El jubilado, los medios y un asesinato

En las últimas semanas la discusión sobre el “jubilado”, como decidió la prensa llamar a Jorge Rios, un hombre de 71 años, que remató a una persona que huía luego de intentar robarle  que fusiló a un asaltante, eclipsó los medios de comunicación, las redes sociales y las charlas familiares. ¿Qué derechos se ponen en juego? 

Por: Lena Cardozo Gine

El caso

Uno de los protagonistas  de esta historia es Jorge Ríos, un herrero jubilado de 71 años. El 17 de Julio pasado, Ríos se encontraba en su domicilio en la localidad de Quilmes y, luego de ser asaltado por tercera vez en la noche, hirió en un forcejeo a  uno de los asaltantes que intentó robarle, Franco Martín Moreyra de 26 años. Acto seguido, cuando Moreyra intentaba escapar de la residencia, el jubilado le disparó en el pecho y lo dejó sin vida. Según muestran las cámaras de seguridad del lugar, al momento de recibir los últimos tiros el asaltante se encontraba en total estado de indefensión y no presentaba un riesgo para la integridad física de Ríos.

Rios alega haber actuado en “legítima defensa” aunque  en el video que circula por redes sociales se puede ver claramente a una persona, que estaría a 60 metros del domicilio, huyendo con dificultades para caminar cuando “el jubilado”, como deciden llamarlo en los medios hegemónicos, logra alcanzar  a Franco Moreyra y lo acribilla en plena calle aunque éste le haya pedido clemencia en sus últimos instantes de vida. 

El debate en los medios de comunicación y redes sociales

La discusión sobre el hecho  tuvo lugar en los medios de comunicación donde políticos, conductores, militantes y personalidades del mundo artístico dieron su postura en el tema y se replicó rápidamente en las redes sociales, donde  más que la crítica al código penal, preponderó el moralismo de si “estaba bien” haberlo matado o no y que hubiera hecho cada unx en ese caso.

El ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, en diálogo con Radio Con Vos justificó el accionar de Jorge Ríos sosteniendo: “parece que la justicia está más preocupada por defender los derechos de los delincuentes”, y agregó: “Hay una situación que tengo clara: el señor Ríos esa mañana no se levantó con ganas de matar a nadie. Esos cinco delincuentes, en cambio, salieron dispuestos a hacer daño. Lo invadieron y lo torturaron. No digo que sea culpable o inocente, pero hay que entenderlo, ayudarlo y acompañarlo”.

Por otro lado, Hebe de Bonafini, presidenta de Madres de Plaza de Mayo, cuestionó los dichos de Berni y afirmó: “Si hay alguien que no quiso nunca la pena de muerte, soy yo. Y no es que nos vinieron a robar. Nos llevaron lo más importante que uno tiene en la casa, que son los hijos. Nos destruyeron la vida y nunca se nos ocurrió matar a nadie ni pedir la pena de muerte. Cuando muchos decían paredón, nosotros decíamos: no, cien años de prisión”

Por otro lado, la periodista Nancy Pazos le respondió un tweet a Eugenia “La China” Suárez en el la actriz defendía al jubilado. “Va preso porque lo hirió. Lo persiguió. Y lo remató en el piso @chinasuarez . Seis veces disparó. El jubilado es una víctima. Pero se convirtió casi en un asesino por hartazgo, por dolor, o por lo que sea. Pero no se puede habilitar la ley del Talión (googlealo)”, haciendo referencia a la conocida expresión “ojo por ojo, diente por diente”, que materializa al principio jurídico de la justicia retributiva en el cual la norma impone un castigo que debe ser igual al crimen cometido.

Cientos de tweets se pudieron ver replicados mostrando el odio a las víctimas de la pobreza capitalista y las desigualdades sociales que generan hambre, miseria, necesidades básicas insatisfechas, injusticia y violencia. También, se han recordados (y casi venerados) casos similares como el del carnicero  de  Zárate que persiguió, atropelló y mató a un ladrón luego que ingresaran a su local y le robaran $5.000 pesos en Septiembre del 2016. 

Un historia que se repite

El reconocido caso de Luis Chocobar, que tuvo mayor trascendencia cuando el ex presidente Mauricio Macri lo recibió en su despacho de la Casa Rosada y afirmó que estaba “orgulloso” por el accionar violento del policía, se hizo presente en la redes. Por otro lado, también, se remitió al violento tiroteo protagonizado Baby Etchecopar y su hijo, que dejó a un delincuente sin vida. 

Parece paradójico, pero el mismo conductor dio su postura sobre lo ocurrido el viernes 17 de Julio en Quilmes y dijo que le pareció una “imagen dolosa” y que le dio “pena el ladrón”. Imaginate vos, twittero, estar a la derecha del pensamiento de Baby. Todos estos hechos despertaron cierta “extrañitis” de la ex Ministra de Seguridad Patricia Bullrich que plantea elaborar un protocolo que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar sobre personas en situación de fuga. 

¿Qué dice la ley? Primero y principal: argentina no cuenta con pena de muerte para ningún delito. Celina Prieto, abogada del  Poder Judicial de la Provincia de Santa Fé en conversación con Sudestada afirmó: “El derecho existe para imponer las reglas del juego porque vivimos en sociedad. Son las normas a las cuales nos debemos atener y el que no desee hacerlo tendrá consecuencias jurídicas”. ¿Quiénes son los encargados de impartir estas consecuencias jurídicas? Los jueces y juezas del  sistema judicial, no la sociedad.

A su vez, sostuvo: “Lo que se busca con un código penal  es certificar qué acciones son indebidas para evitar la  justicia por mano propia”.  En el artículo 34 del mismo se confirma: “no son punibles aquellas personas que no hayan podido, en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por su estado de inconsciencia, error o ignorancia de hecho no imputables, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones”. Es decir, se exime de la responsabilidad penal a aquellas personas que actúen en defensa propia o de sus derechos siempre que se presenten tres circunstancias en simultáneo: agresión ilegítima, necesidad del medio empleado para impedirla y falta de provocación suficiente por  parte del que se defiende.

Prieto da su opinión: “es un caso muy particular” ya que no hay una equivalencia en el arma que portaban en el momento que Franco Moreyra ingresa a la casa de Jorge Ríos. El primero, portaba un arma blanca, y el segundo un arma de fuego: ”tiene que haber una equivalencia con el instrumento que se agrede y el que se defiende”. La abogada agrega: “hay falta de provocación suficiente por parte del que se defienda” ya que el asaltante estaba huyendo del domicilio y Ríos mató a quemarropa.

Por otro lado, el sociólogo Alejandro Grimson en una entrevista con Radio Nacional declaró que no existe la justicia por mano propia, pero sí la injusticia por mano propia: “Lo que estamos hablando son casos de injusticia que procuran castigar a presuntas personas que han cometido robos”. Además confirmó: “Ningún juez estableció que eso es de esa manera y, mucho menos, una condena que una persona merece en función de determinado intento o robo”.

“Las prácticas sociales de odio a ese ‘otro’: odio a los pobres, a los negros, a los extranjeros; tiene un fuerte arraigo en distintos sectores sociales de nuestro país y devienen de construcciones ideológicas de poder y discriminación que se remontan a los tiempos de la conquista española”, informa a Sudestada Analía Verón antropóloga, docente e investigadora de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Además, cita a INADI (Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) y dice: “desde el discurso, la relación entre racismo y la pobreza es notable cuando se oyen expresiones asociadas al racismo biologicista. Es el clásico ‘son unos negros’. A su vez, el proceso ideológico de criminalización de la pobreza tiene una matriz racista y, en Argentina, se expresa en el estereotipo del ‘pibe chorro’ que es un varón joven, con un tono de pelo y de piel morocho, con gorra o visera y zapatillas deportivas”.

El fiscal Ariel Rivas Ariel Rivas caratuló al hecho como: “homicidio agravado por el uso de arma de fuego”  basándose en el video incorporado a la causa y  en lo que declaró un testigo que vio a Moreyra en el piso y a Ríos golpeándolo cuando ya no significaba un peligro para su vida. Mientras tanto, la defensa busca demostrar que fue “legítima defensa”.

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