Saulo Rojas fue asesinado en el año 2013. La causa fue a juicio y este lunes se conocerá la sentencia. Desde Sudestada nos comunicamos con Pablo Galfré, periodista, investigador, y autor del libro “La Comunidad”, que describe episodios en la clínica San Camilo que terminaron con 3 muertes y 4 imputados. En esta charla entre otras cosas nos cuenta cómo viene el juicio, la realidad de las comunidades terapéuticas, la omisión del periodismo sobre este tema, y sobre la ley de salud mental.
Por Jorge Ezequiel Rodríguez
¿Qué nos podés contar del juicio que se está llevando a cabo por el asesinato de Saulo Rojas?
El juicio comenzó el martes. Había un listado de 25 testigos. Declararon unos 7 testigos. Myriam, la mamá de Saulo, yo, dos operadores terapéuticos, un empleado de seguridad y uno solo de los pacientes declaró finalmente. Uno solo. La idea era que declaren más testigos. Tres declaraciones que se hicieron en fiscalía fueron incorporadas al juicio por lectura. La idea era que declaren más testigos, pero al ser la acusación un Homicidio Culposo, al ser esto en un juzgado correccional, es todo más expeditivo. El juez medio que quería sacarse del medio el juicio porque tiene otros juicios.
El martes Ángel Pipisuñez, el acusado, confesó parcialmente la autoría del hecho. Pipisuñez dijo que Saulo estaba encerrado en la celda a la tarde, que no sabe quién lo encerró, que él a las 8 de la noche lo saca para que se lo lleven desde la sede de Derqui en San Camilo hasta la sede del Viso y que Jorge Leguizamón, que era el encargado de mantenimiento y quién lo iba a llevar, le dice: “No, no. Se me hizo tarde, engomalo de nuevo. Yo lo llevo mañana”. Y ahí él lo encerró. Ahí no le sacó el cinturón y los cordones, y se hizo cargo de no haber hecho lo que debería. Esta confesión es parcial. Lo que quedó demostrado el martes, a partir de los testimonios de Esteban Bracco, de Lucio Ceretti, de Mónica Schegtel y mío, es que él lo encierra el martes a la tarde. Esto de hacerse cargo y confesar es para tener un atenuante en la condena.
También estuvo Axel Sieburger, uno de los internos, tenía que declarar y no declaró. Además fue Alfredo Mao, otro de los internos, y es una instancia reparadora para todos ellos. Se que este juicio contra Ángel Súñez, por más de que sea el engranaje más bajo de la maquinaria San Camilo, es una instancia reparadora para muchos.
A partir de tus investigaciones, del libro “La comunidad” se pudo avanzar hacia la justicia en relación a este caso.
A partir del libro estamos donde estamos. El libro se publicó en marzo de 2017 y en octubre de ese año se clausuró San Camilo. Al año siguiente se elevó a juicio el homicidio culposo de Saulo Rojas. Después también logramos el año pasado que se clausure San Antonio, la otra comunidad que denuncié. También está preso Nicolas Perrone, que era el director y dueño de San Antonio. En este caso está preso porque después de tres muertos, Franco Ruiz Díaz, Matías Lamorte y Claudia Alejandra Martínez, después de haber sido inspeccionada -San Antonio- por el Ministerio de Salud, no lo clausuraron. A pesar del habeas corpus colectivo que presentó la Comisión provincial por la Memoria, y la constatación de la vulneración de los derechos, hasta que un día yo recibí un video en donde está Perrone con una remera tapándose la cara, con un chaleco antibalas de la policía bonaerense y un arma, hablando de una forma inentendible, teniendo una crisis psiquiátrica diría. Mandé ese video a la Comisión Provincial por la Memoria, actuaron y el hombre fue detenido. Después se constató que le ponía el arma en la cabeza a los internos de San Antonio. A uno le dijo anda a la esquina a ver si llueve y estaba a los tiros dentro de la institución. Por eso está preso.
¿En qué presente se encuentra la realidad de las clínicas de rehabilitación, el trato con los pibes, y los abusos en estos establecimientos?
En la Argentina falta implementar la Ley de Salud Mental. Falta justamente que las internaciones se realicen exclusivamente en los hospitales generales. Falta desarrollar hospitales de día, casa de medio camino, dispositivos comunitarios, centros de salud. La realidad es que existen cientos de comunidades terapéuticas. Tenés comunidades terapéuticas clandestinas como Residencia San Fernando donde se dio el incendio en febrero del año pasado y murieron cuatro personas. Ya había muerto otro chico en noviembre del otro año. Así como esta que es clandestina tenés otras habilitadas que siguen funcionando con estas metodologías arcaicas, sistema deito, proyecto womo. Metodologías arcaicas que aplican premios y castigos, donde los pacientes tienen que pasar fase a fase hacia la rehabilitación, y si no cumplen lo mandado, los castigan.
Todas estas comunidades van a seguir existiendo porque el Estado lo permite, porque no se aplica la Ley de Salud Mental, porque no se aplican estos nuevos paradigmas con respecto a la atención en salud.
Sé que la provincia de Buenos Aires está trabajando con un montón de comunidades terapéuticas para que se adapten a la nueva Ley. Muchas lo quieren hacer y lo están haciendo. En ese sentido, estamos viviendo un proceso muy lento pero proceso al fin. Quizás sea demasiado condescendiente con el gobierno, pero creo que la provincia de Buenos Aires -me refiero a esta provincia porque es la que he investigado- tiene intenciones para que se dejen de vulnerar derechos desde la comunidad terapéutica. Pero siguen existiendo a los ojos del Estado. Todavía siguen existiendo cientos que lo hacen. Hay una, por ejemplo, que se llama Vulnerables y desde su Tiktok se presentan como una institución que con el permiso de los padres y madres internan a sus hijos en contra de su voluntad, sin ningún tipo de profesionalidad alguna.
¿Por qué creés que desde los medios no se le da la visibilidad que ameritan estos casos?
Por un lado no lo sé, por otro no lo puedo creer. También te diría que me angustia en lo personal. En el libro lo digo, y cuando empecé a difundirlo le decía a varios colegas, que yo no me escapo a que soy un periodista. Les ofrecía una historia roja y amarilla. Con muertos, con torturas, con violaciones a los derechos humanos, con acción, con suspenso, con malos, con buenos, con videos de YouTube que había en San Camilo. Con fotos, con expediente. Una historia que uno pensaría que a los medios les debería haber interesado pero no.
Siendo más objetivo, comparto algo que me dijo el presidente de Arda, Gustavo Zbuczynski. “A los medios no les interesa los usuarios de drogas y de salud mental cuando son víctimas. Les interesa cuando son victimarios, ricos y blancos”. Como el caso del Pity Álvarez, que asesina a su transa, les interesa cuando es Chano porque es blanco, famoso, “un vicioso que agrede a su pobre madre que ya no sabe qué más hacer”.
Cuando son víctimas como Saulo Rojas, como Felipe Mariñansky, como Matías Lamorte, se les quitan los derechos que tienen como usuarios de droga y de salud mental, su derecho a que no sean encerrados en contra de su voluntad. Los medios naturalizan el encierro y sus muertes: “Son adictos a la drogas, tienen que estar encerrados. Se murieron porque son adictos a las drogas”. La historia de Saulo Rojas, para ellos, es la historia de un pibe de tez morena, popular, que “se suicidó”. Le quitan derechos cuando niegan que fue encerrado en contra de su voluntad en una celda.
El periodismo de alguna manera también es cómplice, por acción y por omisión, de las corporaciones psiquiátricas. Por omisión porque el viejo paradigma de que a los adictos a las drogas hay que internarlos en contra de su voluntad, está muy arraigado en el periodismo. De alguna manera participé en eso y por suerte me di cuenta rápido. El periodismo no se está aggiornando a los nuevos tiempos y sigue utilizando palabras como “adicto”, “drogadicto”, “drogodependiente”. No son capaces de leer la Ley de Salud Mental y descubrir estos nuevos paradigmas donde ya no se caen en totalitarismo y se usan términos como “usuario de drogas”, “usuario de sistema de salud mental” y donde uno puede llegar a comprender que el encierro no es el camino. Una y otra vez, con el caso Chano repitieron que el artículo 20 de la Ley prohíbe las internaciones, cuando es mentira. El artículo 20 no solo permite las internaciones y las regula, sino que las impulsa cuando las personas pueden ser un riesgo para sí o terceros. Así que en ese sentido naturalizan la violación a los derechos humanos y las muertes de los usuarios de drogas.
Por dar un ejemplo voy a nombrar a Sietecase, que dijo que el tema del narcotráfico de Rosario estaba fuera de la agenda de los medios. Cuando su productora periodística recibió una gacetilla del Cels que informaba que empezaba el primer juicio por una muerte dudosa en una institución de salud mental en la Argentina, él no difundió. Ni ahora ni después de los 15 mensajes que le mandé a la productora. Entonces si hasta una persona como Sietecase no difunde esto, qué queda para el resto.
Y son cómplices por acción, TN, Clarín, Infobae, porque son financiados por estas corporaciones psiquiátricas o de salud. No digo que estén en contacto pero cuando leen las noticias o de otros medios o les mandan notas, no las suben. Prefieren no ponerlo en su agenda. Antes de difundir una noticia contraria, prefieren obviarla. Esto lo sé porque algunos editores me han dicho que no quieren meterse en este tema.
¿Qué avances existen en relación a la ley de salud mental?
Escribí un proyecto para crear una unidad especial de investigaciones de muertes dudosas en instituciones de salud mental. Creo que este debería ser un equipo interdisciplinario integrado por abogados, psicólogos y quien te habla, investigadores, porque a lo largo de los años he adquirido mucha información y fuentes. Se lo elevé a distintos funcionarios del Estado nacional y provincial hace dos años. Volví a retomar reuniones hace poco tiempo.
Me cuesta ser crítico con el gobierno, porque lo apoyo, y tampoco quiero hacer tan públicas algunas las críticas porque tengo reuniones con ellos y me han contado avances, pero no los tengo chequeados.
Existen avances. El Estado de la provincia de Buenos Aires se ha ocupado de reducir la cantidad de internaciones en neuropsiquiátricos y se han construido algunas casas de medio camino, para que justamente vivan esos pacientes que fueron externados.
Existen algunos avances. Digo Buenos Aires porque no sé cómo está el resto del país. Falta porque el presupuesto que se aplica en salud mental es mínimo y debería ser el 10% del presupuesto general en salud del país y ahora no llega al 2%. Faltan crear tratamientos ambulatorios, casas de medio camino, dispositivos comunitarios. Falta que las internaciones realmente se hagan solo en los hospitales generales, porque sucede el racconto que tengo de 25 muertos en Pilar, donde muchas de esas muertes son naturalizadas como la de Claudia Alejandra Martínez que se murió de problemas renales, Matías Lamorte que murió por un edema pulmonar, pero seguramente si hubieran estado en hospitales generales, cuidados por enfermeros y médicos, y no en San Antonio donde había ninguno de los profesionales, seguramente hubiesen sobrevivido o aunque sea hubiesen tenido una muerte digna. Me parece importante y necesario que el Estado aplique la reducción de daños.
