Si bien escuchamos y leemos desde hace décadas sobre lo que fue el Terrorismo de Estado en Argentina, aún sigue invisibilizada la persecución, encarcelamientos, torturas y desapariciones de personas LGBT, tanto en dictadura como en democracia.
Por Florencia Guimaraes
Desde hace años, al leer artículos referidos a la última dictadura cívico militar y eclesiástica en Argentina, podemos conocer y reconocer parte del plan sistemático de exterminio en el cono sur de América, entre los años 1976 y 1983, que constó de desapariciones forzosas a militantes sociales, torturas, expropiación de niñeces, abusos sexuales y crímenes, hasta la deshumanización y criminalización de aquellas personas que luchaban contra el empobrecimiento de la clase trabajadora y las burguesías explotadoras. Instalaron en la sociedad, a partir del lobby de los medios hegemónicos de comunicación, que eran las/los enemigas/os públicas/os, a quienes el Estado, buscando “sostener el orden, la moral y las buenas costumbres debía combatir por el bien común de la sociedad”. Fue posible por parte de las fuerzas militares con la complicidad de sectores religiosos, el poder de dichos medios, las alianzas con los sectores políticos de derecha de nuestro país y el apoyo de los países imperialistas dominantes, como por ejemplo: los Estados Unidos.
Reconocer y Reparar: “Las amorales”.
En aquellos años hubo personas que fueron perseguidas, encarceladas y torturadas por razones de orientación sexual e identidad de género y pertenencia política. Sin embargo, esta realidad quedó por fuera y seguimos luchando por el reconocimiento y las protección de los Derechos Humanos. Al leer sobre aquella cruel etapa Argentina, no logro dejar de pensar en las historias de las travestis en dictadura, y de la continuidad del ejercicio de violencias sistemáticas perpetradas por el Estado, incluso en democracia.
En primer lugar, cabe destacar que durante la dictadura del 76 se comenzaron a aplicar nuevamente, y con mayor fuerza, los edictos policiales, edictos que criminalizaban lo que llamaban “vestimenta inadecuada al sexo”. Las narraciones de las compañeras sobrevivientes que pasaron días, semanas y meses en cárcel dan cuenta que la aplicación de dichos edictos fueron parte de la persecución social, a través del castigo, a personas consideradas desviadas, anormales o amorales.
En democracia, hasta los años 2000, el Estado criminalizó a las identidades travestis y trans con encarcelamientos. En la provincia de Buenos Aires, la policía aplicaba los artículos 92 y 68 de la Ley 8031: prisión de hasta 60 días para “el que en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario” o ejerza la prostitución “dando ocasión de escándalo”.
En Capital Federal funcionaba el Código Contravencional, que se imponía especialmente con los artículos 2F (“exhibirse en lugares públicos vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario”)- y el 2H (“incitar u ofrecer el acto carnal”). Y en todas las provincias argentinas hubo contravenciones y edictos policiales similares, donde el delito que se nos computaba era ser personas travestis o trans.
A modo de cierre, a partir de la organización colectiva de varias compañeras travestis, como Lohana Berkins y Diana Sacayán, desde finales de los años 90 se pudo comenzar a interpelar a diversos espacios donde se abordan las temáticas de Derechos Humanos, tanto a nivel local como internacional, concluyendo a partir de estos relatos personales en la necesidad no solo de la visibilidad de lo vivido durante el terrorismo de Estado por las personas travestis, lesbianas y homosexuales, sino también de exigir una Ley de Reparación histórica para las travestis, que siguen siendo consideradas tanto en dictadura, como en democracia, como agentes subversivas a quiénes hay que eliminar de la sociedad o conservarlas para ser el objeto de deseo sexual a explotar por varones de todas las clases sociales.
