Esta madrugada se estableció la implementación del cupo laboral trans en el Sector Público Nacional.
Por Sol Martínez Ferro
Foto: Victoria Eger
Es histórico: el Gobierno anunció un cupo laboral trans en el sector público. A través del decreto 721/2020 publicado en el Boletín Oficial, se establece que un mínimo de un 1 por ciento de la totalidad de cargos y contratos deberán ser ocupados por personas travestis, transexuales y transgénero. El anuncio fue celebrado en redes sociales como una conquista colectiva después de décadas de lucha. ”Esta noticia fue inesperada para nosotras. Muchas no hemos dormido anoche. Lo vivimos con mucha euforia y alegría pero también con nostalgia, porque pensar en cupo laboral es recordar a Diana, a Lohana y a todas nuestras compañeras que no pudieron disfrutar de estas conquistas que ellas iniciaron”, señaló Florencia Guimaraes, activista travesti y sobreviviente del sistema prostituyente, en diálogo con Sudestada.
Un paso hacia la inclusión
La medida especifica que se deberán establecer reservas de puestos de trabajo a ser ocupados exclusivamente por el colectivo. Además, se creará un Registro de Aspirantes a Ingresar a Trabajar en el Sector Público Nacional donde se informarán los puestos de trabajo vacantes y las ofertas de contratación de personal disponibles. No obstante, se especifica que la inscripción “no se considerará requisito, en ningún caso, para el ingreso de personas travestis, transexuales o transgénero a un empleo”.
En relación a la terminalidad educativa y la capacitación, el decreto también contempla el hecho de que muchas de elles son expulsades de sus hogares y de las escuelas durante su infancia. La finalización de sus estudios no será entonces condición excluyente, aunque sí será obligatorio cursar los niveles faltantes. Para esto, se creará una Unidad de Coordinación Interministerial que deberá “arbitrar los medios para garantizar la formación educativa obligatoria y la capacitación” para adecuar la situación de cada postulante a los requisitos formales para el puesto en cuestión.
“Sabemos que cuando una compañera no pudo ingresar a estudiar hay un montón de cosas de fondo: violencias, discriminación, bullying. Entonces es importante que nosotras tengamos este vínculo de interseccionalidad y que las que no pudieron ingresar al colegio hoy se puedan pensar como sujetas de derecho. Estamos contentas de saber que por primera vez el Estado empieza a tomar cartas en el asunto”, explicó a Sudestada la activista Daniela Ruiz.
Un problema estructural
A pesar de los avances en materia de derechos, la población travesti trans sigue siendo una de las más vulneradas: su expectativa de vida no supera los 40 años y la gran mayoría no tiene acceso a un trabajo formal. Esta economía del día a día se volvió insostenible con la pandemia, que evidenció las distintas violencias a las que están expuestes. Guimaraes agrega que el contexto de pandemia vino a visibilizar y profundizar problemáticas estructurales, como la falta de acceso a la vivienda, a la salud y a la educación y el hambre.
Estas desigualdades estructurales requieren de una capacitación adecuada en materia de derechos que garantice el respeto a la identidad y expresión de género de las personas. Para esto, el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad en articulación con el Instituto Nacional de la Administración Pública capacitarán a las autoridades y al personal del Poder Ejecutivo Nacional.
“Este decreto nos abre una puerta para que podamos empezar a debatir dentro de los sindicatos y del Estado nacional nuestra propia agenda y, así, seguir trabajando y luchando por los Derechos Humanos que nos arrebataron”, concluye Ruiz.
