Entre 2016 y 2019 seis mujeres vivieron situaciones de violencia obstétrica en el Hospital de Morón. Karen Pérez, Celeste Cornejo, Laura Silva, Daiana, I. y Patricia fueron las víctimas que denunciaron. Tres bebés fallecieron al momento del nacimiento y otros sufrieron graves secuelas. Desde entonces, las mujeres llevan una lucha diaria para que haya justicia. Sin embargo, no solo faltan respuestas, sino que volvió a suceder en mayo: Laurinda Pilar Contreras, que estaba en su quinto mes de embarazo, recibió un diagnóstico erróneo y falleció, junto a su bebé, en el Hospital de Morón. Faltan acciones concretas. Historias como estas se repiten en todo el país, en el ámbito público y privado. Sobre esto, hablamos con su mejor amiga Magali torres y con Amparo Saiz, doula feminista e integrante de Guardianas Floreseremos, quienes llevaron adelante la creación de un Mural en conmemoración de los bebés fallecidos, apelando al arte como justicia restaurativa.
Por Florencia Da Silva
Laurinda tenía veintinueve años. Vivía en Agustín Ferrari, Provincia de Buenos Aires. Llevaba cinco meses de embarazo y tuvo dolores en el transcurso de la gestación. Había hecho el seguimiento en la Unidad Sanitaria Dr. Idélico Gelpi. En reiteradas ocasiones fue a la guardia del Hospital de Morón y al Hospital Posadas. El 28 de abril fue al Hospital de Morón con fuertes dolores. Le dijeron que eran gases, cólicos y que tenía una infección urinaria. Le dieron Buscapina. Volvió el 2 de mayo a la guardia de Morón, nuevamente le dieron Buscapina y le hicieron una ecografía y análisis de sangre. Le dijeron que no había de qué preocuparse, que no tenía nada. En el estudio se informaba que las plaquetas estaban bajas, pero no sabían por qué era. La atendió la doctora María Cecilia Moura, le dijo que fomentaba los dolores. La trataron muy mal. Le dijeron que vuelva a la casa. El 6 de mayo volvió al Hospital Posadas con fuertes dolores.
El 22 de mayo volvió con dolores, agonizando, inconsciente. Cuando la atendieron, le dijeron que el bebé había muerto hacía cuatro días. Le hicieron la cesárea de urgencia. Cuando sacaron al bebé, el papá pidió verlo y una médica lo destrató. Laurinda tenía una peritonitis. Le explicaron que tenía 20% de posibilidades de vivir. El 23 de mayo falleció. “Si a ella la hubiesen escuchado, hoy estaría acá. Si hubiesen escuchado los dolores por los que ella sufría, ella estaría acá con nosotros”, expresó Magalí.
Laurinda había buscado ese embarazo. Había pensado en ir a Luján para pedir que se cumpla su deseo de tener un bebé. “Fue un embarazo muy pedido, porque ella hacía unos años le habían sacado un ovario, le habían dicho que no podía ser madre. Estaba muy contenta con su embarazo”, relató su mejor amiga.
Un mismo dolor, una lucha colectiva
“No tenemos carriles de denuncia efectivos. Hay organismos que reciben denuncias, pero ninguno tiene la facultad de establecer sanciones que condenen la violencia obstétrica. Por otro lado, los organismos que recepcionan denuncias, sólo relevan y elaboran estadísticas cuando las asociaciones civiles las reclamamos. Necesitamos la real aplicación del artículo 6 de la Ley 25.929 conocida como Parto Humanizado, que dice que la violencia obstétrica es ‘falta grave’ a los fines sancionatorios”, sostuvo Saiz.
Las mujeres denunciaron los hechos en la Defensoría del Pueblo de la Nación, en la Comisión Nacional Coordinadora de Acciones para la Elaboración de Sanciones de Violencia de Género, en el INADI y también en el Ministerio de Salud de PBA, entre otros organismos.
La Defensoría del Pueblo dijo que los hechos denunciados constituyen violencia obstétrica y en aquel momento solicitó al Municipio de Morón que se investigue. Fue entonces cuando el Municipio realizó la apertura del sumario, el mismo que actualmente piden que se cierre para que, como dicen las mujeres de la denuncia colectiva, “esto no le pase nunca más a una mujer”.
Todavía siguen exigiendo justicia, la resolución del sumario para que se esclarezcan todos los hechos denunciados, que se establezcan responsabilidades, sanciones, y que se apliquen medidas y las propuestas concretas para campañas de sensibilización. Además, exigen la separación inmediata del cargo de la Jefa del Servicio de Tocoginecología, Ana María Del Vecchio, que continúa en el ejercicio de sus funciones.
“Cuando las Mujeres comenzaron a movilizarse para obtener respuestas y exigir el esclarecimiento de lo que les había sucedido, la justicia sentenció una perimetral de restricción de acercamiento al Hospital. Esto evidencia cómo el poder de la corporación médica criminaliza a las mujeres que denuncian violencia obstétrica, y también a las que sufren emergencias obstétricas. Además, quedaron inhabilitadas de acceder al sistema público de salud, que está a tres cuadras de sus casas. Les imposibilitaba caminar por su barrio, hacer las compras, ir a la escuela. Fue ahí cuando un grupo de compañeras feministas, abogadas del territorio, observó el proceso colectivo de la denuncia y las empezaron a acompañar”, explicó la doula.
En el transcurso de la investigación y de la mano de la organización que conlleva la potencia colectiva, se observaron prácticas sistemáticas: las mandaron a sus casas, minimizaron sus dolores, demoraron en la atención, no las escucharon ante determinadas expresiones de dolor, las maltrataron, humillaron, a algunas les sacaron sus celulares, y las dejaron en soledad. En todos los casos hubo mucha desinformación y un profundo desprecio. En la mayoría hay un factor en común: fueron al hospital a pedir un control porque presentaban dolores o determinadas situaciones que las superaban y no obtuvieron respuesta.
El 28 de Mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, realizaron un mural en frente del cementerio, donde están dos de los bebés fallecidos, y llevaron adelante un acto en el las acompañaron más de 50 organizaciones. El mural se nombró como ellas: “Gestar justicia, parir derechos”. El arte como parte de la reparación: para guardianar la memoria, como lo hacen las Madres, para pedir justicia por Giulianna, Benicio, Alexander y Mateo, y para convocar, con sus huellas que ahora están en una pared, su presencia: el faro de esta lucha.
Este caso podría marcar un precedente. La denuncia colectiva tomó fuerza y queda en manos del Estado reparar a estas mujeres y sus hijxs. “Después de todos estos años de lucha necesitamos respuestas. Necesitamos un resultado y que se cierre este sumario con una resolución. Tener una resolución por violencia obstétrica”, sostuvo Saiz.
El año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por un caso de violencia obstétrica que causó la muerte de Cristina Brítez en 1992. Además, ordenó medidas de reparación como garantías de no repetición y solicitó al Estado argentino diseñar una campaña de difusión orientada a visibilizar los derechos relacionados con el embarazo, el trabajo de parto y el posparto. Casos como estos se repiten en todo el territorio argentino. Hay leyes y hay material para trabajar. Queda un arduo trabajo: implementarlas, capacitar al personal para que no se vuelva a repetir y sancionar a quienes cometen estas violencias.
