Quienes producen el 60% de los alimentos que consumimos sólo poseen el 13% de las tierras productivas. La soja como “country” del agronegocio y la alternativa que exige la UTT.
Por Patricio Eleisegui
En pleno cambio de funcionarios, siempre desde la perspectiva de retener el poder tras el resultado de las PASO, el Gobierno volvió a relanzar su estrategia de producción agrícola basada en la siembra y exportación de transgénicos
-OGM, en la jerga- bañados con agrotóxicos. La misma que, desde mediados de los 90, redundó en la sojización de la economía, inauguró el catastrófico concepto de pueblos fumigados y, lo confirman los números duros, nos trajo a este presente de 50% de la población en estado de pobreza, según informó el Consejo de Coordinación de Políticas Sociales de Presidencia.
En el marco del congreso de ACSOJA, entidad que integra a los popes de la producción de la oleaginosa OGM a nivel doméstico, Julián Domínguez, reemplazante de Luis Basterra al frente del Ministerio de Agricultura, anticipó el deseo oficial de alcanzar los 70 millones de toneladas de producción del poroto manipulado genéticamente.
“Hoy participé del Seminario ACSOJA 2021. Gracias a los productores y a las productoras, a los investigadores y a las investigadoras y a los científicos y a las científicas que potencian el desarrollo de nuestra economía”, escribió en Twitter el Ministro el martes 21, en otro guiño para el segmento que viene inundando el ambiente con transgénicos desde hace 25 años.
“No se concibe a la Argentina sin el campo, y no se concibe al campo sin el milagro que han generado los productores de este país”, dijo Domínguez en el evento, por si hacía falta endulzar un poco más al auditorio pro glifosato. El Estado, otra vez, enarbolando ese discurso cretácico que pregona una vieja pretensión de potencia agroexportadora y omite por completo la producción doméstica del alimento que consumen los argentinos.
De cualquier idea de agroecología, ni noticias.
Por fortuna, y a tono con la manera en que los alimentos sanos, seguros y soberanos vienen brotando en la Argentina, el campo que alimenta persiste y se multiplica más allá del ninguneo oficial. Prueba grande de eso: el acampe llevado a cabo el lunes y martes pasado, frente al Congreso porteño, por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT).
La organización viene exigiendo la aprobación de herramientas financieras que faciliten el acceso a la tierra para campesinas y campesinos. En concreto, reclama el aval a un proyecto de ley que establece créditos blandos para los pequeños productores, con vistas a favorecer la adquisición de lotes para la expansión de, justamente, el cultivo de alimentos saludables y la mejora en las condiciones de vida de los agricultores.
Suman tres las presentaciones de la iniciativa “Ley de Acceso a la Tierra”, a la que también se menciona como una versión rural del plan Procrear. El proyecto fue impulsado por primera vez en 2016. Las gestiones se suceden y no hay avances al respecto. Los patrones del territorio, espaldarazo político mediante, siguen engordando sus privilegios.
En Argentina, según el último censo agropecuario, apenas el 13 por ciento de la tierra está en manos de pequeños productores, quienes producen más del 60 por ciento de alimentos que circulan en el mercado interno. El 1 por ciento de las empresas agrarias controla el 36 por ciento de las áreas cultivables de nuestro país.
Más datos: el 55 por ciento de las chacras más pequeñas representa el 2 por ciento de la superficie cultivable. Sólo entre 2002 y 2018, se perdió más del 25 por ciento de las explotaciones agropecuarias. La medición confirmó que entre 1988 y 2018 se extinguió el 41,5 por ciento de las chacras.
La concentración de tierras también es un modelo de Estado.
Traba para la agroecología
En la UTT nadie duda de que este dominio de las zonas productivas que ejerce un pelotón acotado de empresarios, pooles y transnacionales, obstaculiza la expansión de la agroecología.
“Si seguimos con este modelo que excluye la posibilidad de que las familias de productores tengan acceso a la tierra, si tienen que seguir alquilando, será muy difícil ampliar la propuesta de la agroecología”, me comenta Lucas Tedesco, referente de la organización.
“Acá, en el cinturón hortícola de Florencio Varela, Berazategui y La Plata, hay más de 20.000 familias que alquilan. Facilitar el acceso a la tierra permitiría que se pueda planificar una producción. Hoy es muy difícil llevar la propuesta de la agroecología porque quizás la familia que tenés al lado fumiga y contamina”, añade.
Tedesco acerca como ejemplo de lo que se puede lograr con la propiedad de la tierra a la colonia Darío Santillán que la UTT mantiene activa en Jáuregui, muy cerca de Luján, en la provincia de Buenos Aires.
“En esa colonia hoy producen 45 familias que venían del sistema convencional y pasaron a ser dueños de la tierra. Pudieron tener una vivienda propia, construida con materiales nobles y abrazar la agroecología”, destaca.
La imposibilidad de la vivienda digna es, precisamente, un drama que comparten productoras y productores del campo que alimenta. “Los dueños de la tierra no permiten construir con materiales nobles. Ni ladrillos ni nada. Las familias sólo pueden utilizar los mismos materiales con los que se generan los invernaderos: nylon, chapa y algo de madera”, precisa Tedesco.
Generar créditos para el acceso a la tierra podría cambiar, también, el escenario habitacional. “La ley tendría un impacto positivo en ese sentido. Claro que no es lo único que se necesita. Deben generarse políticas públicas de promoción de la agroecología, de aquellos canales de comercialización que tienen que ver con los alimentos sanos. Y también deben ponerse en la balanza y revisarse los acuerdos con el agronegocio”, dice.
Justamente, agronegocio, inflación y pobreza, enumera Tedesco, son los ítems que no han dejado de incrementarse en los últimos dos años.
De acuerdo a estimaciones de la UTT detalladas a fines de 2020, el otorgamiento de un crédito de 110 millones de dólares brindaría a 2.000 familias la oportunidad de acceder a una hectárea propia con infraestructura y vivienda.
“Sólo con un tercio de lo que el Estado argentino le prestó a la empresa privada en quiebra Vicentin (300 millones de dólares), o con un 4 por ciento de lo que el fisco recaudó por retenciones entre enero y agosto de 2020 (233.200 millones de pesos), se podría dar una salida real a miles de familias productoras y sentar las bases de un nuevo modelo agroalimentario en la Argentina”, afirmó la Unión de Trabajadores de la Tierra en el último tramo de noviembre del año pasado.
El “country” del agronegocio
“La gran concentración de tierras que ostenta el modelo agroindustrial, las empresas multinacionales, los terratenientes que especulan con el dólar, atenta contra la soberanía alimentaria. Tenemos cada vez más campos con soja, maíz y cereales para la exportación. Lo insólito es que, aunque se trata de un sector que también atenta contra el Gobierno, el mismo Gobierno no ha hecho más que fortalecerlo”, expone Tedesco.
El modelo de “commodities” agrícolas que comenzó a consolidarse a mediados de los 90 redundó, con el correr de las décadas, en una sojización de los territorios que arrasó con los espacios donde antes se producían, por ejemplo, frutas y verduras. “Generar facilidades para ese acceso a la tierra permitiría rescatar la diversidad”, afirma.
Al mismo tiempo, esa desconcentración también desaceleraría la permanente suba de precios que exhibe la tierra en general.
“Vivo desde hace 11 años en San Vicente, en una hectárea. Antes la tierra, acá, prácticamente no tenía valor. Ahora, por los countries que se fueron levantando en los alrededores, el precio es altísimo. La soja es el country del modelo agroindustrial. Si no hay regulación, dolariza el lugar donde vivís”, señala el referente de la UTT.
“Sin límites al modelo sojero, a los countries, la frontera de los lugares donde se producen los alimentos se aleja más y más. Eso encarece los productos por el costo del flete”, ejemplifica.
Para enseguida proponer: “Si pudiéramos diversificar, generar más colonias de producción agroecológica para abastecimiento urbano, desconcentraríamos también la elaboración de alimentos. Si muchos productores dejan de alquilar y se vuelven dueños de la tierra, entonces se podría acercar más alimento a los municipios, a otro precio. Y el valor de la tierra, entonces, se volvería algo estable”.
