Por Valeria Foglia
Familias campesinas y bosque nativo están en peligro en El Impenetrable chaqueño. El Frente Nacional Campesino (FNC) denuncia que desde hace un mes el empresario del carbón Gerardo José Curti ocupa y desmonta ilegalmente tierras de pequeños productores ganaderos criollos en el paraje El Caudillo de Sauzalito, departamento de General Güemes. Acaparamiento de terrenos campesinos e indígenas, topadoras sobre bosques de algarrobo y quebracho, civiles armados, amenazas y complicidad entre Gobiernos y empresarios son parte del paisaje.
Lejos de estar despobladas, las ocho mil hectáreas sobre las que según el FNC avanza el dueño de Comercial Corzuela SRL, empresa dedicada a la tala y desmonte de bosques nativos, “atravesarían casas, alambrados, potreros, corrales, chiqueros, pozos y represas”. Unas diez familias sufrirían desalojos, mientras que cien quedarían sin campo, es decir, sin medios de subsistencia. “Somos pequeños productores de vacas, chivos, chanchos y apicultura, cuidando la tierra y nuestra naturaleza”, le cuenta a Revista Sudestada Gervasio Juárez, referente de la Asociación Civil Comunitaria El Caudillo (FNC).
En una nota enviada a mediados de junio al gobernador Jorge Capitanich describen cómo Comercial Corzuela destruye con topadoras el monte nativo, espanta el ganado, hace deslindes (procedimientos para delimitar propiedad) en sus terrenos y hostiga e intenta sobornar a las familias campesinas. Juárez relata que es frecuente ver “personas extrañas armadas”, recibir visitas amenazantes en las casas y hasta atropellos con topadoras en tierras campesinas. “No sabemos quiénes son. Creemos que es gente de Curti”, agrega.
Licencia para desmontar
En la comunidad denuncian ”errores”, “irresponsabilidades” y “complicidades” por parte de funcionarios. Todo comenzó en 2015, explica Juárez, cuando Curti, miembro de la Cámara de Exportadores de Carbón Vegetal, se instaló en la zona. En ese momento, gracias a sus reclamos ante las autoridades habían logrado frenar la actividad de Comercial Corzuela.
Sin embargo, “siguen destruyendo nuestros bosques, hostigando a las familias campesinas, intentando sobornarlas y violando derechos humanos. Son cientos quienes esperan sin respuesta la adjudicación de sus tierras, promesa incumplida Gobierno tras Gobierno”, como sostienen desde la organización socioambiental Somos Monte, que propone que a través de una ley provincial se reconozca “los derechos de las familias de El Caudillo a las tierras que ocupan”.
Para el empresario Curti la situación fue muy diferente: en 2019, durante el mandato de Domingo Peppo, el Instituto de Colonización -por entonces a cargo de Walter Ferreyra- y la Dirección de Bosques le otorgaron 2.575 hectáreas, cuando la máxima superficie permitida es de 1500. Juárez apunta que además “es una zona roja que no se puede topar”, en referencia a la máxima categoría de protección según el Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.
El caso de Comercial Corzuela es otra muestra del aval de la gestión de los distintos gobernadores de Chaco a los desmontes, aun incluso después del fallo de noviembre de 2020 con el que la Sala Primera de la Cámara en lo Contencioso Administrativo suspendió permisos que había otorgado desde 2014 al presente.
Chaco, una provincia con rica biodiversidad y cuyos pueblos originarios reclaman su derecho a la tierra, se ha convertido en una usina de malas noticias para los luchadores ambientales y las soluciones a la crisis climática basadas en la naturaleza -como bosques y cursos de agua-.
A la deforestación récord en el Gran Chaco -segundo ecosistema forestal más grande de América Latina después de la Amazonia-, la amenaza de extinción de especies nativas como el yaguareté, la falta de agua y los planes de Capitanich para instalar megagranjas porcinas se suman los desalojos, la represión y la usurpación en tierras campesinas.
Aunque al cierre de esta nota han cesado momentáneamente las topadoras, la situación es tensa e inestable en el paraje chaqueño, ya que la empresa de Curti no se movió del lugar. Juárez asegura que los habitantes de El Caudillo están “muy alertas”, con campamentos en la zona del conflicto para defender sus derechos y reclamar respuestas urgentes al Gobierno de Chaco.
