Persecución política y económica en Córdoba: el agua es de todxs

El municipio de Villa Carlos Paz, encabezado por el intendente Daniel Gómez Gesteira, continúa con un plan de destrucción y hostigamiento hacia la Cooperativa Integral Regional de Provisión de Servicios Públicos (La Coopi), una de las más reconocidas del país por su amplia trayectoria y compromiso social con la distribución del agua potable.

Por Meli Cuitiño

El conflicto lleva años, incluso desde la gestión anterior a cargo del radical Esteban Avilés, hoy presidente de la Agencia Córdoba Turismo, quien en su arremetida contra la economía social y popular puso en jaque un derecho humano fundamental: el acceso al agua potable, principal servicio que La Coopi presta desde hace 57 años a la comunidad del Valle de Punilla. La fecha límite de este ataque que impusieron los representantes municipales, avalados por la justicia provincial, es el 26 de febrero, día en el que por decreto y fallo de la corte pretenden arrebatar la concesión de un servicio de alta calidad para luego privatizarlo. Nada mal a la vista del empresariado político en una ciudad turística con alto crecimiento del negocio inmobiliario. 

Fundada en 1963, La Coopi es un emblema del cooperativismo solidario por la calidad de sus servicios e indispensable herramienta social de la ciudad y de otras localidades cercanas. Día a día brinda todo tipo de asistencia a centros vecinales y escuelas, presta servicios de internet y cobertura en la región para las familias; representa una organización abierta con espacios culturales diversos que ofrecen talleres de pintura, folclore y canto, entre otras actividades artísticas para la sociedad. 

Enfrentada a la embestida institucional de un Estado que intenta despojar las prestaciones que brinda a los ciudadanos, la cooperativa logró una medida cautelar para poner freno a esta situación. Mientras, sus trabajadores continúan en plan de lucha en defensa de la economía solidaria para que no vulneren sus derechos, y lo hacen a través de la prestación, para todos los vecinos, de un servicio esencial: el agua, pero también de cloacas, gas y las telecomunicaciones. Por otra parte y frente a esta destrucción de la cooperativa, se ponen en riesgo otros derechos básicos de los habitantes de la región, dando como resultado la pérdida de diversos servicios públicos de índole cultural, educativo y de comunicación. 

Economía Social Vs. Negocios Privados 

En diálogo con Revista Sudestada, Natalia Luna, Secretaria General de La Coopi comenta que “el poder municipal copta todos los medios de comunicación locales de Carlos Paz, nacionales y provinciales, por lo que estamos condicionados a visibilizar la situación de boca en boca, casa por casa para difundir esta problemática que se profundizó con el último decreto”; el que con su readecuación deja sin contrato de concesión el servicio del agua para pasar a manos de la administración pública y poner en peligro 400 puestos de trabajo directo e indirecto. 

Razón suficiente para ir a las calles y hablar con la gente, “no se nos hace fácil, al tener atrás esta máquina de poner dinero y de tapar la pluralidad de voces con las gigantescas pautas que manejan”, agregá. Desde La Coopi ya recurrieron a instancias judiciales y hasta presentaron un recurso de amparo frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar esta persecución de la vida institucional de la cooperativa, que se encarga también de la prestación de otros servicios sociales para las vecinas y vecinos de la zona: la radio comunitaria VillaNos y hasta un banco de sangre solidario con cobertura para más de 75.000 personas. Finalmente, Luna concluye que “se ha generado un espacio multisectorial, de varias organizaciones con diversidad y pluralidad de voces e integrantes para defender a los médicos y médicas del hospital municipal que desde el 31 de diciembre han sido desvinculados y trasladados sin razón alguna, sumándose así a la problemática que afecta al servicio de agua potable a nivel regional y sanitario”. 

Belén Rizzo, que es responsable del área de comunicación institucional de la Coopi, comparte a Sudestada que se manejan con sus redes sociales y en los barrios para hacer escuchar sus voces, aunque dice que es “difícil contrarrestar esa instalación de agenda de los medios y la difamación hacia los trabajadores y los servicios que manejamos, igual tenemos el apoyo de la gente que no han logrado engañar los grandes medios y lo comprobamos día a día por lo construido hace 57 años”.

Persecución y Derechos Humanos 

Por su parte, el responsable del área técnica y planificación estratégica de la prestación de servicios y obras de agua y cloacas, José Ipolito dice: “somos trabajadores que venimos desde las bases y con el tiempo nos preparamos para afrontar la conducción de esta cooperativa, somos los trabajadores los que mantenemos una dirección en La Coopi y creemos que para poder construir un proyecto colectivo que genere más fuentes de trabajo genuinas, es que elegimos a nuestros delegados y jugamos políticamente fuerte para afrontar esta situación límite”. 

Cabe aclarar que desde hace 12 años no hay diálogo con el municipio que continúa sin responder a pesar de la infinidad de cartas y pedidos de la mano del sindicato y de los presidentes del consejo de la cooperativa por la titularidad del servicio del agua y, en este sentido, José remarca que “hay dos modelos en pugna, el nuestro y el poder político que quiere seguir manejando el clientelismo político, como a lo largo de la historia de nuestro país”. 

Con el nuevo decreto la municipalidad busca imponerse con mecanismos arbitrarios como enviar a infantería a La Coopi para la revisión de bienes y base de datos, además de labrar actas de infracción por ocupar media calzada del espacio público que los miembros cooperativistas realizan con el propósito de darle visibilidad a este conflicto. Para cerrar, José expresa que “quizás el 26 de febrero, que es la fecha tope que nos han impuesto, perdemos, pero el 27 pensaremos cómo recuperamos lo que perdimos; así estamos pasando esto, llevando adelante este proyecto y prestando los servicios sin manos sucias por detrás con el poder político de turno que nos quiere destruir,  seguimos resistiendo, como históricamente lo hemos hecho”. 

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El intendente de Carlos Paz a su vez responsabiliza a los trabajadores de la cooperativa mediante comunicados que notifican que, de no trasladarse al estado municipal, perderán los puestos de trabajo, eso sin tener en cuenta la precarización que significa pasar a ser contratados o becarios. Y en este sentido, Roque Merlos, coordinador del servicio telecomunicación de La Coopi declara a Sudestada que “el cuerpo de trabajadores es muy unido para defender la institución y frenar la destrucción de la cooperativa que tenemos, llevamos estas acciones como la de barrer la ciudad para informar lo que sucede si se pierde el servicio de agua en la región de punilla, y es una tarea difícil, pero los trabajadores estamos comprometidos para defendernos del ataque del municipio en esta nueva temporada”. 

En Carlos Paz ser un trabajador estatal equivale a formar parte de un régimen de becas que es avalado por el estado provincial, por lo que Roque cuenta que no quieren ser becados ni precarizados: “es extorsión del Estado, aportamos 30 millones de pesos mensuales a la ciudad, acá educamos a nuestros hijos, nos desarrollamos y gastamos nuestro dinero, aportamos al producto bruto de esta región, y avasallan nuestros derechos como trabajadores por ser protagonistas y eso  molesta e irrita al poder político de turno”. Como en muchos otros casos, el poder político empresarial pondrá en su mira a quienes quieren construir una sociedad más justa y democrática, por eso La Coopi no se planta y seguirá en pie de lucha con sus trabajadores en defensa de los derechos humanos.

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