El cártel del desayuno

Foto: Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

La licitación para la provisión de comestibles en las escuelas porteñas se definirá entre las mismas 19 empresas que, desde hace dos décadas, dan un servicio que acumula rechazos y cuestionamientos. Predomina la cartelización: las 19 ofertaron un monto similar, con coincidencias hasta en los centavos. El Gobierno de la Ciudad permitió la participación de compañías con denuncias por entrega de alimentos en mal estado. 

Por Patricio Eleisegui

Las mismas 19 empresas que, desde hace dos décadas, atentan contra la salud de las y los estudiantes van, nuevamente, por el negocio multimillonario de proveer desayuno, merienda y refrigerio en las escuelas de Buenos Aires. Un escenario que sólo se explica a partir de la connivencia política y el desprecio oficial por la alimentación de infancias y adolescencias. El Gobierno de la Ciudad oficializó la nómina de los finalistas de la licitación abierta en febrero de este año y la novedad es que los nombres corresponden a las compañías de siempre. Más un detalle adicional: las 19 firmas ofertaron un valor similar por cada “menú”. Todas proponen exactamente el mismo monto, incluidos los centavos, por alumna y alumno. Cartelización disfrazada de competencia.
Entre las compañías se repiten nombres conocidos por la prestación de servicios por demás de deficientes. Al menos 5 de estas firmas, que podrían percibir al menos 12.500 millones de pesos anuales si logran imponerse en la compulsa, acumulan denuncias ante la Auditoría de la Ciudad por la provisión de comestibles en mal estado, menús mal cocidos, falta de ingredientes o deficiencias graves en la higiene. El contrato al que accederán es por 4 años y por un monto total de 50.000 millones de pesos.
¿Cuánto ofrecen las empresas por cada alumna y alumno? Exactos 35,57 pesos por desayuno, 302,95 para los almuerzos y 105,17 por refrigerio. En un contexto inflacionario del 70 por ciento previsto sólo para este año, eso es lo que vale la alimentación diaria de las y los jóvenes para el Gobierno de la Ciudad.
El detalle de nombres comerciales y montos aparece detallado en un riguroso informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad al que accedí esta semana. “En esta licitación sucedió algo nunca visto: estas 19 empresas –creadas hace décadas exclusivamente para quedarse con este negocio- ofertaron exactamente los mismos precios para cada uno de los servicios”, expone el trabajo en sus primeros párrafos.
“Los pliegos fueron elaborados para brindar una cobertura legal a esta situación inaudita. El artículo 74 del pliego estableció que no se admitirán ofertas cuyos precios superen valores determinados. Esto es razonable. Pero, a continuación, también dispuso que se van a descartar las ofertas cuyos precios cotizados se encuentren por debajo de los precios máximos estipulados, en más del 5 por ciento. Es decir, el GCBA estableció un precio mínimo que las empresas pueden ofertar. Inaudito. Y más asombroso resulta ser que todas las empresas ofertaron dicho precio mínimo”, añade.
Entre las presunciones que podrían explicar semejante negocio a medida, la organización señala que el Gobierno porteño pudo haber acordado “con las empresas un valor y luego se elaboró el pliego hecho a medida para justificar legalmente dichos valores con el establecimiento de precios mínimos para ofertar”.
Las empresas que van por el premio de los 50.000 millones de pesos:

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El peor alimento
El trabajo del Observatorio del Derecho a la Ciudad señala que estas 19 empresas que compiten por el servicio a las escuelas son las mismas que “durante la pandemia se encargaron de proveer la Canasta Escolar Nutritiva cobrando sobreprecios al GCBA de hasta el 50 por ciento, tal como denunciamos en otros informes”.
“Las mismas que sólo este año van a recibir más de 12.000 millones de pesos del gobierno porteño para que sigan ofreciendo ‘medallones’ y comida ultraprocesada, productos prohibidos por la ley de etiquetado frontal aprobada recientemente en el Congreso”, se remarca.
Como se expuso en una columna anterior publicada en Sudestada a principios de abril, el combo de ultraprocesados, azúcares, aditivos y conservantes detallado en los pliegos llegará, a diario, a los estómagos de 240.000 niñas y niños.
Jonatan Baldiviezo es el titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Me acercó comentarios sobre la licitación, las maniobras de cartelización a la vista y los incumplimientos legales que acumula el proceso abierto por el Gobierno porteño.
“En los pliegos la Ciudad estableció no solamente un precio máximo por unidad, lo cual está bien para que haya un tope en las ofertas: también fijó un precio mínimo, algo completamente irregular. Por lo general, los gobiernos quieren que las empresas participen con el valor más bajo en sus ofertas por lo que no establecen precios mínimos. Lo que está ocurriendo ahora es un contrasentido. Las 19 empresas, entonces, se presentaron con ese valor de piso. La ley de compras y contrataciones de la Ciudad no establece ni autoriza esto. Desde lo legal no está permitido”, precisó.
“En lo fáctico tenemos una doble interpretación de esta maniobra: por un lado, establecer precios mínimos les garantiza rentabilidad a las empresas. El Gobierno fijó un piso sin saber cuál es el precio que se generaría por la libre competencia entre oferentes. Esto perjudica al Estado, habría una suerte de defraudación pública. La lectura más grave que se puede hacer refiere a un potencial acuerdo previo de valores entre estas 19 empresas y el Gobierno el cual, luego, se termina convalidando o dibujando a través de la licitación”, agregó.
A la par de esto, Baldiviezo remarcó que los pliegos no establecieron ningún tipo de exclusión para aquellas compañías con denuncias o sanciones derivadas de la mala prestación del servicio. “El sistema es muy cuestionado por la comunidad educativa. Llama la atención que en una licitación millonaria ninguna empresa del resto del país haya querido ingresar en la competencia para brindar alimentos en una escuela pública”, dijo. 
Por último, el experto señaló que los pliegos no incorporan ninguno de los parámetros y mandatos que establece la ley de etiquetado. “Habrá que ver qué hará el Gobierno porteño a futuro, cuando esta ley empiece a regir de forma plena. Esto es, si modifica los pliegos y la ecuación económica de las empresas. Lo cual, de ocurrir, podría traducirse en mayores costos a afrontar por la Ciudad con relación a estas compañías”, manifestó.

Malos antecedentes y falta de control
Buena parte de las compañías habilitadas para disputarse el contrato con el Estado porteño reúnen los peores antecedentes, según un informe elaborado en 2016 por la Auditoría de la Ciudad. El trabajo aporta detalles que dan cuenta de un control inexistente, al menos hasta ahora, por parte de la gestión que encabeza Horacio Rodríguez Larreta. 
“El análisis bromatológico de alimentos recae sólo sobre el concesionario, lo que no resulta suficiente para garantizar el éxito de la aplicación de las BPM (Buenas Prácticas de Manipulación) y asegurar alimentos aptos para el consumo ya que no existe un control por oposición de intereses”, puntualiza el monitoreo.
Más detalles de las faltas graves cometidas en estos últimos años por estas empresas, siempre de acuerdo a lo asentado por la Auditoría de la Ciudad: “No se cumple con las temperaturas del servicio requeridas en el pliego vigente (…). Se realizaron 126 mediciones de temperaturas a alimentos y/o a preparaciones listas para consumir, de las cuales 70 de ellas no cumplen con la temperatura a la cual deben conservarse o servirse los alimentos. Las 70 mediciones que incumplen representan el 55,5% del total de registros tomados; 40 de estos registros corresponden a temperaturas de conservación y los 30 restantes a temperaturas de servido”.
Hay más: “Respecto a los caracteres organolépticos (sabor, textura, olor, temperatura, color) de los alimentos: se observaron características organolépticas inadecuadas en los alimentos listos para consumir en establecimientos escolares que se detallan a continuación”.
Tras este último fragmento, el organismo brinda precisiones de las compañías que han cometido las acciones más funestas en términos de entrega de alimentos en escuelas públicas. Con mención de las barbaridades perpetradas. 

Va el detalle, tal como lo dejó registrado la Auditoría de la Ciudad:

Escuela N° 3 DE 7. Empresa concesionaria Rodolfo Ferrarotti. Se observó que la milanesa de carne vacuna pre elaborada se encontraba con un aspecto poco agradable (pasadas de cocción, secas y duras), a su vez su temperatura de servido fue inferior a los 60 °C como lo establece el pliego (temperatura de control tomada 40 °C).
Jardín JII 4 DE 2. Empresa Concesionaria SIAL. El menú del día no resultó satisfactorio ni tuvo la aprobación por parte de la mayoría de los alumnos; el punto de cocción de los fideos no fue el adecuado ya que se observan puntos blancos en el interior de la pasta indicando la falta de cocción de la misma. Se alertó en el momento a la supervisora de la empresa SIAL que se hizo presente en el establecimiento escolar al momento de nuestra visita.
Escuela JIN C (N°3) DE 14. Empresa concesionaria Arkino SA. Se observó falta de cocción de los fideos moño por encontrarse puntos blancos en su interior lo cual indica que la pasta no alcanzo su cocción óptima. La milanesa de carne vacuna industrializada (pre cocida) se observó con un color oscuro en su interior y un sabor salado intenso (Este último punto también se observó en la Escuela N° 23 DE 9 de la empresa concesionaria SIDERUM SA y en la Escuela N° 25 DE 12 de la empresa concesionaria Treggio SRL).
Escuela N°21 DE 17. Empresa concesionaria Treggio SRL. Se observó que la carne presenta grasa visible, no es tierna y su sabor no es agradable; se observa faltante de ingredientes en la preparación ya que las verduras no son visibles en la ración servida. El arroz blanco estaba cocido en su punto óptimo pero con poco sabor y faltante de queso rallado en algunas bandejas. Se observó una escasa aceptación del menú por parte de los niños.”

Estas empresas, junto a otras 14 con antecedentes cuanto menos controvertidos, integran el pelotón de finalistas de la licitación vigente. Pese a las transgresiones probadas, el Gobierno de la Ciudad respaldó sus respectivas participaciones en el proceso. Las considera eficientes. Ahora van por otros cuatro años de impunidad, 50.000 millones de pesos a embolsar, y favoritismo político a costa de la salud de niñas, niños y adolescentes.

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