El PRO y sus aliados votaron a favor del convenio que habilita la construcción de torres y canales junto a la reserva ecológica y el barrio Rodrigo Bueno.
Por Patricio Eleisegui
Una oficina de contratos inmobiliarios: de esa forma parece operar la Legislatura porteña toda vez que el oficialismo de la Ciudad decide avanzar con negocios ligados al ladrillo. En desventaja a la hora de sufragar, la oposición no deja de hacer agua cada vez que la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y sus aliados deciden profundizar el extractivismo urbano. El tongo goza de mayoría automática.
En sintonía con la polémica que rodea al proyecto desde su concepción, la aprobación de “Costa Urbana”, el mega emprendimiento con el que IRSA apunta a transformar a la ex Ciudad Deportiva de Boca en un barrio más caro que Puerto Madero, obtuvo luz verde en el recinto durante la sesión del jueves. Corolario de un trámite marcado por las controversias.
Votaron a favor del convenio que habilita el proyecto de la desarrolladora: Vamos Juntos (PRO-Coalición Cívica), el Partido Socialista de Roy Cortina y la UCR que responde a Martín Lousteau. Se pronunciaron en contra el Frente de Todos, el PTS, el FIT y el AyL fundado por Luis Zamora.
El aval político al emprendimiento de la firma que lidera Eduardo Elsztain, dueña también de casi todos los shoppings porteños, viene precedido de una causa judicial en curso iniciada por organizaciones que no han dejado de exponer el desastre socioambiental que generará el proyecto inmobiliario.
A principios de este mes se fijó una medida cautelar en la que se instó a no discutir la aprobación de la “Dubai porteña” –así promocionaba la empresa a este mismo proyecto hace casi una década– que pretende Elsztain hasta tanto se presenten estudios de impacto ambiental.
La ausencia de audiencias públicas, sumado a la falta de estudios de diagnóstico e impacto final sobre la reserva ecológica y el humedal protegido donde se llevará a cabo el negocio inmobiliario, son otros de los aspectos que terminan de consolidar a “Costa Urbana” como una de las iniciativas privadas más cuestionadas de los últimos años.
El Gobierno porteño hizo caso omiso a todos los cuestionamientos, incluidos los judiciales.
De la mano del larretismo, la aprobación que obtuvo IRSA le permite ahora impulsar su pretendido barrio premium en el predio de la ex Ciudad Deportiva de Boca, que tiene 71 hectáreas y está ubicado frente a Puerto Madero, al sur de la reserva ecológica y al lado del barrio Rodrigo Bueno.
Los terrenos fueron propiedad del Estado nacional hasta que en la década de 1960 resultaron donados a Boca Juniors con la prohibición de que luego sean vendido a privados. Sin embargo, en 1997 pasaron a manos de IRSA.
La intención de Elsztain –propietario, también, del Banco Hipotecario y el pool de siembra de transgénicos Cresud, además de actor de peso en el negocio minero– con “Costa Urbana” es levantar torres de hasta 145 metros y promover canales y lagunas dentro del predio donde se promoverá el barrio de lujo.
“En el proyecto final se establecieron cambios que tienen que ver con superficie de parque público que finalmente se incluirá en el emprendimiento. En la previa se había asegurado que la porción correspondiente al total del predio sería del orden del 67 por ciento. Bueno, eso se redujo fuertemente. En el proyecto que llegó a la Legislatura el porcentaje bajó a 20 por ciento”, me comentó recientemente Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho.
“Se repartieron porcentajes a favor de la empresa por conceptos como servidumbre, cesiones por urbanización y contraprestaciones varias”, añadió el abogado, referente en la batalla legal contra la especulación inmobiliaria y la preservación de espacios verdes públicos.
IRSA pretende vender lotes y viviendas a valores por encima de los ya vigentes en Puerto Madero. Así, mientras que el barrio “top” de la Ciudad exhibe picos de cotización del orden de los 5.300 dólares el metro cuadrado desarrollado, sendos actores de la actividad inmobiliaria señalan que la propuesta a levantar en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors oscilará entre los 5.500 y los 6.000 dólares.
En una presentación cerrada llevada a cabo hace pocas semanas, IRSA anticipó potenciales inversiones del orden de los 1.600 millones de dólares, aunque no detalló cuáles serán los socios que secundarán a la empresa de Elsztain en el proyecto.
La desarrolladora precisó que “Costa Urbana” se edificaría en el transcurso de 10 años y la empresa interesada aportaría cerca de 250 millones de dólares para iniciar el emprendimiento.
El proyecto contempla la construcción de torres, centros comerciales, hoteles, oficinas y diversos canales de agua en un predio lindero a la avenida Costanera Sur. Incluirá una laguna interna y entre los complejos de viviendas se impulsaría un shopping a cielo abierto similar al Distrito Arcos.
Hace una década, distintas organizaciones manifestaron su oposición a la iniciativa explicaron que el paso de embarcaciones elevaría el nivel del agua inundando a los vecinos.
Organizaciones piden la expropiación
La semana pasada, entidades y grupos ambientales, políticos y sociales presentaron un proyecto en la Legislatura porteña para “declarar de utilidad pública y sujeta a expropiación” el lote que IRSA destinará a su complejo de torres.
Impulsan la iniciativa el Observatorio del Derecho a la Ciudad, la Cátedra de Ingeniería Comunitaria de la Universidad de Buenos Aires (CLIC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), la Defensoría de los Laburantes y la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA).
“El proyecto, presentado por más de 200 espacios colectivos y con el apoyo de más de 2.000 firmas, propone destinar este predio a una nueva reserva ecológica. Esto le aportaría un importante pulmón verde a Buenos Aires, una de las ciudades con menos superficie verde por habitante en el mundo”, expuso María Eva Koutsovitis, coordinadora de CLIC.
Agregó que la nueva reserva “permitiría preservar y recuperar el humedal costero y afrontar las amenazas de origen natural, es decir las inundaciones y las olas de calor”.
En lo formal, la iniciativa fue presentada en la Legislatura por la misma Koutsovitis, pero cuenta con la adhesión colectiva de unas 200 agrupaciones y la firma de más de 2.000 ciudadanos y ciudadanas porteñas.
Las organizaciones afirman que la parcela de IRSA se ve afectada por el artículo 1974 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual establece que “el dueño de un inmueble colindante con cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de quince metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad”.
A la par, las organizaciones también citaron dos artículos de la Constitución porteña: el número 8, que dispone que los “espacios que forman parte del contorno ribereño son públicos y de libre acceso y circulación”, y el 27, que establece la “protección e incremento de los espacios públicos de acceso libre y gratuito, en particular la recuperación de las áreas costeras, y garantiza su uso común”, por su importancia para el cuidado del ambiente.
En base a estas y otras normas, las organizaciones pidieron que se declare la “nulidad de todo convenio urbanístico que habilite la construcción privada sobre la parcela y la destrucción del actual humedal”.
