Balas, gas y garrote: la receta del Estado para imponer más extractivismo

Foto: Hernán Vitenberg

Con disparos, escudos y palos, el gobierno de Catamarca busca legitimar otro proyecto minero que acabará con el agua y la vida. En Santiago del Estero, la gobernación respalda la usurpación de tierras originarias. La gestión de Alberto Fernández valida la represión y criminaliza la lucha social y comunitaria. El rol de las organizaciones ecologistas que no representan territorios pero se sientan a la mesa chica de la política nacional.  

Por Patricio Eleisegui

“Tengo hijos y lucho por ellos, váyanse. ¿Qué? ¿Me van a matar? Mátenme…”. La voz de fuego, la figura valiente e inclaudicable de la madre que resiste el embate del pelotón policial, atraviesa el registro en video realizado por un periodista y se vuelve símbolo. Otro más, de los territorios, de las comunidades que se plantan ante la maquinaria minera y sus socios en la coerción, para resguardar lo que aún queda con vida. Cuerpos dignos frente a la balacera, el palo estatal, que machaca y viola cuanta libertad haya dando vueltas. Gendarmes del extractivismo son los que sobran en los oficialismos de turno. Llámese Nación, provincia o municipio. 
Pero la tierra sigue teniendo quienes la defiendan. En la tierra misma. Como esta mamá que, a principios de semana, repleta su boca de angustia pero también de entereza y sueños de futuro, hizo frente al aparato represor de un gobierno que se publicita progresista mientras hace del sacrificio socioambiental su principal propuesta económica. 
El martes fue una jornada de balazos para los pobladores de Choya, en el departamento Andalgalá de la provincia de Catamarca. La policía roció con cartuchos de goma y atropelló con escudos y palos a una comunidad que batalla contra la instalación del proyecto minero Agua Rica-Alumbrera, también conocido como MARA. 
Mujeres, ancianos, infancias, a cada quien le tocó su disparo. 
La gestión provincial que encabeza Raúl Jalil puso a las fuerzas del Estado a disposición de Yamana Gold, Glencore y Newmon, las empresas que pretenden volar las montañas y acabar con el agua de la zona para extraer cobre, molibdeno, oro y plata.
El momento en que emergió este ataque habla, también, de una dirección en la que coinciden los oficialismos vigentes en la Argentina. 
La decisión de aplastar el rechazo que predomina en Choya cobró forma muy pocas horas después de que el Ejecutivo nacional lanzará la Mesa sobre Minería Abierta a la Comunidad (MEMAC), otro intento político por legitimar la extracción a gran escala a través de una alianza entre el empresariado minero, la cartera de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas, organizaciones satélite del aparato oficialista como el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) y representantes de EcoHouse y Jóvenes por el Clima, organizaciones ecologistas cada vez más alineadas con los intereses de la gestión Fernández-Fernández.
Las ráfagas de balas de goma proliferaron al otro día del mitin. La ofensiva política continuó durante y después de las agresiones perpetradas por el Estado. No se habían terminado de contabilizar los heridos en Choya –y las detenidas como Karina Orquera, que pasó dos días en un calabozo– que ya el bloque de diputadas y diputados del Frente de Todos puso a circular un comunicado justificando la represión. 
“En Andalgalá la minería encuentra una resistencia violenta por parte de un grupo minoritario que menoscaba…”, reza uno de los párrafos del panfleto. Omisión deliberada, claro, de las más de 630 marchas llevadas a cabo por toda la comunidad para exigir que no se avance con el yacimiento. Silencio absoluto respecto de las normas que viola la construcción y apertura de MARA: desde ordenanzas municipales hasta la ley de glaciares pasando por el Acuerdo de Escazú, la ley general del ambiente y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que establece la obligación de activar una consulta previa, libre e informada, por mencionar algunos marcos.

Lo ocurrido en Catamarca debe interpretarse como una metodología propia del extractivismo en tanto sistema antes que un evento puntual y aislado, tal como intentaron fijar los cuadros políticos y sus medios de comunicación afines con el correr de los días. 
En la misma semana brotó otra muestra del método que emplea el Estado: en Bandera Bajada, la policía de Santiago del Estero reprimió a familias indígenas y campesinas que reclamaban por la persecución que sufren los integrantes del pueblo tonokoté. De la movilización tomaron parte integrantes de la Unión de los Trabajadores de la Tierra (UTT) como Lucas Tedesco, que terminó detenido. También Felipe Suárez, un campesino local. 
Gases y palos fue la receta a la que apeló la fuerza pública santiagueña para blindar los negocios del empresario y escribano Jorge Simón Karan, quien pretende hacerse con las tierras de la comunidad para instalar explotaciones de carbón y quebracho. 
“Desde la mañana de hoy estamos junto a lxs compañerxs de la comunidad originaria Tonokoté intentando avanzar en la ruta 5, a la altura de la entrada de Bandera Bajada, en reclamo de la liberación del compañero Felipe Suárez y el cese de la persecusión a lxs compañerxs Juan Ramón Ibáñez, Ezequiel Suárez, Eulogia Godoy y David Daniel Godoy, delegado de la base UTT”, precisó la organización a través de un comunicado divulgado durante la tarde del lunes 2 de mayo.
“El día jueves (28 de abril) el compañero Felipe Suárez fue detenido en la subcomisaría de Bandera Bajada mientras se encontraba junto a la UTT resistiendo el desalojo de sus territorios en el departamento de Figueroa, provincia de Santiago del Estero. La orden fue dictada y ejecutada por el fiscal Miguel Torressi y la jueza de control y garantías, circunscripción Capital, Ana Maria Vittar”, se agregó.
En su mensaje, la UTT remarcó la constante persecución de la que resulta víctima el campesinado a manos de los intereses de empresarios acostumbrados a la usurpación. “Responsabilizamos al gobierno provincial y nacional por la integridad de las comunidades e integrantes de la organización”, enfatizó la organización.

Foto:  Hernán Vitenberg

Jujuy, territorio del abuso y el atropello
Catamarca y Santiago del Estero en la misma semana. Continuidad de brutalidades recientes. Las violencias para imponer la agenda extractivista se destacan tanto por la recurrencia como por su cercanía en el tiempo. Buena parte de estos eventos han sido promovidos a partir de una sociedad explícita entre Nación y las provincias. También están los ataques llevados a cabo en soledad por los gobernadores, aunque siempre amparados en el silencio de la Casa Rosada.
Jujuy utiliza seguido este último beneficio y lo ocurrido a fines de marzo en Querusiyal, en el departamento de Tilcara, plena quebrada jujeña de Humahuaca, resulta evidencia suficiente. En la última semana de ese mes, una patota integrada por al menos 80 personas –entre ellas el diputado provincial Humberto López y Marcelo Jorge, director de vialidad local– destruyó espacios sagrados, paredes de viviendas e interrumpió actividades comunales. 
Ya en octubre de 2020, otros 100 individuos agredieron a los habitantes de la misma comunidad y antes de retirarse asesinaron al menos a 40 ovejas. 
Los aprietes y la violencia contra las familias de Querusiyal responden a un objetivo provincial concreto: la construcción de una ruta nacional que atravesaría las tierras de la comunidad para conectar a la región de la quebrada con las selvas de montaña de las Yungas. La gestión que encabeza el radical Gerardo Morales gasta millones en los medios provinciales para instalar que el trazado vinculará a las distintas escuelas de la zona.
Los habitantes de la comunidad Tilcara saben que el interés pasa por otro lado. Sin permiso previo, sendos cateos realizados durante los últimos años en la zona constataron la presencia de petróleo, oro, plata, hierro y hasta tierras raras en los alrededores de Querusiyal.
“Nosotros tenemos agua y ese es un atractivo tremendo para las mineras. Una empresa de esas características consume al menos 10 millones de litros por día. Las Yungas les interesa por eso, por la disponibilidad del recurso. Ellos ya han intentado instalar que la minería es beneficiosa, pero nosotros sabemos que en los territorios donde se lleva a cabo las personas se enferman, a la gente le dan despojos, la transforman en mano de obra barata y destruyen todo el territorio”, me explicó recientemente Carlos Colque, mejor conocido como El Yaguareté, cacique de la comunidad originaria.

La represión en Chubut y Mendoza
También cercano en el tiempo, diciembre del año pasado cerró con represión estatal contra el pueblo chubutense tras los intentos del gobierno provincial –que aún encabeza Mariano Arcioni– por aprobar una ley que habilitaba la megaminería en ese distrito.
En una primera instancia, Alberto Fernández respaldó la decisión del primer mandatario de Chubut de modificar la zonificación minera en los departamentos de Gastre y Telsen para incentivar las explotaciones. Pero ya a fines de marzo de 2021, y tras sentir el rechazo en carne propia durante una visita a Lago Puelo, el Presidente procedió a lavarse las manos. Fernández declaró que la minería “es un tema de la Provincia y que tienen que resolver los chubutenses. Conozco muy bien las dos miradas que hay, pero no es un tema mío”.
Tampoco debe olvidarse lo ocurrido durante otro diciembre cercano, marcado también por la decisión política de incentivar la minería en nuevos territorios. A fines de 2019, y con el respaldo contundente de Nación, la provincia de Mendoza buscó reformar la ley 7722 que protege el agua cuyana y la respuesta al reclamo y la movilización popular fue otro combo de gases lacrimógenos y balas de goma. Las fuerzas de seguridad detuvieron a 45 personas y apalearon a las asambleas hasta cansarse.
Cuarenta y ocho horas antes de la represión, Alberto Fernández les había anticipado a los popes de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) que el gobernador Rodolfo Suárez avanzaría con el cambio del marco jurídico. Y que, de esa forma, Mendoza se abriría a la megaminería. 
En cada caso, lo que no tomó en cuenta el Presidente es que los colectivos habitan el territorio y no la mesa de una oficina gubernamental porteña. Que, a diferencia de lo que ocurre con algunos integrantes de EcoHouse y Jóvenes por el Clima, las asambleas encarnan y representan la lucha en el mismo espacio en el que se multiplican los desastres. Y que a las organizaciones que se oponen al saqueo de esos lugares que pueblan ya no se les puede vender la falacia de la presunta creación de empleo o la mejora social. Respiran a diario la pobreza, la desigualdad y la marginación que provocan actividades como la megaminería o la explotación forestal en todos los territorios donde estas se despliegan. 
Catamarca, Jujuy, Chubut, Santiago del Estero o Mendoza: la defensa de la tierra es una máxima que las comunidades asumen y comparten y que los gobiernos –este y los anteriores– no terminan de entender. Y mucho menos asumir. Por más policías y gendarmes que se convoquen habrá más y más madres como la que esta semana se plantó ante el pelotón de escudos en Andalgalá. 
Aunque la gestión de turno pretenda construir cierta legitimidad convocando a grupos que en los territorios en llamas nadie ha visto nunca jamás, la convicción del no a la megaminería que se milita en las comunidades seguirá disolviendo de forma instantánea cualquier artificio político. Es desde esa certeza que podemos seguir hablando de la posibilidad de un devenir con tintes de esperanza. 

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