Desde el 31 de octubre, hasta el 12 de noviembre, se realizará la COP 26 -Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático- en Glasgow. El evento, contará con la participación de delegaciones de casi 200 países que se reunirán en Escocia con el objetivo de tomar acciones capaces de frenar la emergencia climática. La primera semana habrá encuentros de mandatarios de todo el mundo, mientras que la segunda estará focalizada en las negociaciones de los compromisos establecidos a nivel individual y global. Se espera que una de las temáticas con mayor presencia en la COP 26 sea la implementación de la transición energética a nivel global.
Por Julieta Bugacoff
Mientras que en el Caribe, los eventos hidrometeorológicos extremos se han vuelto moneda corriente, en el resto del continente, los desastres naturales como los incendios forestales, las sequías y la pérdida de glaciares son cada vez más frecuentes. En diciembre de 2020, Venezuela se convirtió en el primer país del mundo en perder sus glaciares tropicales a causa del aumento de la temperatura en la Cordillera de los Andes. Pocos meses antes, la imagen de una jaguar junto a su cría en medio de la vegetación incendiada del Parque Estatal Encontro Das Águas había llegado a las páginas de varios medios internacionales. En total, se calcula que sólo en el 2020, el Amazonas perdió 2,3 millones de hectáreas producto de los incendios forestales.
El Acuerdo Climático de París, firmado en abril de 2016, busca limitar el calentamiento global y garantizar que el aumento de las temperaturas no superen los 2°C. Ante este escenario, la única forma de cumplir con el objetivo propuesta es mediante una transición energética que implique la eliminación de los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón). En línea con este planteo, las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que alcanzar su pico lo antes posible, y luego descender a cero antes de 2050. Por diversos motivos, América Latina parece estar muy lejos de alcanzar las metas propuestas.
El término “deuda ecológica”, fue utilizado por primera vez por el abogado español José María Borrero. Dicho concepto, refiere al nivel desigual de consumo de recursos naturales, emisión de gases de efecto invernadero y generación de desechos entre los países del Norte Global y los del Sur. A nivel mundial, América Latina es responsable sólo del 5% de las emisiones de CO2. Aún así, el último informe elaborado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) deja en evidencia que se trata de la región más afectada por el cambio climático.
El 10 de septiembre de este año, Argentina fue uno de los países que encabezó el Diálogo de Alto Nivel sobre Acción Climática en las Américas. En su discurso, Alberto Fernández destacó la necesidad de que los organismos de crédito comprometan el 50% de sus carteras de préstamos en acciones ambientales. El endeudamiento es un factor común que une a todos los países de la región, y a la vez, se trata de uno de los mayores limitantes a la hora de abordar la transición energética.
Desde varias instituciones europeas, se suele presionar al resto de los países para que adopten medidas destinadas a favorecer la recuperación ecológica. En marzo de este año, la Unión Europea anunció que en un futuro, planea aplicar aranceles a aquellos países que no cumplan con determinados requisitos ambientales. Sin embargo, para América Latina, resulta muy difícil cumplir con los objetivos, en un contexto marcado por las deudas externas. Además, en 2020, el PBI de la región cayó un 7,7%. Según los datos de un informe elaborado por las Naciones Unidas, se asignaron S$318.000 millones a medidas fiscales y de estímulo destinados a subsanar los efectos de la pandemia. Del total, sólo un 2,2% responden a una perspectiva ecológica.
Ignacio Sabatella es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) e investigador del CONICET. Se especializa en política petrolera e integración regional. Consultado por la situación puntual de Argentina ante el proceso de transición energética, explicó: “El país se encuentra en condiciones sociales y macroeconómicas muy difíciles. Hay altísimos niveles de pobreza, y una deuda externa muy difícil de manejar. Esto genera muchas dificultades, ya que la transición requiere de inversiones cuantiosas de acá a las próximas décadas.” Luego, agregó: “gran parte de la población no sólo posee poco acceso a los servicios básicos, sino que la energía también es un problema. Es cierto que las tarifas de servicios están congeladas, pero el punto de partida es de una fuerte dependencia de los hidrocarburos, y, en particular, del gas natural. El porcentaje de energía renovable en la matriz energética sigue siendo muy bajo en comparación con otros países del mundo”.
La situación de Argentina en materia de ambiente es dramática. Alcanza con decir que, sólo en 2020, se quemó un 0,29% de la superficie total del país. La mayoría de los incendios fueron provocados de manera intencional, o se dieron en el marco de sequías. El país es responsable del 0,7% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Si bien parece poco en relación a países como EE.UU, también es cierto que se ubica en el puesto 23º en el ranking de emisores.
En lo discursivo, Argentina parece estar focalizada en dejar atrás el uso de hidrocarburos. Sin embargo, según un informe de la Agencia Internacional de la Energía, el gobierno del país continúa desarrollando nuevos proyectos de petróleo y gas para las próximas décadas, destinados al uso doméstico y la exportación. Bajo esta perspectiva, el problema no es sólo de carácter externo. La presencia en la COP 26, y la adhesión a los posibles acuerdos es un factor importante, aún así, eso no garantiza el cambio de paradigma en materia ambiental requerido.
Nicole Becker tiene 20 años y es una de las fundadoras de la agrupación Jóvenes por el Clima. Para ella, Argentina suele tener un rol positivo frente a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático: “No es un país que se oponga a los acuerdos. Otra de las ventajas de la COP 26 es que contribuye a la difusión mediática, y permite que el tema ambiental esté en boca de todos”. Luego, agregó: “El problema del país es que firmar un pacto no es sinónimo de que se vaya a cumplir. Por esto mismo, los activistas ambientales tenemos que estar más despiertos que nunca”.
