Transcurría julio de 2022 cuando la salida de Julián Domínguez –hasta ese momento al frente de Agricultura– por la fusión de esa cartera con Economía y Desarrollo Productivo, desembarco oficial de Sergio Massa mediante, pausó la decisión del Gobierno actual de imponer el pago de un canon a los agricultores por la resiembra de aquellas semillas que obtengan de sus cosechas.
El cambio de régimen ocurrió en respuesta a un pedido sostenido de las multinacionales de la agroindustria, que sobre todo a partir de la primera década del 2000 comenzaron a exigir que, además de pagar por las semillas al comprar la bolsa, los agricultores abonen sumas adicionales a cuenta de futuras resiembras. Desde entonces, las compañías se han esforzado por acabar por completo con el uso propio, un derecho fundamental e histórico del campesinado.
El fin del congelamiento impuesto a esa medida –freno que, por cierto, rige hasta hoy–, es uno de los primeros objetivos a cumplir por parte de Fernando Vilella, inminente nuevo secretario de Agricultura de la Nación. En 2019, en tiempos de discusión parlamentaria con vistas a establecer los cambios a la Ley de Semillas que luego no pudo implementar Domínguez, Vilella estuvo entre expertos convocados por el macrismo y la oposición en general para presionar a favor de Bayer Monsanto, Bioceres, Nidera, Don Mario, Syngenta, DuPont, Dow y sus secuaces.
“Pretender que la Ley de Semillas solucione la problemática de la agricultura familiar o de los pueblos originarios es inconsistente. Eso se hace con presupuestos y políticas adecuadas, no tiene que depender de la Ley de Semillas ni ser excusa para que el sistema productivo se atrase y que todos, por no tener los instrumentos que el mundo usa cotidianamente, seamos más pobres cada año”, declaró Vilella en octubre de ese año.
La decisión del ex decano de Agronomía de la UBA –el mismo que hace casi una década dijo, en entrevista para mi libro AgroTóxico, que no le vendió la Facultad a Monsanto sólo porque la empresa “nunca quiso poner lo suficiente, otros pusieron más”– pasará por acelerar el paso para hacer efectivo este cambio de régimen.
Y para ello ya dispuso la designación, a modo de lugartenientes técnicos, de dos referentes de la agricultura transgénica y las fumigaciones con agrotóxicos. Ambos, también, con amplia experiencia en el empleo del lobby más aceitado en el Congreso: Germán Paats y Pedro Vignaeu.
El primero viene de desempeñarse como presidente de Barbechando, una entidad que se denomina fundación e integra a las espadas más rancias del modelo transgénico y agrotóxico ligadas a AAPRESID –la asociación de los empresarios de la siembra directa–, los grupos CREA, ArgenTrigo, CARBAP, la Sociedad Rural, el Consejo Profesional de Ingenieros Agrónomos y la Cámara Argentina de Feedlot, entre otras organizaciones ecocidas.
Barbechando fue creada en 2008 en el contexto de la oposición del agronegocio a la resolución 125, con la finalidad de generar alianzas entre el sector sojero y los diputados y senadores pro agricultura industrial. Paats también fue presidente de la filial Tapalqué de la Sociedad Rural Argentina (SRA) y, diversificado, estuvo al frente del proyecto turístico Punta Delgada en Península Valdés. En 2009, resultó uno de los impulsores de un intento de “tractorazo” luego desactivado.
Además, Paats presume de haber fundado la Fundación Oscar Alvarado, entidad que lleva el nombre de quien fuera presidente y CEO de El Tejar, uno de los primeros “pooles” de siembra que expandieron la soja transgénica (OGM) bañada con el cancerígeno glifosato en Argentina, Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay.
Paats es uno de los principales defensores del trigo transgénico HB4 comercializado por Bioceres, la “Monsanto argentina”. Respecto de esto, en diciembre de 2020 afirmó: “El trigo HB4 es muy importante porque se puede aplicar en superficies en donde hoy sería inviable. Esto estabiliza la producción de trigo, generando más previsibilidad y bajando el costo. Por lo tanto, van a bajar los alimentos. Van a haber más alimentos y más baratos”. Otra de las falacias del agronegocio, en este caso combinada con la omisión al glufosinato de amonio con el que se pulveriza el trigo HB4 y que es considerado por la ciencia un herbicida hasta 15 veces más tóxico que el cancerígeno glifosato. Además de cultor de los transgénicos, Paats interviene en el negocio porcícola y es miembro de los grupos CREA.
Pedro Vignaeu también goza de un CV tan frondoso como siniestro. Como rasgo inicial, vale señalar que fue presidente de AAPRESID, la asociación que integra a los productores que hacen siembra directa y una de las organizaciones que más defiende las pulverizaciones con agrotóxicos y, por supuesto, la siembra de transgénicos en la Argentina.
Vamos con dos declaraciones de noviembre de 2017, a propósito de la discusión respecto de la toxicidad del glifosato, que ilustra perfecto el perfil de Vignaeu. La primera: “La prohibición del glifosato generará un impacto negativo en millones de personas alrededor del mundo”.
La restante: “Para la Argentina, (prohibir el glifosato) significará una menor producción con mayores precios que impactarán en millones de personas alrededor del mundo, en países donde por lo general se importan alimentos. Hoy hay más de mil millones de personas que viven con menos de un dólar por día, no se pueden dar el lujo de perder sus fuentes de alimentación”.
Vignaeu se desempeñó como subsecretario de mercados agroindustriales, área con injerencia directa en la aprobación de semillas transgénicas, en el Ministerio de Producción del macrismo. Además de, también, defender el trigo transgénico HB4 de Bioceres, se ocupa de sembrar OGMs en lotes distribuidos en las provincias de Corrientes, Buenos Aires y Río Negro.
Por último, resta señalar que en 2015 Vignaeu asumió la presidencia de la filial de la SRA en Bolívar. Y en la actualidad cumple funciones tanto de presidente de MAIZAR, la entidad que integra a los productores de maíz y sorgo, como de delegado en CARBAP.
En octubre de 2018, su habilidad para el lobby le permitió hablar en la Cámara de Diputados sobre por qué debe promoverse una Ley de Semillas a favor de multinacionales y popes domésticos del agronegocio. Una de sus declaraciones: “Hay algunas personas que les cuesta resignar el uso propio gratuito, evidentemente no son conscientes del atraso tecnológico que esto conlleva” y agregó “También el orden público es controversial. Es imperioso que los privados podamos hacer contratos, de esto se trata la descomoditización de la agricultura. El rol del INASE es clave en este aspecto”.
“En lugar de incentivos, enfrentamos obstáculos que se suman a los de la macro: somos el único país de América que aplica impuestos a la exportación. Tenemos una Ley de Semillas de hace medio siglo que dificulta el mejoramiento tradicional y el biotecnológico, falta previsibilidad para el desarrollo de los biocombustibles, abundan regulaciones anárquicas sobre fitosanitarios, tenemos recientes problemas con la importación de semillas para los programas de mejoramiento, carecemos de seguros agropecuarios, una red de contención tan necesaria en un año con pérdidas incalculables por la sequía…”, declaró Vignaeu en diciembre de 2022.
En apenas unos días, Pedro Vignaeu desempeñará el rol de mano derecha de Fernando Vilella. Dado el perfil del gobierno de Javier Milei, y en tándem con Germán Paats, tendrá libertad de acción para cumplir los anhelos postergados y privativos de lo más funesto del agronegocio transgénico que prevalece en la Argentina.
