Los presos reclaman, la policía reprime

El viernes pasado las personas privadas de su libertad fueron notificadas con la noticia de que se retomaban las visitas familiares el sábado 31 de octubre. Las mismas habían sido suspendidas producto de las medidas de Aislamiento Social y Preventivo impuestas por el Covid-19. A las pocas horas, el Servicio Penitenciario decidió dar marcha atrás con esta decisión. ¿Qué está sucediendo en la Unidad Penitenciaria N° 48 de San Martín y en la Unidad N° 31 de Florencio Varela?

Por Jaz Gauna

Los reclamos comenzaron el lunes y continuaron a lo largo de toda la semana en distintos complejos penitenciarios de las localidades de:  San Martín, Junín, Melchor Romero, Florencio Varela y Campana. El viernes se había comunicado a las personas privadas de su libertad que se autorizaba la vuelta de las visitas familiares para el día que comenzaron las protestas, así se retomaría el régimen que fue suspendido en marzo a partir de las medidas de prevención del COVID-19.

Como consecuencia de la falta de comunicación entre el Servicio Penitenciario y los organismos encargados de aprobar los protocolos sanitarios correspondientes, las visitas fueron nuevamente suspendidas, cuando algunas de las familias ya se encontraban fuera de las cárceles esperando para ingresar. Familias que no sólo proveen de alimentos y elementos de higiene básicos a las personas privadas de la libertad, sino que además realizan largos viajes para llegar a las unidades penitenciarias, ubicadas, por lo general, lejos de las ciudades de origen. 

Centros de estudiantes incendiados

Dos centros fueron incendiados y destruidos en el marco de la represión a las protestas en algunas cárceles bonaerenses que comenzaron el sábado 31 de octubre. Uno de ellos es el denominado “CUSAM” de la Unidad Penitenciaria N° 48 de San Martín, que funciona desde el año 2008 y pertenece a la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); el otro es el “Juan Manuel Scatolini” de la Unidad N° 31 de Varela, perteneciente a la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

“Se trata de un hecho absolutamente repudiable, de enorme gravedad institucional y con pocos precedentes. Sin embargo, la agresión y daños contra nuestro espacio universitario por parte de funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense no fueron un hecho aislado: el Centro de Estudiantes Universitarios de la Unidad 31 de Florencio Varela también fue saqueado e incendiado”, expresa un comunicado que fue visibilizado en las redes sociales del Centro Universitario de San Martín.

Las protestas se combinaron con otros reclamos, de carácter estructural e histórico: el hacinamiento, la falta de atención médica, la precariedad del sistema de salud, la falta de información rigurosa y actualizada sobre el tratamiento que reciben quienes presentan síntomas compatibles con el COVID-19, la alimentación y la lentitud del sistema judicial para resolver las situaciones penales de quienes están detenidos sin condena firme. 

Una situación agobiante

“La situación en las cárceles es extrema, con un nivel muy alto de sobrepoblación y con condiciones de detención paupérrimas. Siempre en esta época del año se torna muy sensible, porque se acercan las fiestas y eso desencadena mucho malestar en los pibes que sienten que en un momento tan importante de unión familiar no pueden estar. A su vez, desde que comenzó el aislamiento que no recibían visitas”, comenta a Sudestada una familiar de uno de los detenidos.

“La mañana del domingo se desató el caos en la unidad 31 de Varela. A eso de las 11 de la mañana nos avisaron los propios internos que habían empezado a reprimir y habían disparado a todos en la celda. En ese mismo momento, casi todos perdimos contacto con ellos. Nos llegaba información pero nunca oficial. Estaban todos heridos con balas de goma, algunos siguen sin atención médica. Les robaron, les quemaron sus cosas, incluso sus materiales de estudio y hasta les prendieron fuego los centros de estudiantes, que es lo que más bronca genera. Todavía hay pabellones sin luz y agua y espacios carcelarios quemados y destruidos. Fue con intención de matarlos. Realmente nunca vivimos algo así”, describe.

150 heridos

Según informaron distintas fuentes oficiales, hay 150 heridos sólo en la unidad nº 31. “Muchas familias no saben que pasó con sus pibes. Otros han sido trasladados de manera arbitraria y repentina. No nos llega información, ni desde los juzgados, ni desde Ministerio de Justicia y menos de las autoridades del sistema penitenciario”, agrega un detenido y militante de la organización Atrapamuros dentro de la unidad 31.

Distintos detenidos denuncian que la represión sigue hasta el momento a pesar de que el Gobernador de la Provincia, Axel Kicillof, aseguró que habían llegado a un acuerdo y que el el sábado 14 de noviembre se habilitarán las visitas a la unidades penitenciarias. “Hace meses no recibimos visitas, estamos hacinados y el sistema judicial punitivista no nos da respuestas. Hay más de 80 heridos de bala hasta el momento y 150 lastimados. Ninguno recibe atención médica. Necesitamos respuestas urgentes y no más mentiras como las que nos dijo el Gobernador. No queremos más represión, queremos que respeten nuestros derechos básicos contemplados en la Ley”, sentencia la voz del detenido desde el interior del penal.

“La violencia contra estos espacios son muestras claras de disciplinamiento a quienes construyen espacios críticos del sistema penitenciario y denuncian las condiciones en las que viven”, afirma la organización en cárceles Atrapamuros en un comunicado en sus redes sociales que reclama la necesidad de respuestas eficaces urgentes que frenen la represión.

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