Petróleo de los otros y el mar de Pfizer

El Gobierno reconoció que pretende colocar regalías petroleras como garantía para destrabar la compra de la vacuna. Cómo es la política estatal de entrega del mar a empresas extranjeras que inauguró Macri. 

Por Patricio Eleisegui

“Se elimina de la ley la protección con inmunidad soberana para las regalías adeudadas a la República Argentina. Estas regalías de ninguna manera incluyen las de las provincias. Son regalías adeudadas a la República Argentina. Y además este es un fondo donde el deudor es el Estado nacional. Responde el Estado. Al bien que se le quitó inmunidad soberana es a las regalías percibidas por el Estado nacional, de ninguna manera involucra ninguna regalía que reciben las provincias autónomas por sus recursos naturales”.
Con esas palabras, en instancia de presentación ante la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, Vilma Ibarra, secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, oficializó el martes 6 un hecho inaudito: el Gobierno propone regalías petroleras como garantía en la negociación por las dosis de la vacuna Pfizer. Ibarra detalló este movimiento en compañía de Carla Vizzotti, actual ministra de Salud, y Cecilia Nicolini, asesora presidencial.
El DNU que incluye este aspecto aún debe ser validado en el Congreso, pero representa una de las muestras más contundentes de la posición que, en los últimos años, viene tomando el Estado en cuanto a la utilización de los recursos naturales como moneda de cambio. Pero gana mayor gravedad si se toma en cuenta cuáles son los activos que resultarían alcanzados de avalarse la norma.
Las regalías que percibe el Estado nacional, y que ahora se proponen como respaldo –como se remarcó– sin que ello afecte la recaudación de las provincias con actividad hidrocarburífera, corresponden a las explotaciones offshore –ultramar– que se desarrollan a partir de las 12 millas de las costas territoriales. Estas surgen hoy de un entramado de plataformas bajo control de las firmas Total Austral (Francia), Wintershall DEA (Alemania), Pan American Energy (dominada por la británica BP y la china CNOOC) y ENAP (Chile). Todas ubicadas en el extremo sur de la Patagonia.
La elección de las explotaciones mar adentro ocurre a la par de los intentos oficiales por avanzar con una potencial extracción muy cerca de Mar del Plata. Desnuda, en concreto, la mirada estatal del ecosistema marino como un futuro Vaca Muerta sobre el que ya pueden tejerse todo tipo de estrategias comerciales y financieras a partir de las perforaciones por venir.
Según datos de, justamente, la Secretaría de Energía, Nación percibió durante 2020 algo más de 2,2 millones de dólares en concepto de regalías por la extracción offshore. La puesta en garantía deviene, entonces, breve en lo monetario pero inmensa desde lo simbólico. 
El jueves por la mañana pude mantener diálogo con un ex secretario de Energía con llegada al Gobierno. Le pregunté por antecedentes de este tipo en la historia de Argentina y la región. “No recuerdo que esto haya pasado antes en esta parte del mundo. Es un disparate hipotecar esos activos. Dentro de la lógica no debería ser posible”, dijo. 
La incertidumbre respecto de quién toma o quiénes diagraman este tipo de decisiones es pilar renovable de la Argentina extractivista. 
La potencia de esta decisión, ocurrida a pocas horas de concluida la audiencia pública multitudinaria que condenó la intención petrolera gubernamental en Mar del Plata, lleva inevitablemente a indagar en qué es lo que está ocurriendo con los ecosistemas marinos locales y el interés hidrocarburífero. 

Cinco años tarde
Víctor Quilaqueo es investigador del Observatorio Petrolero Sur. Su conocimiento es clave para establecer una línea de tiempo inherente al revitalizado interés estatal por la explotación de gas y crudo offshore. 
“No me imaginaba que podían hacer algo así. Tuve que chequearlo en más de un medio porque no se me hacía real”, comentó, respecto de la garantía petrolera por la vacuna de Pfizer, en las primeras frases de nuestro diálogo. 
“Esto que estamos atravesando ahora, en términos de las licitaciones y los intentos por promover proyectos de hidrocarburos en el mar, empezó a tener impulso definitivo en 2016. En ese momento hubo un movimiento de doble tenaza que aprovechó el sector petrolero: por un lado, se ampliaron las aguas internacionales que se le reconocen a la Argentina. Por otro, entre 2016 y 2018 se fijaron resoluciones para iniciar las exploraciones. Todo esto ocurre en el gobierno de Mauricio Macri”, detalló.
“Hasta ese momento, el interés por el offshore era poco y nada. YPF tenía algo de presencia, Enarsa, pero pequeña, cerrada. Si bien la exploración en el mar argentino comenzó en 1969, la decisión de salir a utilizar económicamente ese espacio comenzó a tomar velocidad a la par de la promoción de Vaca Muerta. Y se terminó de profundizar del todo en 2020”, agregó.
El macrismo entregó permisos de exploración en la plataforma marina doméstica por 1 millón de kilómetros cuadrados. En abril de 2019, 13 compañías del rubro ofertaron casi 1.000 millones de dólares por 18 áreas marinas bajo control argentino.
Participaron de la compulsa: ENI (Italia), Tullow (Gran Bretaña), Qatar, Equinor (Noruega), ExxonMobil (Estados Unidos), Total (Francia), YPF, Shell (anglo-holandesa), Pluspetrol (Argentina, familia Rodríguez), Mitsui (Japón), Tecpetrol (Argentina, grupo Techint), BP (Gran Bretaña) y Wintershall (Alemania).
Quilaqueo sostuvo que “a la discusión de la soberanía y el manejo de los recursos llegamos 5 años tarde”.
“Entre 2016 y 2017 cerraron buena parte de la estrategia estatal. El tema de la soberanía ya ni se discute. Hay que pensar que cada petrolera, cada plataforma, es la representación de otro país. Capitales extranjeros en el mar propio”, dijo.
Los detalles de cómo se está llevando a cabo la entrega son nefastos en todas sus escalas. El mapeo de las cuencas plausibles de ser explotadas es realizado por compañías internacionales que, además de recibir millones del Estado argentino, guardan para sí parte de los datos que genera el relevamiento. No por antojo: así son los contratos que vienen celebrando con los gobiernos de turno.
“Esas mismas empresas después venden esos datos a terceros. Son dueñas de mapas completos. Los promocionan en sus páginas Webs y demás. La petrolera que quiere saber qué hay en el mar de Argentina paga y accede a esa información clave. O si no se la entrega el mismo Estado. Ninguna de estas compañías mueve una torre si no hay una gestión que les garantiza el negocio”, precisó Quilaqueo.
La noruega TGS AP Investments es una de las firmas que viene efectuando relevamientos mediante la funestamente conocida exploración sísmica. La técnica en cuestión genera detalles de la estructura geológica a base de bombardeos que, en términos de potencia, igualan al despegue de un cohete espacial. Liquida la fauna marina, provoca daños irreversibles en el hábitat.
Las exploraciones sísmicas, señala un informe de Greenpeace, “funcionan efectuando disparos submarinos con cañones de aire que crean ruidos increíblemente fuertes, que provocan un impacto en más de 300.000 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a la provincia de Buenos Aires”.
La organización menciona a ballenas francas australes, orcas, delfines, lobos y elefantes marinos, pingüinos e incluso las poblaciones de peces, entre las especies más afectadas por este método.
“En ninguna de las ecuaciones ingresa el pasivo ambiental. No se toma en cuenta la afectación de las economías locales. Por ejemplo, el offshore acaba por completo con la pesca. Transforma a las poblaciones cercanas en dependientes porque la explotación de hidrocarburos no es compatible con ninguna otra actividad productiva en un mismo lugar. O sea, reduce la cantidad posible de puestos de trabajo. Y además eleva los precios de las zonas donde se realiza. El costo de vida en las zonas petroleras es muy alto, excluyente”, expresó Quilaqueo.

Foto: Diario Rio Negro

Apurar el mapeo
Lo que ocurre hoy en Argentina debe leerse, también, en clave regional. En ese sentido, un trabajo del Observatorio Petrolero Sur expone puntos comunes en los distintos movimientos que gobiernos y empresas tienen llevando a cabo en torno a los hidrocarburos en América latina. 
“Presencia de empresas privadas y de bandera del Norte y Sur global, discursos desarrollistas en torno a la seguridad energética, lobby petrolero, falta de transparencia, y resistencia y defensa territorial del mar y la vida por parte de comunidades locales”, detalla la organización, en referencia a las particularidades que muestra el renovado interés por las reservas de crudo y gas, precisamente, en toda la región.
Para luego añadir: “El panorama del offshore en la región tiene la dualidad de ser simultáneo y particularizado. O sea, está sucediendo en todos los mares de nuestro continente al mismo tiempo y tiene efectos locales muy concretos”.
Víctor Quilaqueo encuentra a la actividad hidrocarburífera mar adentro una movida incluso inviable en términos económicos. Esto, claro, en términos de eventual ganancia estatal. Las compañías, en cambio, gozan de otros alicientes: mapeo de las cuencas cubierto por los gobiernos, mantenimiento estatal de plataformas, programas oficiales de incentivos a la explotación que incluyen desde financiamiento directo a préstamos a tasa mínima, pasando por beneficios fiscales y exenciones impositivas.
“En 2019, Brasil reconoció que el funcionamiento de una plataforma marina le costaba 380.000 dólares diarios. El año pasado, se informó que reactivar el proyecto Fénix en la cuenca Austral de la Argentina demandaría 1.000 millones de dólares. Total, PAE y Wintershall, los consorcios interesados, dijeron al Gobierno que les interesaría participar si luego se los incluye en el esquema de precios fijos establecido como incentivo para el gas. De esa forma, las petroleras se garantizan una ganancia fuerte más allá de lo que ocurra con el valor internacional del combustible, además de acceder a incentivos que suelen ser fugados al exterior”, comentó el experto.
En simultáneo a la voluntad del Estado de promover el sacrificio del mar como área petrolera, Quilaqueo sostuvo que la presencia de tantas compañías interesadas en el negocio que pretende inaugurarse en la Argentina responde, también, a una agenda climática global que ya le puso fecha de caducidad a las extracciones tal como las conocemos.
Simplificado: las petroleras saben que las explotaciones masivas acabarán en décadas cercanas por efecto de la presión política. Por ende, han decidido apurar el paso para hacerse con la mayor cantidad de hidrocaburos en el menor tiempo posible. 
El investigador del Observatorio Petrolero Sur me lo explicó de esta forma: “Como forma de mitigar el cambio climático, los países centrales acordaron reducir sus emisiones para el año 2050. Estas empresas no se manejan al margen de lo que establecen sus gobiernos. La mayoría ya expuso que operará sin cambios, al máximo ritmo de extracción, por lo menos hasta el 2035. Y luego sí irán parando. El avance y la intensificación de la actividad petrolera que estamos viendo tiene que ver con ese apuro porque el negocio se acaba”.
“Argentina, Colombia, Honduras, son lugares que prácticamente no habían sido tomados en cuenta en el mapa de la energía en el mar. Por eso las petroleras ahora están tan interesadas. Van a venir por todo y con urgencias porque les queda poco tiempo. Equinor, Total, notificaron que bajarán la intensidad incluso antes, como en 15 años. En términos ambientales, y también desde la perspectiva de las economías regionales, ese es un aviso del desastre que viene”, concluyó.
Vista de forma integral, la decisión gubernamental de colocar regalías petroleras como garantía para destrabar la compra de vacunas no es más que el pico minúsculo de una extensa cordillera extractivista que, en este caso, se mantiene sumergida. Su valor simbólico es largamente superior al tenor de los fondos que se pretenden separar para respaldo de la negociación. 
La entrega de soberanía es la moneda de cambio real que hoy dice presente en la mesa que comparten el Estado y las petroleras. Espacio, ese, donde se discute con celeridad el sacrificio de un mar al que la burguesía empresarial del país siempre miró con menosprecio. 
Y que ahora, desde ese mismo sentimiento y con respaldo de gobiernos urgidos de favores en dólares y de los otros, se lo piensa como un territorio económicamente valioso a la par de desechable. 
Lo no percibido por estos actores, al menos no de forma cabal, es que comunidades, colectivos y organizaciones populares ya desentrañaron lo que viene. Y que la resistencia en los territorios –muestra más reciente: Mar del Plata–, apuntalada por reclamos y luchas históricas en zonas marítimas de regiones como la Patagonia, es una ola de tsunami que se agiganta y promete ahogar esta renovada manera de estimular el saqueo.

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