Por Cecilia Solá
El viernes pasado, en Salta, fue detenida durante dos horas e incomunicada la única médica no objetora de conciencia del Hospital de Tartagal. La razón: obedecer la ley y desoír el mandato y la amenaza recibida para impedir que practicara un procedimiento de IVE, solicitado por una joven que declaró que vivía en situación de calle y que no podía ser madre. Ahora, la joven que había asegurado que “quería abortar” radicó una denuncia contra la médica y dijo que la obligó. “Cuando hablé con mi tía y mi tío, ya no quería hacerlo y más aún cuando vi a mi hija”, señaló la mujer en la denuncia. Ante esto, la profesional explicó que no puede obligar a nadie a abortar, que no actúa sola, sino que “la institución avala el procedimiento legal, porque hemos interconsultado”. También agregó que existe “una organización mafiosa entre la justicia, el sector político, la iglesia y protectores de ginecólogos abusadores, que no solo no les importa avasallar la intimidad de la paciente, sino que la han expuesto mintiendo sobre la historia clínica”.
Desde que se sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Salta es noticia corriente por el sinnúmero de obstáculos que se originan en su sistema médico y judicial para impedir a las mujeres y personas gestantes acceder a su derecho.
No es ninguna novedad que existe una fuerte complicidad entre el clero, la justicia y el sistema de salud salteños, destinada a impedir o retrasar el cumplimiento de la Ley 27610; de hecho, la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud interpeló a las autoridades sanitarias de Salta al percibir “problemas recurrentes” en el cumplimiento del acceso a la ILE, dando cuenta de que el 25% de los llamados que recibe la línea nacional de Salud Sexual (0-800-222-3444) fueron realizadas por pacientes que no pudieron acceder a su derecho en tiempo y forma.
Esta burda maquinación queda claramente expuesta en el caso de la detención arbitraria e ilegal de la única médica que no es objetora de conciencia en Tartagal, a raíz de la denuncia de una familiar de la joven que se presentó al hospital J.D Perón solicitando la interrupción de su embarazo, y aduciendo que no podía llevarlo a término dado que vivía en la calle y carecía de todo recurso.
De las posteriores declaraciones de un supuesto tío policía, y luego de la misma joven se desprenden ciertos datos no menores, y que evidencian claramente la parcialidad y espíritu antiderechos de la justicia salteña.
- Un médico de apellido Vidal llamó por teléfono al tío policía avisándole de un procedimiento médico privado solicitado por una persona mayor de edad e instándolo a detenerlo, una grave falta contra la confidencialidad médico-paciente.
- La denuncia es radicada por una tía de la joven, no por la paciente, que es la púnica con potestad para denunciar ese tipo de delito, otra grave falta de la justicia que tomó esa denuncia.
- En la historia clínica se deja expresa constancia de la voluntad de la paciente, quien recibió el tratamiento químico por su voluntad, dando inicio a un proceso que no podía detenerse sin grave riesgo para ella misma.
- Una concejala de apellido Subelza, que se presenta a sí misma con el cargo de Directora de la Secretaría de Niñez y Familia de Tartagal, aunque no hay certeza de que ocupe ese cargo, llamó al director del Hospital amenazándolo para que detenga el procedimiento, y luego, contraviniendo cualquier protocolo, dio a conocer el nombre de la médica en declaraciones difamatorias y falaces.
- El abogado del policía y su esposa, quienes dicen ser tíos de la joven, es el mismo que defiende al ginecólogo Cornejo, acusado de abusar sexualmente de una menor en el ejercicio de su profesión, y contra quien atestiguara la profesional que está siendo perseguida.
- Y por último, aunque no menos importante, deteniendo a esta profesional, la única no objetora de conciencia en Tartagal y zonas aledañas, con que esta persecución huele a amedrentamiento y a impedir que se continúe cumpliendo la ley en Tartagal
Ya sabíamos, aún mientras festejábamos, que los cultores del castigo seguido de muerte para las mujeres que se niegan a parir no se quedarían quietos. No solo conseguimos la Ley, ahora hay que defenderla, decían las compañeras.
Y aquí está la prueba de que no se equivocaban: detenciones ilegales, aprietes, prensa amarillista y una causa tan fraguada como insostenible son la prueba de que, como siempre, debemos estar alertas. Y lo estamos. Porque no volveremos a aceptar ni una muerta más por aborto clandestino, ni una perseguida más por garantizar derechos, ni una intromisión más en nuestras decisiones.
No pasarán. Ni en Salta ni en ninguna parte. La manada vigila.
