La Coordinadora Contra La Represión Policial e Institucional (CORREPI) informó que en lo que va del aislamiento social se han registrado, al menos, 50 casos de violencia policial, 12 de gatillo fácil y 23 muertes en el lugar de detención. La represión no se puso en cuarentena.
Por: Inés Mazzara
A pocos días de que CORREPI publicó un informe visibilizando los casos de violencia institucional ocurridos durante los noventa días de cuarentena en Argentina, la semana pasada se conoció un nuevo asesinato en manos de la policía en la localidad Quilmes. Esta vez la víctima fue Fernando Leguizamón, dueño de un taller mecánico. Para los medios de comunicación, que se indignaron con el homicidio de George Floyd, este caso no tuvo relevancia.
Los abusos policiales, el racismo y el odio no son ajenos a nuestro país. Mientras que los medios hegemónicos locales se “molestan” por lo que pasa en el país más rico del mundo, hacen la vista gorda cuando las fuerzas locales agreden y matan a nuestrxs pibxs.
Acorde con la información publicada, entre el 20 de marzo y el 31 de mayo se registraron 23 muertes en el lugar de detención, de los cuales 8 corresponden a comisarías y 15 a cárceles. Además, hubo 50 casos reportados de violencia policial y al menos 12 de gatillo fácil en los barrios populares. Estos números son los que hasta el momento se han podido confirmar, lo que no excluye que existan más.
Una historia que continúa
A fines del año pasado, la ministra de Seguridad Sabina Frederic convocó a CORREPI para elaborar un diagnóstico sobre el estado de la violencia policial en nuestro país. A partir de esta invitación, la organización presentó una agenda antirepresiva urgente, por la que vienen peleando hace más de 30 años, para desinstalar los mecanismos de represión históricos, potenciados por el macrismo, en pos de saldar esta deuda de la democracia. Sin embargo, el advenimiento de la pandemia complicó la situación .
Es incuestionable la necesidad de establecer un plan de asistencia frente a la emergencia sanitaria. El problema es que son los sectores vulnerables los que se ven más perjudicados en este contexto. No sólo porque viven en condiciones precarias, de hacinamiento y no se les garantizan las condiciones de protección, de acceso a servicios básicos y la provisión de alimentos, sino porque se ven afectadxs por la necesidad de salir a trabajar para subsistir. La respuesta del Estado, en lugar de garantizar el cuidado y la asistencia de lxs vecinxs, fue la presencia policial.
“En este escenario, reafirmamos el repudio a que se haya puesto en manos de las fuerzas de seguridad la función de garantizar que se cumplan las medidas de aislamiento”, denunció CORREPI en el informe. Además de los reclamos para que el gobierno se responsabilice y tome medidas frente al accionar de las fuerzas represivas, la organización también apeló a la coordinación de la población. “Por supuesto que apostamos a la organización popular para dar respuesta en lo inmediato ante las situaciones de represión. Por eso nuestra consigna en esta etapa es ‘ cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión. La salida para la clase trabajadora es la organización popular’”, comentó a Sudestada la referente de CORREPI, María del Carmén Verdú.
Un falso cambio
En un conversatorio sobre “Violencia institucional, salud mental y DDHH” organizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el secretario Horacio Pietragalla expresó su preocupación por la violencia perpetrada por las fuerzas de seguridad y explicó que ese es uno de los ejes fundamentales de su trabajo. “Todo gobierno va a tener casos de violencia institucional, porque lamentablemente no se cambia de un día para el otro. Pero lo que este gobierno nunca va a hacer es avalar políticamente a quienes lleven adelante ese tipo de acciones” explicó.
“Naturalmente es preferible una declaración oficial como ésa, y no la foto con Chocobar y la ministra de Seguridad diciendo en conferencia de prensa ‘esta es nuestra política de Estado y la vamos a defender’, al mismo tiempo que se establecía un protocolo legalizando el gatillo fácil, autorizando a las fuerzas a disparar por la espalda a personas desarmadas”, afirmó Verdú en diálogo con Sudestada.
Es importante resaltar que, tras años de lucha, se ha logrado la derogación dos artículos de la doctrina Bullrich que dejaron sin efecto las resoluciones que habilitaban el uso de armas de fuego y de pistolas Taser contra personas desarmadas. “Pero, esa misma realidad choca contra la evidencia de que, en la mayoría de los casos, los policías o miembros de otras fuerzas permanecen impunes, o, en los pocos casos que con la lucha organizada logramos llevarlos a juicio, siguen en libertad durante todo el proceso e incluso a veces después del procesamiento (como sucedió la semana pasada con los gendarmes de Bajo Flores) y hasta de la sentencia”, agregó.Sin ir más lejos, desde el gobierno no se tomó ninguna medida cuando el 10 de junio el secretario de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, dirigió un operativo en Zárate, armado con una ametralladora. Cuando se le preguntó por estos hechos respondió: “Si estuviera mal, estaría preso”. Desde hace tiempo la justicia dejó de ser garantía de derechos.
Una agenda con propuestas claras
“Las imágenes de Berni armado en un procedimiento no son novedad. No hace falta entrar en la discusión de si es legal o ilegal . Sin dudas, legalmente tendrá tanto la tenencia como la portación de ésa y muchas otras armas, es un milico más”, declaró Verdú en diálogo con Sudestada. Una vez más las autoridades haciendo uso y abuso de su poder. Una estampa de impunidad y violencia. “Seguramente aplica aquello que decía Patricia Bullrich, ‘es un país libre, el que quiera andar armado que ande armado’. El verdadero problema es que él es secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y conduce todas las fuerzas bonaerenses”, continuó.
Por otro lado, es importante aclarar que las propuestas de la agenda presentada por CORREPI son medidas que no necesitan de un cambio radical y que pueden ser llevadas adelante aquí y ahora. Como por ejemplo, terminar con la militarización de los barrios populares, el hostigamiento y las detenciones arbitrarias. “En una cosa no se equivoca el secretario de DDHH: todo gobierno va a tener casos de violencia institucional, mientras administre un estado dividido en clases, porque la represión es una herramienta para el control social de las mayorías empobrecidas”, explicó Verdú.
Es necesario que se tomen en cuenta las exigencias planteadas por CORREPI para proteger los derechos humanos de toda la población y, particularmente, los de los sectores populares que son quienes más sufren estas formas brutales de disciplinamiento. Es cierto que estamos atravesando un contexto de gran complejidad, donde existen muchas problemáticas que el gobierno debe atender, pero no se puede defender al pueblo del virus mientras se lo mata a garrotazos. El virus mata, la represión también.
