Agrotóxico, megaminería y “fracking”: Fernández blanqueó la agenda 2022

Imagen: Telam

En el inicio de las sesiones ordinarias el Presidente detalló los proyectos de ley que impulsará el Gobierno. Respaldo renovado al agronegocio transgénico, la minería en salares y la fractura hidráulica en Vaca Muerta. Anticipó una iniciativa de hidrógeno verde, pero sin aclarar de dónde saldrán el agua y la electricidad que requiere esta alternativa.

Por Patricio Eleisegui

“… le pido a esta honorable Congreso de la Nación enriquezca y mejore las propuestas que hemos enviado como así también las que vamos a enviar. Por nuestra Argentina. Por nuestros hijos e hijas. Espero que cada uno de estos proyectos de ley se concrete lo antes posible. Así estamos construyendo la Argentina del futuro. Necesitamos alcanzar con nuestras políticas a todos los nichos productivos que existan…”.
Estas palabras, pronunciadas el martes pasado por Alberto Fernández en ocasión del inicio de las sesiones ordinarias del Congreso, brotaron a modo de continuidad de la serie de ejes detallados por el funcionario respecto de la actividad económica que motorizará el Gobierno a lo largo de este año. Apuestas, todas, basadas en la peor de las interacciones posibles con el ambiente y la biodiversidad. 
Sin titubeos, el primer mandatario oficializó una agenda de prioridades, otra más, atravesada por el culto intensivo al extractivismo. En concreto, Fernández reconfirmó que el cuidado de los ecosistemas lejos está de ser prioridad para su gestión. Y que la urgencia de divisas para, entre otros aspectos, cumplir las metas de pago acordadas ahora con el Fondo Monetario Internacional (FMI), volverán a primar antes que la preservación de los territorios.
Previo a ese textual, el primer mandatario detalló los planes que el oficialismo espera transformar en leyes en esta primera mitad del año. Tres ya son funestamente conocidos:

  • Proyecto de ley de electromovilidad.
  • Proyecto de ley agro bioindustrial.
  • Proyecto de ley de “desarrollo hidrocarburífero”.

A estas iniciativas se les añadirá un proyecto de “estímulo al hidrógeno” aún en etapa de confección. 

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¿A qué refieren las tres propuestas iniciales? Además de estimular el cambio de producción en las plantas automotrices, el programa de electromovilidad propone intensificar aún más la actividad minera en la Puna. En ese marco, el litio aparece mencionado como una de las “razones estratégicas” por la cual, a los ojos oficiales, conviene acelerar la aprobación de la normativa que se propone. 
“Argentina no tiene que ser un mero espectador. Queremos poner en valor nuestras materias primas, lo que tenemos en materia de minería de litio, las capacidades industriales adquiridas, la trayectoria del sector automotriz”, enfatizó Matías Kulfas, titular de la cartera de Desarrollo Productivo, durante la presentación de este mismo proyecto en octubre de 2021. Los dichos fueron divulgados en otra columna de Sudestada publicada en enero de este año.
Detrás de esta mira gubernamental colocada en los salares se encuentra, justamente, Desarrollo Productivo, que pretende hacerse con al menos 1.000 millones de dólares en 5 años a través de la licitación y entrada en operaciones de un abanico de áreas mineras distribuidas sobre todo en Salta, Jujuy y Catamarca. 
El proyecto de electromovilidad contempla prioridades sobre el mineral para aquellas compañías que anuncien inversiones a partir del marco. Además, los privados que operen bajo el paraguas de la ley ostentarán pleno dominio del destino industrial y comercial de todo el litio que se extraiga. 
Vinculado con esto, un objetivo del Gobierno explicitado, también, en el último tramo de 2021: “Crear en Sudamérica el primer enclave productivo integral, que sirva como plataforma para el país y para exportar a los países vecinos, que ya están avanzando en integrar vehículos con baterías de litio a su parque”.
Tanto en el discurso de Alberto Fernández como en el texto del proyecto se omitió y omite toda mención al posicionamiento que ya exhiben las principales automotrices internacionales en los salares del Norte. Del desembarco sostenido de empresas chinas en el rubro minero doméstico tampoco se habla. Y menos aún se hace mención al impacto negativo que genera la extracción de litio en las escasas reservas de agua disponibles en la Puna. 
Después está el agronegocio.
La propuesta que pasará por al Congreso refiere al “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal”, un programa dictado por los jerarcas del Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), organización que integra a entidades de la agricultura intensiva y exportadora como la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC) y la Federación de la Industria Molinera (FAIM), entre otras.
El texto que se buscará aprobar respalda, sin disimulo, un incremento en la generación de “commodities” a partir de la entrega de beneficios fiscales. Estos estarán atados al cumplimiento de pautas como la mayor generación de productos y la suba de los volúmenes exportados. 
La propuesta en cuestión estimulará, además, la ampliación de la ganadería bajo el esquema de “feed lot”. Se trata del sistema que en los últimos años ha ido ocupando las superficies arrasadas por los incendios intencionales en provincias como Córdoba o la misma Corrientes.
El proyecto establece, también, un incremento en la siembra de semillas fiscalizadas, la promoción de uso de fertilizantes y agrotóxicos –mencionados apenas como “insumos” en el texto base del programa–, y también sendas facilidades impositivas para un impulso aumentado de la ganadería vacuna.
A la par de la exclusión de toda propuesta de agroecología –el concepto brilla por su ausencia en todo el proyecto–, el “Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal” contempla para sus beneficiarios el otorgamiento de un bono de crédito fiscal computable ante el Impuesto a las Ganancias para quienes adquieran semillas, agroinsumos químicos y biológicos, y material genético animal. 
Los favores no se agotan ahí: también propone una devolución rápida del IVA, la creación de Fondos Comunes de Inversión y facilidades para la compra de maquinaria.
Otra pata clave de la agenda extractivista 2022 corresponde a la extracción de petróleo y gas. 
El proyecto de “desarrollo hidrocarburífero” establece que el 50 por ciento de lo que extraiga cada empresa podrá ser comercializado en el exterior. Fija, además, libre disponibilidad de dólares para operaciones internas y el giro a casas matrices, además de una reducción de impuestos como el tributo por Ganancias. Estos “beneficios”, detalla la iniciativa, estarán al alcance tanto de quienes efectúan extracción convencional como de aquellas empresas que ejecutan el “fracking” en Vaca Muerta. 
Siempre en el plano de lo energético, otra novedad comunicada por Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias consistió en la mención de un proyecto para incentivar las inversiones en hidrógeno verde. 
Si bien este rubro dispone de una ley de promoción que se aprobó en 2006 –nunca reglamentada, por cierto–, el oficialismo, a través de la Secretaría de Energía, se encuentra ultimando un esquema basado, como en los casos anteriores, en exenciones impositivas, incentivos a la exportación y libre acceso al dólar para la importación de tecnología. 
En sintonía con dicha intención, esta semana ingresó para su tratamiento en la Legislatura de Río Negro el proyecto de inversión anunciado en noviembre del año pasado por la firma australiana Fortescue. La empresa promete desembolsar al menos 8.400 millones de dólares para el desarrollo y operación de instalaciones productivas en la localidad de Sierra Grande. 
En torno a la Secretaría de Energía nacional reconocen que el movimiento de Fortescue ocurre a partir de la certeza de que el Gobierno obtendrá en breve los votos suficientes para activar esta ley de estímulo al potencial recurso. 
Dado que este tipo de generación demanda una abundante disponibilidad de agua y electricidad para el proceso de electrólisis que origina esta forma de hidrógeno, la pregunta aún sin responder es de dónde provendrán estos dos elementos para la obtención de la alternativa energética.
Apoyo renovado a las actividades que hoy sitúan a la Argentina en el pelotón de territorios con mayor afectación socioambiental a escala global. Una apuesta por el hidrogeno verde, alternativa ultra publicitada de una transición energética que nunca se inicia, de la que se desconoce el grueso de los detalles inherentes al “estímulo” que recibirán las empresas. Y ausencia de precisiones respecto de las fuentes que proveerán los dos elementos que requiere el proceso de generación.
Gobierna la agenda extractivista. Más allá del presunto parche renovable que, tibio, se desplegó durante estos anuncios de las leyes que vendrán. Sostener la duda acerca de una voluntad política que, volvió a quedar en evidencia, no deja de sostenerse a partir del usufructo permanente de la biodiversidad es elegir la ceguera. El modelo no se toca, sin importar el tenor de los desastres ambientales sucedidos y aquellos por venir.

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