Imagen: Patricia Rosas
El proyecto de ley enfrenta una oposición combinada de actores del extractivismo con peso específico en Diputados. No hay grieta a la hora de blindar negocios para mineras, sojeros y desarrolladoras inmobiliarias.
Por Patricio Eleisegui
A días de la aberración ocurrida en la Cámara de Diputados, y mientras la todavía trunca normativa de etiquetado frontal se mantiene a flote en esa resistencia popular que no transa en la arena política, la cercanía del final del año legislativo obliga concentrar la mirada sobre otra de las iniciativas que duerme en un cajón por efecto del exceso de lobby: el proyecto de ley de humedales.
La propuesta, texto unificado que brotó de 15 iniciativas diferentes, transcurre sus días en algún archivo perdido de la Comisión de Agricultura y Ganadería. Suma 10 meses de congelamiento pleno por obra y gracia de legisladores oficialistas y opositores que, sin grieta, esperan a diciembre para celebrar la pérdida de estado parlamentario.
La causa de la demora no es más que el conocido esfuerzo de la dirigencia por garantizarse financiamiento en épocas de campaña.
La urna tiene forma de caja.
Los capitales del agronegocio transgénico, la ganadería intensiva, la mega minería y la especulación inmobiliaria, no quieren saber nada con normativas que puedan aminorar de alguna forma el saqueo.
¿Qué establece, concretamente, esta propuesta legislativa que tanto enerva a los popes del extractivismo? Consulté a Rafael Colombo, miembro clave de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, quien me aportó sendos detalles del proyecto.
“El proyecto está integrado por 46 artículos. Posee una definición que combina aspectos del Convenio Ramsar vigente en Argentina –Ley 23.919 de 1991– y argumentos provistos por las autoridades y científicos. Esto, a los fines de establecer criterios objetivos para delimitar humedales”, comentó.
“Integra objetivos basados en la protección de la integridad ecológica. Y también incluye un inventario nacional de humedales que debe ser construido entre autoridades, científicos, universidades, organizaciones de la sociedad civil y las comunidades campesinas, indígenas, ribereñas e isleñas…”, añadió.
Colombo mencionó, además, que la iniciativa propone la creación de una autoridad fuerte de aplicación federal y la generación de un fondo que garantice presupuestos para la puesta en vigencia y cumplimiento del marco. El experto expuso que, en la actualidad, se estima que el 21,5 por ciento del territorio nacional corresponde, justamente, a humedales. El porcentaje equivale a una superficie de al menos 600.000 kilómetros cuadrados.
Una superficie por demás de apetecible para los amos de la soja y el maíz transgénicos, los corrales de “feedlot” que apuntan hacia China, las automotrices con ínfulas de litio y los imitadores de Eduardo Costantini y Eduardo Elsztain que anhelan lotear su propio Nordelta o inventarse un nuevo IRSA.
Un mal por triplicado
Precisamente son estos actores quienes, a través de sus representantes políticos en la Cámara de Diputados, mantienen hoy en estado subterráneo la propuesta de protección de los humedales. “Existe un triple lobby”, me comentó al respecto Enrique Viale, colega de Colombo y fundador de la ya mencionada Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas.
“Se opone el sector minero y su interés tanto por profundizar la explotación de litio en los salares de la Puna, que justamente son humedales de altura, como por sostener los privilegios de los que ya gozan yacimientos como Veladero. Allí estos ecosistemas tienen presencia a partir de las vegas distribuidas en las montañas. A esta ley tampoco la quiere el agronegocio, que busca avanzar con arroceras y ampliar la frontera agropecuaria. Y también es rechazada por la especulación inmobiliaria, que propone la construcción de countries y barrios privados a partir de la destrucción de humedales”, detalló.
“Este triple lobby es el que mantiene al proyecto en un cajón. La prueba del enorme rechazo que despierta la ley está en la decisión de hacerla perder estado parlamentario siendo que, vale aclararlo, la propuesta no establece prohibiciones concretas. Propone estudiar los humedales, delimitarlos, generar un inventario y establecer un manejo sustentable de las superficies. Sin embargo, la voracidad de sectores como el minero es tal que directamente rechazan cualquier tipo de limitación”, agregó.
En nuestro intercambio, Viale recordó maniobras similares en las iniciativas, todas caídas y también tendientes a resguardar los humedales, presentadas en 2013 por Rubén Giustiniani y, ya en 2017, por Fernando “Pino” Solanas.
“En ese entonces, nos tocó dar una pelea muy grande contra una Comisión de Agricultura presidida por Alfredo De Angeli. Hoy, aunque con otras caras, es esa misma comisión el ámbito que mantiene cajoneado el proyecto desde diciembre del año pasado. Ni siquiera pusieron el proyecto en consideración de los asesores. La decisión es que la ley no salga”, afirmó.
Colombo también se refirió al accionar funesto de la actual Comisión de Agricultura. “Presidida por el diputado (José Ruiz) Aragón es, sin lugar a dudas, el espacio que más obstáculos coloca con el deliberado propósito de que el proyecto pierda estado parlamentario”, dijo.
Para enseguida añadir: “Históricamente, este tipo de comisiones son muy hostiles a cualquier iniciativa ambiental pues buena parte de sus integrantes poseen estrechas relaciones con empresarios ligados al agronegocio. No es casual esta demora de casi 12 meses. Tampoco, que el proyecto ni siquiera haya sido considerado por la comisión”.
Para depredar no hay grieta
Ante mi consulta respecto de la posición de los distintos bloques ante el proyecto de ley, el abogado expuso la ausencia de cualquier idea de grieta. Y remarcó que prevalece la decisión de mantener la matriz económica extractivista.
“Oficialismos y oposiciones generalmente confluyen. Por supuesto que hay híbridos y excepciones: están los legisladores del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio que, de manera genuina, han manifestado de manera pública su apoyo a la ley. También existen bloques políticos de minoría que históricamente han respaldado estás luchas, como el Frente de Izquierda y otros bloques provinciales”, afirmó.
Si bien, como plantea la potencial normativa, aún resta relevar la totalidad de los humedales distribuidos en el mapa doméstico, se reconocen ecosistemas de ese tipo en al menos 17 provincias de la Argentina.
“Algunos de esos humedales, como el delta del Paraná, son compartidos entre dos o más jurisdicciones. Otros se emplazan en el interior de una provincia. Las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, por ejemplo, posee tres sitios Ramsar. Mendoza, San Luis y San Juan, en tanto, comparten jurisdiccionalmente un mismo humedal –Lagunas de Guanache, Desaguadero y Del Bebedero–, donde también interviene la Administración de Parques Nacionales”, precisó Colombo.
Vuelvo a preguntar por el destino de la propuesta de ley si no resulta aprobada antes de diciembre. “Se vuelve a foja cero. Eso implica tener que volver a presentar el proyecto y la pérdida de, por ejemplo, el enorme trabajo que realizaron, entre otros, diputados como Leonardo Grosso –presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Medio Ambiente–. Sin una ley seguirán sin generarse herramientas para reclamar y promover una protección de esos espacios”, enfatizó Viale.
Colombo, en tanto, me habló de la indispensable necesidad de terminar, “de una vez por todas, con el estado permanente de impunidad ambiental en el que se encuentra nuestro país”. Batalla que puede darse de forma diferente si culmina, de una vez por todas, este otro vacío legal a partir del cual también se sigue perpetuando el extractivismo.
Para eso también es clave una ley de humedales: para empezar a reconocer, a discutir, a definir, a limitar, a exigir. Por supuesto que no erradicará el problema de un plumazo. Claro que no.
Pero el peor estado es el actual. Bajo el mandato firme del triple lobby depredador. Que procura la continuidad del “así como estamos” con la ventaja cierta de que diciembre es apenas pasado mañana.
