La justicia de la provincia de Entre Ríos decidió otorgarle la libertad a uno de los implicados en el femicidio de Micaela García. A partir de esta decisión, Néstor Pavón esperará en libertad su condena. ¿Cuándo le llega la perspectiva de género al Poder Judicial?
Por: Revista Sudestada
La Sala 1 del Superior Tribunal le permitió la excarcelación a Néstor Pavón, uno de los implicados en el femicidio de Micaela “la negra” Garcia. El caso sucedió en el 2017 cuando la joven oriunda de Entre Ríos fue atacada a la salida de un boliche por Sebastián José Luis Wagner.
Ese mismo año Pavón recibió su primera condena. El Tribunal Oral número 2 de Gualeguay le asignó 5 años de prisión por encubrir a Wagner. Si bien Dardo Tortul e Ignacio Talenta, fiscales de la causa, solicitaron que sea considerado como coautor del hecho, lo que implicaba una pena mucho más alta, el Tribunal no atendió este pedido y reafirmó su decisión. Acto seguido, los representantes del Ministerio Público Fiscal apelaron esta medida.
En junio del 2019, la Cámara de Casación Penal de la provincia les dio la razón a los fiscales y ordenó que se juzgue nuevamente a Pavón. El implicado presentó una apelación y la decisión pasó a estar en manos del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. Su conclusión fue que la condena era correcta. En respuesta, Tortuel y Talenta aplicaron lo que se conoce como “recurso extraordinario federal”. Ahora quien debe resolver la re afirmación o la negación de la sentencia es la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una decisión polémica
Teniendo en cuenta que la condena aún no está firme, la Cámara de Casación dispuso la prisión preventiva del implicado y así dio lugar al pedido del defensor público del acusado, Gaspar Ignacio Reca Ríos, bajo la caución que establece el Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay de mérito.
¿Por qué se tomó esta medida? De acuerdo con lo establecido por la Ley 24.660, si la condena de Pavón estuviese firme él podría gozar de libertad condicional; ya que la fecha cumplió dos tercios de su condena. Además, al parecer, no hay razones basadas en la jurisprudencia para mantener detenido al encubridor. A raíz de esta medida y teniendo en cuenta que no parece haber motivos para que se entorpezca la investigación, el acusado podrá esperar la decisión de la Corte Suprema en libertad. Esta comunicación se realizó mediante un fallo de 20 hojas redactado por los magistrados: Miguel Ángel Giorgio, Claudia Mónica Mizawaka y Daniel Carubia.
El caso
El femicidio de Micaela sucedió el 1 de abril del 2017 cuando a la salida de un boliche de Gualeguay fue atacada por Sebastián Wagner, quien en ese momento se encontraba en libertad condicional por otros delitos de violación. Micaela, estudiante de Educación Física y militante del Movimiento Evita, volvía a su casa cuando Wagner la subió por la fuerza a su auto, la llevó a una zona descampada, la violó y luego la asesinó por estrangulamiento.
El femicida en ese momento trabajaba en un lavadero de autos. El dueño de ese local era Néstor Pavón. La relación entre ellos quedó comprobada en la causa. Pavón no solo sabía del crimen sino que ayudó a Wagner con su huida hacia Buenos Aires. Le dio plata, eliminó la evidencia que se hallaba en el Renault 18 — auto utilizado para cometer el acto— y lo protegió de la Justicia.
El cuerpo de la Negra lo encontraron una semana después enterrado cerca de la ruta nacional 12, en Gualeguay. Los peritos forenses confirmaron el delito sexual y el posterior asesinarto. Wagner fue condenado a cadena perpetua el 6 de octubre de 2017.
La justicia y los derechos de las mujeres
La relación entre las decisiones de la justicia y los derechos de las mujeres demuestran una tensión constante entre lo legal y lo moral. La lectura de los casos, en muchas ocasiones, queda librada a la impronta de quién mira. Pocas interpretaciones se realizan lejos de los sesgos machistas, clasistas, racistas, binarios y heteronormativos. Así funciona.
En ese sentido, el 10 de enero de 2019 en la Argentina fue sancionada la Ley 27.499, más conocida como Ley Micaela, y que hace referencia al caso en cuestión. Esta legislación establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública. En la actualidad adhirieron a esta medida todas las provincias y aproximadamente 500 municipios.
¿Es suficiente? No. Lo que se necesita es una reforma profunda con perspectiva de género en el sistema judicial. Hace menos de dos semanas el Poder Ejecutivo presentó en el Senado de la Nación un proyecto que contempla a medias el tema y solo lo desarrolla en dos artículos donde se considera el acceso igualitario a la justicia.
