El arte de comprar aceptación social: cómo opera el agronegocio

Empresas como Bayer Monsanto, Syngenta y Dow apelan a programas comunitarios para acumular apoyos en las zonas donde ejecutan sus negocios y experimentos. Desde la injerencia en la Fundación Garrahan hasta la donación de choclos transgénicos. Las entidades que multiplican el mensaje pro agrotóxicos y OGMs.

Por Patricio Eleisegui

Primero comienzan a husmear el clima social. Miden posibilidades, potenciales rechazos y adhesiones. Tocan la fibra de la política local. Agitan la bandera de los futuros empleos, hablan de crecimiento, bienestar común. Si, en términos de avales, la ecuación da al menos empate, se instalan. Y ahí comienza otra etapa: la búsqueda de la consolidación. 
Pero claro, conocen las críticas a los negocios que impulsan, el ADN controvertido que las caracteriza. A partir de esa certeza empiezan a trabajar en fórmulas para revertir cualquier tipo de condena comunitaria.
El impulso de estrategias para alcanzar la aceptación social es un apéndice clave en la hoja de ruta de los actores del extractivismo. Por demás de visible en ámbitos como la minería o la explotación de hidrocarburos, este modo de actuar también ostenta un rol protagónico en los movimientos que llevan a cabo las compañías del agronegocio.
Las entidades que integran a estas mismas empresas operan de manera similar. En más de un caso cubren el hueco de aquellas multinacionales que aún no tienen desarrollado un plan local de “responsabilidad social empresarial”. Las tan mentadas RSE.
De Syngenta a Dow, pasando por Bayer Monsanto y AAPRESID, el agronegocio procura eternizarse mediante acciones de bajo costo económico para compañías y organizaciones, pero de efecto potente desde lo simbólico. 
Nada de esto podría ocurrir sin un Estado –municipal, provincial, nacional– que, enfocado en acumular caja para la política, deja hacer, cede espacios y entrega a los popes de las “commodities” agrícolas la potestad sobre aspectos y problemáticas a enfrentar y resolver que deberían ser prioridad de cada gobierno.
Mencionada antes, Bayer Monsanto es una de las compañías del sector agroexportador que mejor tiene aceitada su estrategia de mejoramiento de imagen a través de acciones sociales. Al día de hoy, la creadora del cancerígeno glifosato sigue estando entre los “colaboradores” del Programa de Reciclado de la Fundación Garrahan.
Sí, la entidad ligada al mismo hospital que recibe a la inmensa mayoría de las niñas y niños afectados en su salud por los agrotóxicos que desarrolla y comercializa la firma. Según la base de datos de la fundación, Monsanto Argentina respaldó la iniciativa entre 2002 y 2018. Bayer inició en 2015 y perdura hasta la actualidad.
Las acciones de posicionamiento social de la promotora de la primera semilla transgénica –OGM, en la jerga–, la ultra sembrada soja RR, no se agotan ahí.
Bayer Monsanto mantiene vigente la propuesta “Semillero del Futuro”, un programa de financiamiento parcial a proyectos de producción agrícola y alimenticia en general. La evangelización de docentes rurales también forma parte de la iniciativa. 
En su material de difusión, la firma destaca que entrega montos de hasta 16.000 dólares por iniciativa. “Semillero del Futuro” también rige para Uruguay y Paraguay. La multinacional gusta de usufructuar ideas ajenas a escala regional.
Después está su intervención en “La Chocleada”. ¿De qué va esto último? También se trata de un programa, aunque bastante particular, por cierto: contempla la recolección a mano, por parte de alumnos de colegios secundarios, de una hectárea donada de maíz transgénico. Por ende, tratado con agrotóxicos. 
Desde 2005 a la fecha, suman 320 las “chocleadas” llevadas a cabo en provincias como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Salta, Santa Fe y Santiago del Estero. El maíz cosechado luego es vendido por los alumnos que participan de la actividad y los fondos, señalan los promotores de semejante labor, terminan en las arcas de las escuelas que aportan mano de obra estudiantil. 

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La coordinación de “La Choleada” corre por cuenta de Movilizarse, asociación civil que en su página oficial reconoce vínculos con la fabricante de agroquímicos Adama, Cargill, los productores nucleados en CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola) y la Bolsa de Cereales. 
“Quienes realizan la labor manual de la recolección son estudiantes secundarios, quienes junto a sus docentes y voluntarios de distintas empresas y organizaciones, incluyendo voluntarios de la Fundación Cargill, son los encargados de realizar manualmente la cosecha. Es una entretenida jornada solidaria en la que todos se unen para ayudar al prójimo y una gran oportunidad de experimentar de primera mano la vida del campo…”, se ufana uno de los patrocinadores clave de “La Chocleada”: la Fundación Cargill.
Durante 2016, Bayer Monsanto inició “Mujeres del Deschalado”, una propuesta que la firma aún publicita como pensada para “mejorar la situación socioeconómica de familias vulnerables, y la falta de oportunidades laborales para las mujeres”. 
Detalla la empresa en su plataforma institucional que el deschalado “consiste en remover y eliminar la chala que recubre la espiga”. Ese es el trabajo que se propone y que en seis años derivó en la contratación de apenas 194 personas. Según la dueña del mortífero Roundup, “las mujeres que acceden a este programa encuentran el desarrollo laboral, profesional y personal a través de la capacitación y la experiencia adquirida”.
En Rojas, provincia de Buenos Aires, Bayer Monsanto opera su principal instalación semillera del país. Para solidificar la aceptación, y previo acuerdo con las autoridades municipales, la empresa puso en marcha, durante 2017, un esquema de capacitaciones a vecinas y vecinos en tejido y crochet, costura, electricidad o plomería. En 2021 replicó el plan en Río Cuarto, provincia de Córdoba. Lo denominó “Aprender+”.
Sobre todo en las últimas dos décadas, la multinacional ha jugado las más diversas cartas para cosechar simpatías en las zonas donde marca los tiempos de la producción agrícola. Entre 2014 y 2016, por ejemplo, la empresa fue el sponsor más visible en la camiseta del club de fútbol Douglas Haig de Pergamino. En el período 2015-2016 también ocupó el lugar más destacado en las prendas del Club Villa Dálmine de Campana.  

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Syngenta se mete en las escuelas

Syngenta es otro caso para destacar. A través de “Cultivando Solidaridad”, apadrina escuelas rurales en aquellas zonas en las que concentra sus mayores ventas o, en todo caso, ubicadas en áreas de interés para la experimentación con plaguicidas y semillas genéticamente modificadas. 
“Cultivando Solidaridad” se combina con “Sembrando Conciencia”, paquete de acciones que le permite a la compañía publicitar su propuesta comercial en colegios agrotécnicos distribuidos en 11 provincias: La Pampa, Buenos Aires, Salta, Chaco, Tucumán, Santiago del Estero, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y Mendoza.
“Sembrando Conciencia nace en el 2013 con el objetivo de concientizar en Buenas Prácticas Agrícolas a los estudiantes de las escuelas agrotécnicas y, de este modo, beneficiar a las comunidades donde desarrollarán sus actividades como extensionistas, profesionales, productores, o ciudadanos modelos”, expone Syngenta en el apartado oficial del programa.
En concreto, “Sembrando Conciencia” es una batería de contenidos diseñados por Syngenta para, difusión en escuelas mediante, consolidar la idea de que los agrotóxicos no representan un riesgo para la salud. Que nada tienen que ver con el desastre sanitario y socioambiental que sufre el interior de la Argentina. Y que el único modelo agrícola posible es aquel que combina la siembra de transgénicos con, justamente, la aplicación intensiva de venenos.

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La firma se jacta de haber “capacitado” a más de 10.200 alumnos en menos de una década. También a docentes, claro, a los que Syngenta provee de manuales en los cuales remarca que la combinación OGM + agrotóxicos “mejoran la productividad de la agricultura, las condiciones ambientales y en definitiva, la calidad de vida de las personas”. Y con el INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria), a través de la fundación ArgenINTA, como socio estratégico.
Al igual que Bayer Monsanto, Syngenta también está entre los “colaboradores” del programa de reciclado de la Fundación Garrahan. Según el sitio institucional de la iniciativa, la compañía activó su apoyo en 2003 y, a excepción del año 2017, siempre ha estado entre los actores privados que respaldan la propuesta.

Dow y los evangélicos

Dow concentra gran parte de su estrategia de lavado de imagen en Ingeniero White, localidad lindera a Bahía Blanca y base del puerto homónimo. Sin lugar a dudas, uno de los puntos más contaminados de la provincia de Buenos Aires por efecto de un polo industrial y petroquímico que en reiteradas ocasiones liberó compuestos tóxicos al aire y el agua. 
Concluía junio de 2019 cuando una explosión en la planta local de Dow sacudió el suelo y las casas de Bahía Blanca. La causa derivada de la detonación, el supuesto exceso de presión en un almacenamiento de etileno BB2, fue archivada al año siguiente. El fiscal Cristian Aguilar consideró que la empresa no cometió ningún delito. 
Para compensar, a fines de ese mismo 2019 Dow inauguró la tercera “Casa Semilla” en uno de los barrios de Ingeniero White. La vivienda en cuestión se publicitó como parte de “Desarrollo de Barrios”, un esquema implementado por la empresa que contempla la autoconstrucción por parte de familias de bajos recursos.
Dow motoriza “Casa Semilla” en alianza con Hábitat para la Humanidad, organización internacional cuya representación en Argentina es potestad del porteño colegio Lincoln y la Iglesia Bautista de Luján.
A las familias que califican para el programa se les extiende un préstamo inicial para que avancen con la construcción de un baño, una cocina-comedor y una habitación. Dow Argentina incluso pone a sus propios empleados a trabajar en la obra. 
“Desde 2016, nuestra alianza con Hábitat para la Humanidad Argentina, trabaja en conjunto en el barrio El Saladero de Ingeniero, White capacitando a más de 200 personas para lograr 50 reparaciones y el final de obra de 3 viviendas con potencial de ampliación a través de los saberes adquiridos durante el programa”, señala la empresa en su sitio institucional.
Siempre en ese pueblo, Dow también auspicia el “Programa Buen Trabajo” mediante el cual, en vínculo son la sede Bahía Blanca de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la firma dice brindar formación en oficios como “asistente de ensayos no destructivos”.
Mientras tanto, el desastre. 
Comparto algunos párrafos de un comunicado difundido en julio de 2019 por la local Asamblea por el Ambiente, la Salud y la Vida. Allí se exponen detalles de los efectos nocivos inherentes a la operatoria de esta compañía en el sur bonaerense. 
“El martes 23 de julio (de 2019) la misma empresa Dow Chemical, responsable de la explosión, casi como una tomada de pelo, inauguró en la ciudad (de Bahía Blanca) un Centro Deportivo, denominado DOW CENTER, con la presencia de la Selección Argentina de Básquetbol e invitando a 300 niñxs y jovenxs de la ciudad, con la presencia de funcionarios y abierto al público, en una jornada que denominan ‘Open Day’”, detalló la organización.
“Nosotros convocamos como asamblea a repudiar esta inauguración, a repudiar las políticas de Responsabilidad Social Empresaria por las que a través de, millones de pesos que “invierten” en esos lugares (insignificantes para ellos) encubren la cadena de despojo, de explotación, contaminación y muerte que generan estas empresas”, se añade en el texto.
Para luego concluir: “Hoy contamos también con una investigación de la Universidad de Buenos Aires en la que consta que, entre las otras empresas emplazadas en el polo, PBB Polisur-Dow está contaminando seriamente la ría local con cadmio, plomo, cobre, cromo poniendo en riesgo la vida de peces y la vida humana de una población que ha vivido históricamente de la producción pesquera”.

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Organizaciones que son parlantes

Para el final quedan algunas de las principales organizaciones del agronegocio, muchas de ellas integradas por las compañías ya nombradas y otras –BASF o DuPont, por mencionar dos ejemplos– que aún no terminan de delinear una estrategia robusta para intentar construir confianza social. 
ArgenBio, la cámara que integra a los desarrolladores de transgénicos en la Argentina, promueve charlas en todo el país con foco en los docentes. En su Web presume de haber acercado detalles de por qué es conveniente avalar una agricultura de laboratorio a más de 20.300 personas en el lapso de casi dos décadas. 
La pandemia amplió el horizonte de estos difusores del negocio de los OGM: entre 2020 y 2021, los directores de ArgenBio expusieron el modelo argentino ante educadores de República Dominicana, Bolivia, Paraguay, Colombia, México, Ecuador y Uruguay. El programa de propaganda de la entidad, llamado “Por qué Biotecnología”, incluye desde manuales hasta flyers y otros recursos para estimular la publicidad de los transgénicos en el ámbito de las redes sociales.
El final es para AAPRESID, la asociación que integra a los promotores de la siembra directa y el modelo agrotóxico que predomina en la Argentina. La entidad en cuestión auspicia en territorios como la provincia de Buenos Aires propuestas como “Aula AAPRESID”, una serie de charlas en escuelas rurales con foco en difundir las “buenas prácticas agropecuarias”.
Las actividades bajo ese nombre no son más que meras presentaciones a favor del agronegocio de commodities y el intento reforzado de construirle legitimidad al uso de venenos para la producción de forrajes y alimentos. 
La epidemia de cáncer, malformaciones y abortos espontáneos que transita sobre todo el interior agrícola del país no tiene espacio en la prédica de otro de los principales responsables de la tragedia sanitaria que, desde hace al menos 25 años, impera en esos territorios.

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