Paraná: muerte y destrucción por la bomba química del agronegocio

Por Valeria Foglia

Su nombre en guaraní significa “pariente del mar” porque puede llegar a los 800 metros de ancho. Sin el río Paraná, el noreste argentino vería muy comprometido su abastecimiento de agua potable. Pero más de dos décadas de actividades contaminantes y extractivas sin control en su cuenca lo han convertido en mero canal de navegación comercial o desagüe de tóxicos del agronegocio. En diciembre pasado un contundente y extenso alegato sobre este impacto socioambiental llegó a la Corte Suprema de la Nación por medio de un amparo presentado por la ONG Naturaleza de Derechos y la asamblea Unidos por el Río contra el Estado nacional, la Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Chaco y Corrientes.

La cuenca del Paraná, la segunda más grande de América del Sur después del Amazonas, se convirtió en vaciadero del agronegocio: plaguicidas y antibióticos usados en animales terminan como residuos peligrosos en sedimentos, aguas superficiales y peces. Las nuevas obras proyectadas para la hidrovía Paraguay-Paraná sumarán más problemas. El agua del río más largo y caudaloso de Argentina, el que provee alimento a todo el país, deja de ser potable, y la fauna y flora de sus bosques, deltas y humedales está en peligro. “Estamos planteando que se cree un comité de cuenca con participación ciudadana para que todas las cuestiones que la involucren se resuelvan a través de ese comité y con los estándares del Acuerdo de Escazú”, dijo a Revista Sudestada el abogado Fernando Cabaleiro, que junto a colegas como Darío Ávila de Córdoba, Pablo Fernández Barrios de Chaco y Aldana Sasia de Entre Ríos integra el equipo que trabaja en esta acción judicial desde hace cuatro años. 

Las ganancias son privadas, pero el costo de estas actividades lo pagan la sociedad y las futuras generaciones. Por eso reclaman que la Corte ejerza una “tutela anticipatoria” que proteja toda la cuenca de la aplicación de cualquier tipo de agrotóxico o fertilizante sintético, prohibiendo fumigaciones aéreas a menos de 1500 metros y terrestres a 1000 metros. Pero no se trata solo de restricciones a un modelo que consideran agotado e inconstitucional: el espíritu de su reclamo es la idea de que es posible y necesaria una transición hacia la agroecología, una forma de producir que sustituye productos químicos por biológicos. 

El agronegocio es política de Estado

Según datos de facturación de la Cámara de Sanidad Agropecuaria y Fertilizantes, en 2020 se aplicaron 600 millones de litros de agrotóxicos en Argentina, y solo se acierta al objetivo en el 20-30% de los casos. El resto termina sepultado en sedimentos del Paraná, suspendido en el aire, arrastrado por el viento y las lluvias o en nuestras mesas y canillas. 

Las cifras crecen exponencialmente desde 1996, cuando Felipe Solá -secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de Carlos Menem- autorizó la soja transgénica RR de Monsanto y dio el puntapié para el derrotero antiecológico del agronegocio. Hoy los principales cultivos transgénicos -soja, maíz y algodón- ocupan el 70% de la agricultura local.

A falta de información oficial, los datos disponibles se deben al trabajo de la ciencia digna y a reclamos de las comunidades. A través de un estudio del Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA) de la UNLP publicado en 2018 se demostró que los agroquímicos también son transportados por viento y lluvia. Por las derivas -la parte que no fue al cultivo y se desplazó o quedó suspendida en la atmósfera-, estos se detectan incluso en lugares tan lejanos a áreas agrícolas como las regiones polares. 

Pese a la contundencia y la gravedad de los datos, ninguno de los bloques políticos mayoritarios denuncia el tema. Ni siquiera en campaña. Para Cabaleiro en este punto no hay grieta: “El agronegocio es una política de Estado”. Aunque hubo multas millonarias a Bayer-Monsanto, Syngenta, Dupont y otras empresas por no gestionar correctamente los envases vacíos de agrotóxicos, como informamos en Sudestada, lo que prima Gobierno tras Gobierno es la luz “verde dólar” al modelo sojero.

A nivel internacional existe formalmente un Comité Intergubernamental Coordinador de la Cuenca del Plata integrado por varias de las “repúblicas unidas de la soja”, como Brasil, Paraguay y Argentina. En el ámbito local ni siquiera eso, pese a la importancia sanitaria, social, cultural, climática y ecológica del Paraná.

Son muchos los organismos del Estado y jurisdicciones involucrados en esta cadena: en el amparo se les reclama información sobre monitoreos, estudios de impacto ambiental y restricciones. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, por ejemplo, deberá explicar si hay planes de actualizar los “valores guía” para el uso de un enorme listado de agrotóxicos y antibióticos -algunos ya prohibidos por la Unión Europea- en aguas superficiales y subterráneas. El Senasa tendrá que dar cuenta de si realizó “controles de inocuidad alimentaria” por los agrotóxicos detectados en peces del Paraná y afluentes. 

Aysa también tiene mucho que explicar sobre el estado del agua cruda y de red con que abastece a millones: su planta potabilizadora Juan Manuel de Rosas, en Tigre, está en el mayor foco de contaminación con agrotóxicos, la confluencia entre el Dique Luján y el río Paraná de las Palmas. La planta San Martín en Aeroparque, que provee a la Ciudad de Buenos Aires, también está en zona afectada.

La hidrovía, una ruta peligrosa

Las obras de dragado y redragado proyectadas para la hidrovía Paraguay-Paraná empeoran el escenario: podrían remover y dispersar sedimentos, verdaderos “sumideros móviles” de pesticidas en el área más contaminada de la cuenca, el corredor Rosario-Ciudad de Buenos Aires, donde se transportan cientos de millones de toneladas de sólidos en suspensión por año. Por esto reclaman que la Corte frene la nueva licitación hasta que se expida sobre el amparo.

Del mismo modo en que se habilitó la hidrovía hace veinticinco años, es decir, sin estudios de impacto ambiental, ahora planean llevarla a doce metros de profundidad para permitir el paso a grandes embarcaciones. La actual licitación viola el Acuerdo de Escazú -ratificado por Argentina y en vigencia desde el 22 de abril-, que establece la participación inclusiva y no discriminatoria en la toma de decisiones. Sin embargo, la mitad de los asistentes al Consejo Federal de Hidrovía en febrero fueron organizaciones con intereses económicos en el megaproyecto, dejándose fuera a asambleas de vecinos sin personería y pueblos originarios (en la cuenca habitan 340 comunidades indígenas reconocidas oficialmente), incluso cuando según el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo tienen derecho a la consulta previa, libre e informada.

Las obras de la hidrovía afectarán humedales y vegetación, además de generar cambios en la dinámica del río: es un megaproyecto imposible de compatibilizar en un contexto de crisis climática, que se lleva adelante sin recuento de pasivos ambientales ni planes para remediar el daño ya causado.

El agua ya no es más agua

Más de mil estudios científicos han documentado unos cuarenta y cinco agrotóxicos en sedimentos, aguas superficiales, materia suspendida y peces del Paraná y afluentes. Por su carácter inmunosupresor, pueden desencadenar patologías virales y respiratorias, dañar estructuras celulares, provocar mutaciones de ADN, esterilidad y abortos espontáneos. Solo ese dato bastaría para que las provincias incluidas en la demanda monitoreen en forma urgente la cuenca. Por su confiabilidad, en el amparo sugieren los laboratorios del INTA-Balcarce o el Espacio Multidisciplinario de Interacción Socio Ambiental de la Universidad de La Plata.

Si de contaminación del agua hablamos, los herbicidas como el glifosato y la atrazina suben al podio de los plaguicidas. Pero también se detectan insecticidas como clorpirifos, cipermetrina y endosulfán, entre otros. Aunque hay más de dos mil principios activos y más de cinco mil productos autorizados, el Código Alimentario Argentino evalúa la calidad del agua en base a una decena. Su listado está groseramente desactualizado: el 90 % son sustancias prohibidas hace más de treinta años y ya en desuso. Las pocas vigentes y monitoreadas reciben rangos de detección muy altos. Con estos datos, el Estado concluye que no hay residuos de agrotóxicos en el agua. Maravillosa jugada. 

La realidad es que el Senasa deliberadamente no consideró la abundante evidencia científica desde el 2000 en adelante, incluso cuando muchos de estos agrotóxicos fueron declarados cancerígenos (como el glifosato y el 2,4-D) y prohibidos en diversos países.

Unos ocho mil millones de litros de fertilizantes sintéticos se sumarían en 2021 a la sopa antiecológica del Paraná. Sus efectos quedaron expuestos en noviembre de 2020 por la histórica bajante del río, que hizo visible una invasión de cianobacterias que tiñó de verde las aguas. Estas bacterias prehistóricas producen toxinas que provocan alergias, conjuntivitis, vómitos y cefaleas, e incluso daños al hígado de niños y animales.

Como si no fuese suficiente, criaderos industriales descargan al Paraná residuos de antibióticos a través de las heces de vacas y aves. El plástico es otro problema: en Santa Fe se registraron casi cien botellas por kilómetro sobre las márgenes del río. Y si hay plástico, hay microplásticos -fragmentos de menos de 5 mm que no se recuperan con campañas de limpieza-. Puede haber hasta 35. 000 partículas por metro cuadrado, por lo que no sorprende que los peces las ingieran y padezcan.

El veneno sobre la mesa

Envenenar también es violencia, y la sufren sobre todo los más pobres, las mujeres y los niños. El Senasa detectó ochenta principios activos de agrotóxicos en más de siete mil controles a 48 alimentos en toda la Argentina entre 2017 y 2019: son frutas, hortalizas, cereales y verduras que consumimos.

Pero no solo las plantas se ven invadidas: está probado que la exposición al glifosato en ríos y lagunas de la región pampeana produce cambios en el metabolismo energético de peces nativos y afecta su sistema nervioso central. Los que no llegaron a los hogares perecieron masivamente, como en el río Salado de Santa Fe a fines de 2020.

Aunque tras la soja transgénica llegaron el maíz, el algodón, el cártamo, la alfalfa y la papa genéticamente modificados, aquella siguió reinando en el campo argentino gracias a su tolerancia a múltiples herbicidas. Hoy todos sus derivados contienen trazas de agrotóxicos: el glifosato es el más usado en la siembra directa. 

Naturaleza de Derechos y Unidos por el Río sostienen que comemos y bebemos sin saber qué sustancias y en qué cantidades estamos incorporando, “una injerencia arbitraria intolerable, máxime cuando es sin consentimiento de la persona humana”. En su escrito, señalan que no hay ningún “interés público superior” que justifique vulnerar la integridad física de las personas con la ingesta de tóxicos detectables en sangre, orina y células.

La salida

La agricultura acompaña a la humanidad desde hace más de diez mil años. Pero los primeros tractores del modelo industrial recién aparecieron hace poco más de cien, y fue medio siglo atrás, con la llamada “revolución verde”, cuando se difundieron masivamente los agrotóxicos -que la bióloga marina Rachel Carson había denunciado en Primavera silenciosa (1962)-. 

Monocultivos, grandes maquinarias, enorme consumo de agua, fertilizantes y plaguicidas fueron adoptados por los dueños del campo a mediados del siglo XX para aumentar el rendimiento con la excusa de “acabar con el hambre y la desnutrición en países subdesarrollados”.

Las semillas transgénicas -que multiplicaron los agroquímicos y las maquinarias de siembra directa- llegaron con la “revolución biotecnológica” del nuevo milenio. Pero no fue una revolución lo que propiciaron multinacionales, Estados y organismos internacionales, sino un modelo de enfermedad, contaminación y muerte. Una “contrarrevolución verde”, la llamó Jan Urhahn en un artículo de Jacobin el pasado diciembre, donde ubica a Bill Gates como uno de los mayores exponentes públicos de ese lobby. 

El magnate impulsa desde 2006 la Alianza para una Revolución Verde en África, con la que presionó a los Gobiernos de Etiopía, Kenia, Malí, Ruanda, Zambia y Tanzania por subsidios para que agricultores pobres compren semillas y fertilizantes sintéticos de Syngenta, Dupont y Monsanto. La mayor evidencia del fracaso de esta fachada “humanitaria” es la crisis alimentaria del 2007 al 2008 en el continente africano, que tuvo que importar alimentos.

Aunque en Argentina los impactos sanitarios y ambientales del agronegocio no tardaron en evidenciarse, el Estado no avanzó en regulaciones para las fumigaciones. Casi toda la jurisprudencia llegó de la mano de acciones comunitarias, que, como en el caso de Entre Ríos, fueron rechazadas por Mauricio Macri y Alberto Fernández. 

Aun sin transformar el modelo sojero, según trabajos publicados por el INTA es posible producir la misma cantidad de granos aplicando el 50 % de los agrotóxicos que se usan actualmente. Pero la descarga de químicos sin control vuelve urgente una transición hacia otro modelo en armonía con la naturaleza: la agroecología. A diferencia del agronegocio, repara en lo ecológico, económico y social; desde lo local, apuesta a la diversidad biológica y a que las plagas sean bloqueadas por enemigos naturales. 

Santiago Sarandón, titular de la cátedra de Agroecología de la UNLP, plantea en la introducción a Biodiversidad, agroecología y agricultura sustentable (2020) que “de una agricultura extractivista, depredadora de los bienes comunes, altamente dependiente del uso de insumos (caros y peligrosos), que afectan tanto a los propios agroecosistemas como a los ecosistemas naturales y a la salud de la población, socialmente excluyente, debe pasarse a un modelo basado en procesos ecológicos”. Para esta concepción la agrobiodiversidad puede “compatibilizar una producción sana, diversa y abundante de alimentos con la conservación de los bienes comunes”. 

El modelo agroindustrial está agotado, es insostenible e inconstitucional, ya que pone en peligro el bienestar de las generaciones futuras. En más de veinticinco años no se sancionó una ley de presupuestos mínimos para el uso de agroquímicos y fertilizantes. El agronegocio nunca la necesitó: “Hoy por hoy están regulados por resoluciones administrativas que se deciden en despachos ministeriales donde las grandes corporaciones de agronegocios saben hacer muy bien sus lobbys”, explica Cabaleiro. 

La Corte espera el dictamen de la Procuración General de la Nación sobre su competencia en el amparo, pero al abogado de Naturaleza de Derechos no le cabe duda de que es el máximo tribunal el que debe intervenir, ya que el Paraná es un bien ambiental compartido por varias provincias. Pese a la urgencia, Cabaleiro está “acostumbrado a los tiempos de la Justicia. Forma parte de los bemoles de la profesión, máxime en materia ambiental, donde no tenemos un fuero propio”. 

Los Estados nacional y provinciales asumen una postura antropocéntrica en la que el Paraná es “un mero instrumento del agronegocio o una mercancía”, protesta Cabaleiro. En la presentación dejan claro que vale la pena pelear por el Paraná y su biodiversidad  per se y no solo en función de los derechos humanos afectados. 

En América Latina, asediada por megaproyectos multinacionales, los derechos de la naturaleza son un tema muy sensible. Pero aun en países donde hubo reconocimiento constitucional y legal, como en Ecuador y Bolivia, los activistas ambientales sufren ataques y persecuciones, mientras los Gobiernos, con la excusa de atraer divisas, avalan el avance extractivista. Hay que ponerles freno. 

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