Por Patricio Eleisegui
Para algarabía de la caja política, automotrices globales y megamineras siguen comprometiendo millones para garantizarse el mineral que les permita migrar de matriz. A la par, siguen multiplicándose los atropellos y el avasallamiento de campesinos y comunidades ancestrales. La Puna, otro territorio elegido para el sacrificio extractivista.
Cierra a puro abrazo la apuesta del Gobierno por el extractivismo minero inherente al litio. El último tramo del año fue de promesas multimillonarias. Como es tradición en una de las actividades más letales para la supervivencia socioambiental. En noviembre, el grupo francés Eramet, proveedor del mineral para los autos eléctricos de la también gala Bolloré, habló de inyectar 400 millones de dólares para fortalecer su posición en Salta, provincia en la que pretende activar el proyecto Centenario-Ratones.
Operará asociada a la china Tsingsha, que promete desembolsar hasta el 80 por ciento de esa cifra para montar una planta de procesamiento del metal. A la par, Tesla confirmó en este último tramo de 2021 que acaba de sumar a otro abastecedor con operaciones en la Argentina: Liex, filial local de la canadiense Neolithium, avanzará con la construcción del proyecto Tres Quebradas (3Q) en la provincia de Catamarca. La firma notificó que iniciará el desarrollo de campamentos y caminos entre este diciembre y febrero próximo.
Hablamos de la misma Tesla que ya cuenta con otra compañía que le entregará litio de la Argentina: la china Ganfeng Lithium Co, que en mayo prometió que avanzará con la instalación de una fábrica de baterías en Jujuy y propone expandir –presunto desembolso previo de 100 millones de dólares– el emprendimiento Caucharí Olaroz, en el territorio de Jujuy.
En el oficialismo nacional y provincial de turno se multiplican las manos que se frotan con entusiasmo pornográfico. Ganfeng Lithium Co. también mantiene vínculos con Volkswagen y BMW para la entrega permanente del mineral con vistas al desarrollo de vehículos híbridos o directamente eléctricos.
Toyota es otra de las automotrices que protagoniza la avanzada trasnacional sobre el litio detectado en el norte de la Argentina. Participa del proyecto jujeño de Olaroz. La asiática es dueña del 25 por ciento de las acciones del emprendimiento, mientras que la porción restante es propiedad de la australiana Orocobre. La estatal jujeña JEMSE posee una participación simbólica: 8,5 por ciento.
Por su parte, BMW mantiene una alianza accionaria con la minera Livent, que extrae litio en el Salar del Hombre Muerto, provincia de Catamarca. Fénix y Olaroz son, hasta el momento, los dos únicos proyectos de litio en fase de explotación concreta en el ámbito nacional.
Después están los rusos.
A fines de noviembre, Uranium One, filial de la nuclear estatal Rosatom, firmó un acuerdo con la canadiense Alpha Lithium para formar una empresa conjunta que procurará extraer litio en el salar salteño de Tolillar.
Escandalosa, la catarata de nombres que viene apadrinando la política minera vigente.
Como expliqué en otro artículo publicado por Sudestada en mayo de este año, aunque el litio marca presencia en buena parte de los dispositivos tecnológicos que usamos a diario, lo cierto es que su extracción a gran escala cobró forma por la decisión de los grandes grupos automotrices de, justamente, migrar hacia la producción de vehículos eléctricos.
En la actualidad, ese mercado es hasta 8 veces más grande que el inherente a la generación de pilas y baterías para electrónica de consumo. Por estos días, más del 40 por ciento del elemento que se extrae termina en las fábricas y laboratorios de las principales marcas comercializadoras de autos. Se estima que hacia 2026 ese nicho explicará el 70 por ciento del consumo mundial de litio.
La explotación ampliada del mineral sólo se explica a partir de esta demanda desatada.
Hasta aquí, el detalle de aquello que mueve la aguja de carteras como el Ministerio de Desarrollo Productivo que encabeza Matías Kulfas. Auténtica embajada de cuanto proyecto extractivista gire en torno a la Argentina.
Recordemos las mega granjas porcinas para abastecer a China. El culto renovado a Vaca Muerta. El respaldo a los intentos por ampliar la extracción offshore de gas al sur de Tierra del Fuego. Las declaraciones a favor de la salmonicultura, también, en ese extremo de la Patagonia.
Garantizar el ingreso de dólares para financiar la caja política a como de lugar.
¿Cuáles son los aspectos desatendidos o, mejor dicho, que no tienen lugar en la ecuación y la publicidad que enarbola el Gobierno siempre que puede? ¿Qué es lo que se mantiene subterráneo a la par de cada proyecto de minería de litio que se anuncia con mil parlantes?
Melisa Argento es doctora en Ciencias Sociales, becaria postdoctoral del CONICET e integrante del Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes. En una consulta reciente, no dudó en aportarme detalles del impacto negativo que cada una de estas iniciativas genera en aquellos ambientes donde se vienen multiplicando.
“Hay impactos visibles en áreas como el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, donde Livent extrae el mineral desde 1997. También en la cuenca Olaroz Caucharí. En lo social, todos los proyectos que se vienen impulsando parten del no respeto de los derechos de las comunidades y poblaciones campesinas que habitan los territorios. En ninguno de los casos se ha cumplido o se cumple con la consulta previa, libre e informada que establece el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que ha ratificado la Argentina”, precisó.
“La consulta es una herramienta se sigue vulnerando de forma sistemática. No se implementa ni se ha implementado en estos territorios donde la extracción del litio ya es un hecho concreto. Tampoco se respetan los derechos indígenas en términos territoriales que están plasmados en las constituciones nacionales y provinciales. O establecidos ya a nivel internacional, como es el caso de la carta de pueblos indígenas”, agregó.
La experta también mencionó a la ley 26.160 que declara la emergencia territorial de las comunidades originarias como otro de los marcos que se vulnera.
“Luego está el efecto que provocan las intervenciones empresariales en el territorio. Generan procesos de división intracomunitaria o fragmentación del lazo social en estas poblaciones. Que muchas veces derivan en conflictos internos”, dijo.
“Se producen divisiones sexo genéricas. Por ejemplo, los hombres jóvenes que pueden conseguir trabajo en estas compañías suelen oponerse a los miembros más adultos. Por lo general se oponen a las mujeres adultas, como ser madres o abuelas, que resisten a las mineras desde la forma de vida campesina. Desde su labor en la tierra o la ganadería”, afirmó.
Argento amplió la explicación: “Estamos hablando de tierras que no son fértiles, que permiten una agricultura a baja escala y la cría de animales. Las mujeres son quienes muchas veces se quedan al cuidado de los puestos de pastoreo, mientras que los hombres jóvenes pueden llegar a insertarse en el mercado formal y de pago asalariado en las mineras. Estas formas generan divisiones internas y no pocas veces conflictos en las comunidades”.
Los campamentos de las compañías del litio traen consigo, también, el cambio de las pautas sociales y culturales de las regiones. Diversas investigaciones realizadas en América latina exponen que en los territorios donde se consolida la actividad minera brotan los casinos y se fomentan actividades como la prostitución.
“La articulación con el encadenamiento productivo de las poblaciones locales es muy débil. Se benefician muy pocos, de forma individual, en estas comunidades. Tal vez quien tiene un emprendimiento de gastronomía, los hoteleros. No hay mejora alguna en la calidad de vida del conjunto de la población. La promesa de empleo, que está siempre en el discurso de las mineras, es incumplida”, expresó.
Según Argento, las empresas del litio sólo demandan personal para determinadas etapas de la construcción de cada proyecto. Luego las mineras cesantean a esos obreros ocasionales y apenas si recurren a trabajadores provenientes de otras zonas geográficas. La tecnificación manda en la explotación del metal.
“En la fase de construcción, los empleos que se generan oscilan entre los 250 y los 400 puestos de trabajo directos. Ya en la operación ese número se reduce enormemente y los procedimientos son llevados a cabo por personas provenientes de otras zonas. Los pobladores de los lugares afectados hablan del ‘pan para hoy, hambre para mañana’. No hay trabajo a largo plazo. Después está, también, la promesa de la creación del valor agregado, cuando lo que tenemos es un extractivismo trasnacionalizado y exportador de carbonato de litio. O sea, que no supone agregado de valor alguno dado que es la forma en que se transporta el mineral para su procesamiento en las casas centrales de las mineras”, detalló la especialista.
El valor agregado del que tanto alardea la política cada vez que se menciona el desembarco de una empresa que extraerá litio sólo existe fronteras hacia afuera.
Bruno Fornillo integra, también, el Grupo de Estudios en Geopolítica y Bienes Comunes. Es doctor en Ciencias Sociales y Geopolítica, además de investigador del CONICET. En un intercambio de principios de noviembre, se refirió al impacto ambiental que genera la actividad en torno al litio y el destino del mineral que se obtiene a fuerza de destruir salares y su entorno.
“Hoy se cuentan al menos 50 proyectos en manos de corporaciones globales. Si se activan todos los están en carpeta, se generará una gran extracción en la Puna con el fin de que los países centrales tengan garantizado el recurso para sus respectivas transiciones energéticas. Acá sólo van a dejar un desastre ambiental, regalías y rentas prácticamente nulas, algunos negocios para las élites provinciales y el avasallamiento de las poblaciones”, comentó.
“Los impactos ambientales de la extracción de litio son gigantes. Sobre todo, los vinculados al consumo de agua en una región árida”, acotó.
Argento concluyó con una opinión similar respecto del devenir: “Si se llevan a cabo esos más de 50 proyectos, bueno, el futuro de los territorios estará seriamente comprometido. Por la destrucción del salar, del agua, de la Pachamama. El agua vale más que el litio y eso es lo que sostienen las comunidades, que resisten y se organizan. El avance de estos proyectos, si no se atiende el reclamo y se respeta a las poblaciones, implicará el desplazamiento de esas mismas comunidades, que se quedarán sin futuro. Los proyectos de litio en salares y humedales altos andinos ponen en riesgo toda la vida en esos lugares”.
