barrios; agrega que en cuarentena por un lado liberan, por el otro reprimen, a la vez que relata: “yo no tenía dimensión de lo que esto significaba, me acordé de Río Tercero y de la explosión de la fábrica militar, no tenía idea del polvorín y desconocía que había un arsenal de guerra, explotó, fue lo mismo y lo comparo con eso cuando escuché que los iban a desalojar”. Julieta entró en contacto con las familias y armó la comunicación para visibilizar la problemática: “esto nos dejó el neoliberalismo que arrasó con las tradiciones culturales del encuentro con otre y los rituales de la comunidad, hay una matriz cultural con estos 20 años del oficialismo que gobierna en Córdoba”. “Es un panorama difícil, sigo acompañando desde un espacio de arte, pero la lucha es colectiva y tenemos la necesidad de transmitir eso”, finaliza como parte activa de la organización.
Las topadoras del poder
Dayana, vecina de la comunidad Luz de Esperanza y referente del comedor de barrio Cabildo Anexo, en diálogo con Sudestada agrega: “Acá vinieron, nos pintaron los dedos, nos imputaron por usurpación, a mis hermanos los cagaron a palos y tiraron gas pimienta en donde estaba lleno de niños”. Poniendo en evidencia una vez más la impunidad del accionar con el que se manejan las fuerzas de seguridad para enfrentar un problema estructural: la falta de políticas de acceso a la vivienda. “Day”, como le dicen sus allegadxs, es la encargada del sector de la comunidad que abastece con comida a unas 50 familias, que por medio de facebook (Luz de Esperanza resiste) recibe donaciones y todo tipo de colaboración. “Ahora están juntando plata para ayudarnos, cada vez se suma más gente que colabora, aunque también cada vez hay más hambre, está todo muy difícil”, cuenta. En su relato evidencia que en los asentamientos a las familias les tiraron todo para desalojarlas, además de enfatiza en que hay muchas mujeres con niños pequeños: “necesitamos recolectar juguetes, hay mucha carencia y los niños esperan un regalo para navidad”.
Para poder colaborar con la comunidad Luz de Esperanza de la comunidad de Cabildo Anexo, pueden comunicarse al 351 387 8912 (Dayana) o al CBU 0200316811000014036862.
