La manipulación genética que apadrina Tecnoplant, firma controlada por Sidus, completó los últimos trámites y se viene la comercialización. Favoritismo político, ciencia pública cómplice y rechazo hasta de los productores.
Por Patricio Eleisegui
Los laboratorios a cielo abierto son otro pilar de esta instancia del colapso. Todo lo contrario a detenerse: se amplían. Con anuencia de las políticas del momento. A contramano de cualquier atisbo de ética. A espaldas de la participación comunitaria. Sus promotores utilizan como justificativo el derrumbe ambiental y socioeconómico imperante.
Por supuesto que no dicen que son ellos, justamente, quienes más han operado para consolidar el escenario de desastre. A la sombra de responsabilidades omitidas brota el slogan de una presunta salvación que llegará de la mano de esos mismos que arman el rompecabezas de la extinción.
La alimentación es uno de los apartados donde más queda en evidencia este accionar. Lo vemos en las manipulaciones de soja presentes en más de 1.000 productos apilados en las góndolas de los supermercados, en la ofensiva para consolidar la aprobación del trigo transgénico HB4, en el experimento que hicieron con niñas y niños wichi de Salta, a quienes alimentaron durante un mes con una mezcla, también, de soja transgénica –OGM, en la jerga–, harina de trigo, proteína láctea, colorantes, azúcares y conservantes, con la excusa de estar “combatiendo la desnutrición”.
También en ese ámbito, la máquina de inventar regalías no se detiene.
Y una muestra renovada de esto puede ubicarse en otro ensayo que muy pronto abarrotará verdulerías, alacenas, cajones de heladeras y mesas en la Argentina: la papa transgénica.
Si bien el lanzamiento comercial del organismo genéticamente modificado se llevó a cabo el 10 de diciembre de 2018, los últimos trámites para su arribo a los hogares terminaron de completarse en noviembre del año pasado. A fines de ese mes, el Instituto Nacional de Semillas (INASE) inscribió la manipulación de laboratorio en el Registro Nacional de la Propiedad de Cultivares a pedido del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Ahora, fuentes cercanas al grupo Sidus, dueño de la papa en cuestión –bautizada “TICAR”– y hasta 2010 hermano del gigante farmacéutico Biosidus, me comentaron que la salida al mercado ocurrirá en el primer trimestre 2022. La empresa prevé un negocio de al menos 30 millones de dólares sólo en los primeros 3 años de liberado el evento.
El producto en cuestión, impulsado por Tecnoplant, una firma controlada justamente por Sidus, ostenta una manipulación que -sostienen sus promotores- le garantiza resistencia al virus PVY. Este último, argumentan los desarrolladores del transgénico, llega a generar pérdidas de hasta el 80 por ciento de los tubérculos lo cual obliga a los productores a invertir en nuevo material de siembra prácticamente todos los años.
TICAR, aseguró a quien aquí escribe Gustavo Napolitano, gerente de Tecnoplant, presuntamente corta con eso y extiende el lapso de compra de papas para siembra a unos tres años. Pero, en tanto la comercialización del evento modificado en su ADN implicará el pago de una garantía extendida justamente por ese período, el productor no notará la diferencia y terminará abonando en concepto de “copyright”-y por uso propio- un acumulado que hoy paga de forma fraccionada cada vez que el cultivo se ve afectado por el PVY.
Por supuesto que en Tecnoplant ocultan este detalle clave. La ganancia, si no se ve, vale doble.
Entre las huestes de la compañía, la algarabía ganó en altura en 2018 a raíz del interés por la liberación comercial del evento que mostró el mismo Mauricio Macri. El por entonces Presidente se reunió con Napolitano apenas 48 horas después de oficializado el transgénico.
“El presidente Macri está muy interesado en las posibilidades que ofrece la nueva papa. Macri expuso que tiene un relacionamiento familiar con el negocio a partir de la sociedad que uno de sus primos viene encabezando en Mendoza”, me confió el ejecutivo en aquel momento. El comentario, esbozado como al pasar, añade controversia a una iniciativa que, desde su origen, se encuentra manchada por la irregularidad.
El primo en cuestión es Fabio Calcaterra, hermano de Angelo -permanente beneficiado con proyectos de infraestructura promovidos por el macrismo y luego imputado en una causa por el pago de coimas en la obra pública- y socio de una de las compañías que controla la producción de papas congeladas a nivel global: la estadounidense Simplot, histórica proveedora de cadenas de comida rápida como McDonalds y Burger King.
En 2016, el empresario y la directiva de la firma norteamericana cerraron un acuerdo para cultivar el tubérculo en alrededor de 1.800 hectáreas distribuidas en el departamento mendocino de San Carlos. La sociedad entre Calcaterra -con presencia comercial en el Valle de Uco desde hace algo más de una década- y Simplot en tierra cuyana lleva el nombre comercial de San Fili.
“Estamos trabajando en Mendoza para producir pequeñas cantidades de semillas. Y hay una parte de las papas que se generaron que ya están sembradas”, reconoció Napolitano, de Tecnoplant.
Favoritismo desde la función pública
TICAR surge de un proyecto impulsado a fines de la década del 90 por el Instituto de Ingeniería Genética y Biología Experimental (INGEBI) -dependiente del CONICET-. A dicha iniciativa luego se sumó Tecnoplant hasta el final del desarrollo.
Otra particularidad nefasta que hace a la concepción del OGM está en la relación existente entre científicos que ocuparon cargos públicos y la empresa que controla a la recién mencionada Tecnoplant. La papa manipulada genéticamente es producto de la labor de Alejandro Mentaberry y Fernando Bravo Almonacid.
Tal como expuse en mi libro AgroTóxico (2019, editorial Sudestada), durante los gobiernos de Cristina Fernández y Mauricio Macri, esto es, de forma sucesiva, Mentaberry ocupó el cargo de coordinador del gabinete del Ministerio de Ciencia –luego rebajado a Secretaría– que encabezó un ex Sidus: Lino Barañao.
La cartera mencionada fue una de las que más promovió la salida comercial de la papa transgénica, y en organismos de aprobación de transgénicos como la CONABIA abundan las voces que dan cuenta de la presencia de Mentaberry acompañando el proceso hasta el final.
“Mentaberry fue director de tesis de Bravo Almonacid y estuvo en el desarrollo inicial de TICAR. Lino Barañao trabajo en Sidus, en un proyecto de clonación de vacas que al final no llegó al mercado. Fue cuando esa idea estaba madura que ocurrió la división de la empresa -en diciembre de 2010 la familia Argüelles, dueña del grupo, separó bienes- y no se siguió adelante”, reconoció Napolitano, de Tecnoplant.
La irrupción del transgénico tuvo un primer capítulo en tiempos de Cristina Fernández al frente del Ejecutivo nacional. El 5 octubre de 2015, la entonces presidenta presentó el OGM en un acto celebrado en el predio de Tecnópolis. Lino Barañao acompañó a la mandataria durante el anuncio.
A ese evento le siguió una actividad en la sede del INTA en Castelar que incluyó la preparación, por parte de los protagonistas del ciclo televisivo “Cocineros Argentinos”, de papas fritas hechas a partir del cultivo genéticamente modificado. Sendos conos cargados con el tubérculo recién cocinado fueron repartidos entre el público presente.
El mapa de la papa
La producción de papas en la Argentina hoy se distribuye, en instancias de producción semi temprana, temprana, semi tardía y tardía, entre las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Salta, Jujuy, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Córdoba, Río Negro, Chubut y Mendoza. Dispuesto bajo un esquema de cultivo de régimen anual, el tubérculo ocupa cerca de 75.000 hectáreas.
Desde Tecnoplant precisaron que la intención comercial de TICAR es abastecer al mercado doméstico dado que son muy pocos los países que importan el producto fresco.
“A excepción de Brasil o Uruguay, en volúmenes siempre pequeños, la venta al exterior de papas frescas es prácticamente inexistente”, reconoció Napolitano. Se estima que el consumo de papas por persona, sólo en la Argentina, alcanza los 40 kilos al año.
Napolitano remarcó que TICAR presenta un diseño específico para combatir al virus PVY y que, por el momento, carece de modificaciones para resistir a plaguicidas, condición típica de los transgénicos que se desarrollan en la Argentina. Sin embargo, la papa de por sí se ubica entre los cultivos que reciben mayor carga de agrotóxicos incluso sin ser OGM.
Según documentos del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la legislación vigente para la producción de papa en la Argentina habilita el uso de hasta 94 formulaciones diferentes de plaguicidas. Los fungicidas, con 47 principios activos, encabezan la nómina de los químicos permitidos. A esos le siguen los insecticidas -28 productos- y cierran los herbicidas -19-.
Los productores no quieren saber nada
A fines del año pasado, organizaciones como la Federación Nacional de Productores de Papa, la Mesa Provincial de la Papa de Buenos Aires y la Mesa Provincial de la Papa de Córdoba, entre otras, emitieron un comunicado explicitando su rechazo al OGM por considerar que “los clientes de las industrias procesadoras de papa, y en especial los más grandes, no aceptan el uso de estos organismos”.
Señalaron que, por sus características, es imposible diferenciar las papas transgénicas de las variedades no modificadas.
“No hay análisis genéticos de laboratorios que aporten rápidamente información para identificar el transgénico”, afirmaron. Dicho de otra forma, salvo alguna referencia puntual de los comercializadores, el cliente en una verdulería nunca podrá saber si está comprando o no la versión transgénica del cultivo.
La manipulación genética a través de técnicas de transgénesis acumula cuestionamientos alrededor del mundo por, entre otros ítems, la imposibilidad de la ciencia de certificar que el consumo a largo plazo de estos alimentos resulta totalmente seguro para los humanos.
Se presume, por el contrario, que estos desarrollos de laboratorio pueden ser tóxicos, alergénicos e incluso menos ricos en términos nutricionales que sus homólogos naturales.
Al mismo tiempo, no está comprobado que los transgénicos incrementen realmente el rendimiento de los cultivos y sí existen certezas de que demandan una mayor utilización de pesticidas. En la Argentina, desde la introducción en 1996 de la primera soja resistente al herbicida glifosato hasta hoy, el uso de plaguicidas aumentó 1.000 por ciento, según datos de actores de la industria como CASAFE, una de las cámaras que nuclea a los fabricantes de agroquímicos en el país.
Por último, abundan las investigaciones que prueban que los organismos genéticamente modificados acaban con las variedades silvestres del mismo cultivo, su uso en campo demanda tanta o más energía que la opción tradicional, y que el precio de las semillas transgénicas -y los insumos complementarios que estas requieren para funcionar- es tan elevado que el costo del modelo erradica del mapa económico a los productores de menor tamaño.
