Los patrones de Corrientes

Foto: Agencia AP

El desastre ambiental que provocan los incendios es inseparable de las explotaciones económicas que se llevan a cabo en esa provincia. Concentración de tierras y el peso de los extranjeros. Las movidas de Sigman, Soros, Grupo Clarín y la Universidad de Harvard.

Por Patricio Eleisegui

El desastre ambiental que atraviesa Corrientes, con al menos 800.000 hectáreas arrasadas por las llamas sólo en las últimas semanas, es inseparable del tipo de actividad económica impuesta y consolidada en esa provincia. La incidencia del calentamiento global –que, por supuesto, existe–, perece bajo las cenizas en cuanto se repara que el 95 por ciento de los focos tiene origen en la intervención humana y el flagelo ígneo se esparce a partir de áreas de uso extractivista. 
La expansión del fuego también debe leerse desde la modificación irreversible que evidencian los ecosistemas correntinos, que desde una histórica abundancia en pastizales y humedales mutaron a monocultivos de pino y eucaplitos, arroceras y “feedlots” ganaderos. El agua, abundancia reconocida de los hábitats de esa provincia, cuando no es drenada resulta redireccionada para un uso únicamente económico. Deviene en patrimonio y potestad de las explotaciones intensivas.
En ese distrito suman 550.000 las hectáreas destinadas exclusivamente a la extracción de maderas y resinas –70 por ciento pino, 30 por ciento eucalipto–, según organizaciones provinciales como el Consorcio Forestal Corrientes Centro. 
Los estados nacional y provincial empujan, quieren ir por más.
Así, el Plan Estratégico Forestal y Foresto-Industrial Argentina 2030, concebido durante el gobierno de Mauricio Macri y continuado por la gestión de Alberto Fernández, contempla un “objetivo de expansión de las forestaciones a 2 millones de hectáreas” y celebra la vigencia de normativas que declaran “de interés las inversiones en celulosa y papel –léase pasteras– en la Provincia de Corrientes”.
En otras palabras, la apuesta es expandir los números del extractivismo forestal en esa zona de la Argentina. Se habla del aserradero como “valor agregado”.
“… la región con mayor disponibilidad de madera -78% de la superficie plantada- es la Mesopotamia. Es también, la región con mayores posibilidades de crecimiento, especialmente en la Provincia de Corrientes, por disponibilidad de tierras de alta productividad forestal”, se expone en el apartado “Proyección de disponibilidad de madera 2018/2036 en la Mesopotamia” del documento que explica los alcances del plan en cuestión.
El arroz también ahoga los ecosistemas. En el ciclo 2020/21, Corrientes superó a Entre Ríos y se consolidó como el territorio con mayor superficie ocupada con el cultivo: casi 200.000 hectáreas. 
Casi el 50 por ciento del cereal que se cosecha en el país proviene de lotes en ese distrito. Qué decir de la ganadería: 4,6 millones de animales y una superficie destinada a la actividad superior a los 6 millones de hectáreas. No quiero olvidarme de las 30.000 hectáreas de citrus y al menos 60.000 destinada a la yerba mate. Con abundancia de agrotóxicos y trabajo precarizado, en ambos casos. 
Semejantes números, que la tribuna política predominante buscará exponer como pruebas irrefutables del más sano de los crecimientos, sólo se explican a partir de un avasallamiento de los hábitats promovido por un pelotón de nombres que gozan de las ventajas y beneficios de una provincia, otra más, que sigue actualizando el concepto de feudo. 
El volumen del extractivismo correntino es inseparable de la concentración de la tierra en muy pocas manos. Y ambos aspectos son indisociables de la tragedia ambiental que ha hecho epicentro en ese espacio de la Mesopotamia.
José Antonio Aranda es uno de los hombres que mejor ha sabido aprovechar el sistema económico que respalda el gobierno provincial. Aún ubicado entre los principales accionistas del Grupo Clarín, es el dueño de Copra SA, arrocera con sede en el departamento de Mercedes y propiedades como “El Rocío”, un establecimiento de 12.000 hectáreas donde también se lleva a cabo la actividad ganadera.
Copra SA destina, además, 6.000 hectáreas a la cría de vacas en esa misma zona de la Argentina. Aranda tuvo cierta visibilidad en los medios en noviembre de 2010, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar a un amparo presentado contra un proyecto de represa a desarrollar sobre el arroyo Ayuí Grande. 
El emprendimiento, derribado en 2011 por la entonces Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, contemplaba la construcción un embalse cercano a los Esteros del Iberá para regar al menos 77.000 hectáreas de cultivos de arroz. Sus promotores: el mismo Aranda y el magnate húngaro George Soros, por entonces dueño de otra de las empresas que todavía domina el agronegocio correntino: Adecoagro. 
Soros vendió su participación accionaria en Adecoagro en agosto de 2017 pero la firma no ha dejado de ampliar su participación en la producción de arroz en Corrientes. Hoy acumula 40.000 hectáreas sólo de ese cultivo. 
En su estancia Ita Caabó de Mercedes –22.905 hectáreas–, la empresa también efectúa explotación ganadera y forestal. Una década antes de la salida del multimillonario europeo, la firma se hizo con el dominio comercial de Pilagá –firma dueña de marcas de arroz como Molinos Ala– y sumó otras 4.000 hectáreas a su mapa de tierras en esa provincia. 
Accionista clave de Bioceres, la “Monsanto argentina”, y hombre fuerte del negocio farmacéutico local a través del holding Grupo Insud, Hugo Sigman también es uno de los patrones del negocio forestal en Corrientes. 
Su empresa clave se llama Pomera Maderas y funciona en Gobernador Virasoro. Produce hasta 150.000 postes al año a partir de la explotación intensiva de 15.000 hectáreas de eucaliptos y pinos. En su sitio institucional la firma expone que invierte fuerte en “mejoramiento genético” y detalla que, mediante técnicas de clonación, obtiene “árboles de alta calidad, resistentes y uniformes”. 

Foto: Agencia AP


“En nuestro vivero producimos 4 millones de plantines por año de alta calidad genética. Trabajamos en el mejoramiento genético de distintas especies dentro de cuatro géneros: Eucalyptus, Corymbia, Pinus y Grevillea”, afirma la compañía, que además cuenta con aserradero propio, en una pestaña de su Web oficial. 
Siempre en la misma provincia, Sigman posee, también, una estancia dedicada al ecoturismo: “Puerto Valle”, establecimiento de lujo –hotel boutique incluido– que se promociona como puerta de entrada a los Esteros del Iberá. 
Gregorio Pérez Companc supo ser otro de los dueños de Corrientes. Hasta septiembre de 2002 controló 75.000 hectáreas destinadas mayormente a la ganadería. El grupo estadounidense Halderman Farm desembolsó 53 millones de dólares para quedarse con los 8 campos que el empresario explotó durante años a través de su controlada Pecom Energía.
La mención que hago de Halderman Farm no es antojadiza: linkea con otra de las particularidades de un distrito entregado por completo al mejor postor: la extranjerización de la tierra. De acuerdo al Registro Nacional de Tierras Rurales, Corrientes es la cuarta provincia argentina –detrás de Salta, Misiones y San Juan– con mayor cantidad de superficie controlada por foráneos. El 9,2 por ciento de su territorio –esto es, 688.593 hectáreas– pertenece a capitales extranjeros.  
Es a partir de este porcentaje que bien vale la pena exponer una de las situaciones más escandalosas que se da en torno a la tierra correntina. En esa provincia la estadounidense Universidad de Harvard es dueña de 88.000 hectáreas distribuidas en cercanías de las localidades de Concepción, Chavarría y San Miguel. La institución gestiona estos lotes bajo la razón social “EVASA”.
“Nuestro patrimonio total está compuesto por un total de 88 mil hectáreas, de las cuales unas 36,8 mil hectáreas están afectadas al proyecto forestal, 49,2 mil hectáreas representan áreas de protección entre las que se destacan pastizales, pajonales, palmares, humedales, bosques nativos y fajas protectoras, entre otras y la superficie restante corresponde a áreas de infraestructura”, declara EVASA en su portal institucional.
“La superficie plantable comenzó a intervenirse a fines de la década del 90; anteriormente se utilizaba con fines ganaderos. Nuestra actividad se centra en el establecimiento, y manejo silvícola y cosecha, para producción de madera en rollos de alto valor a partir de plantaciones de pino principalmente. La totalidad de las propiedades de EVASA fueron adquiridas antes de 2009, fecha en que se promulgó el Decreto Provincial 1.440, que delimita físicamente la zonificación del Iberá…”, añade.
En octubre de 2011, la Administración Nacional de Parques Nacionales denunció que EVASA –controlada por Harvard Management Company (HMC), la inversora de la universidad– incumplía normativas provinciales y la ley 26.331 de bosques al afectar especies locales con su actividad económica. Lo expuesto por el organismo en aquel momento no pasó de la queja mediática. La casa de altos estudios continúa usufructuando sus miles de hectáreas en Corrientes.
Otra provincia cuya calamidad ambiental no puede explicarse sino a través de un extractivismo liberado a la voluntad de un puñado de patrones. Que hoy y mañana apelarán al desorden climático para explicar una catástrofe hija del sistema de explotación consolidado. Llorarán pérdidas desde la presunta causa natural para hacerse con fondos públicos, nuevas facilidades y permisos políticos. Y renovarán el cuento del inversor. Para, de esa forma, seguir agigantando el desastre en Corrientes, muestra actualizada de los territorios nacionales elegidos para el sacrificio. 

Compartí en tus redes favoritas

Leer anterior

Ley de humedales ¿ya?: el Gobierno quiere volver el debate a cero

Leer siguiente

La amanecida