La política de acabar con Córdoba

Foto: Unidos por el Monte

El Estado cordobés sigue reprimiendo a las y los vecinos que defienden la preservación del valle de Punilla ante el desarrollo de una autovía para más extractivismo. La gestión que encabeza Schiaretti aprobó en un abrir y cerrar de ojos una modificación legal que alienta la expansión del modelo transgénico y apaña la multiplicación de proyectos inmobiliarios en zonas clave para la supervivencia ambiental.

Por Patricio Eleisegui

Prevalece una dirección política en Córdoba: consolidar a la provincia como otro feudo en el mapa nacional de los saqueos apadrinados por el Estado. Van años de muestras contundentes a partir de fuegos intencionales que en menos de dos décadas acumulan más de 700.000 hectáreas arrasadas y, también, un incumplimiento permanente de regulaciones como la ley de bosques y la promoción de la ganadería y los transgénicos que crecen a puro agrotóxico.
Al compás de personajes como Ramón Mestre, Juan Manuel de la Sota o Juan Schiaretti, Córdoba devino en otro territorio condenado a un extractivismo que, sobre todo en las últimas semanas, ganó en aceleración a partir de dos iniciativas delineadas para seguir menoscabando la situación ambiental: el proyecto de nueva ruta 38 que pretende atravesar el valle de Punilla, avalado por cada vez más intendentes pese al masivo rechazo popular, y la reciente modificación a la ley de ambiente provincial, otro guiño contundente al agronegocio y la especulación inmobiliaria.
Respecto del primer atropello, la represión estatal ya es una constante y una muestra reciente tuvo lugar el 13 de agosto cuando una patota policial, cubierta con capuchas y movilizada en motocicletas, molió a palos al familiar de uno de los vecinos que más se opone a la construcción de la senda.
Desde la Asamblea de Punilla se expuso que Franco, el joven que recibió la paliza, es nieto de Abel Méndez, un habitante de la zona que está siendo forzado al desalojo. 
“Continúa el conflicto social, el violento e inescrupuloso avance del gobierno de la provincia, Caminos de las Sierras y la Policía de la Provincia de Córdoba, sigue dejando huellas en la población del Valle. Otro caso más contra los adultos mayores: después de 40 años de vivir en Santa María de Punilla, Abel Méndez es forzado al desalojo. No hay precisión sobre el monto de la expropiación, no le aseguran ni el alquiler para unos meses y, lógicamente, no quiere abandonar su hogar. Los métodos para obligarlo son cada vez más perversos”, se indicó desde la organización.
Las vecinas y vecinos que integran la asamblea radicaron la denuncia correspondiente en la Unidad Judicial de Cosquín. 
También durante el fin de semana pasado sucedió que miembros de la policía provincial se acercaron hasta el hogar de una de las integrantes de la organización para entregarle una citación judicial. Quienes conforman el colectivo de Punilla dan por descontado que lo que viene es una ola de imputaciones con el fin de elevar la criminalización de la resistencia popular.

Foto: Vecinos por el Ambiente Punilla 

Autovía en Punilla: la violencia también es política de Estado
Las prácticas de persecución y la violencia para imponer la autovía no son nuevas: durante la madrugada del 10 de mayo de este año ocurrió, justamente, uno de los ataques más virulentos concretados por elementos de la policía y la infantería provincial contra vecinas y vecinos de Punilla. 
Los uniformados irrumpieron en un acampe establecido a pocos metros del ex peaje de Molinari, siempre sobre la actual ruta 38, y a puro golpe desalojaron el lugar.
Como expusimos en otra columna publicada en este espacio a fines de ese mes, el proyecto de nueva ruta 38 pretende atravesar el valle de Punilla como parte del corredor bioceánico Porto Alegre-Coquimbo para conectar puertos de comercio extractivista.
La construcción de esa carretera para el transporte pesado y de alta velocidad implica la instalación de al menos 20 puentes y se extenderá sobre ocho cuencas hídricas fundamentales para el abastecimiento de las y los cordobeses. Asimismo, el trazado se desplegará sobre miles de hectáreas de bosque protegido y obligará al desplazamiento de al menos medio centenar de familias.
“La obra consta de cuatro tramos. San Roque Bailer-Santa María de Punilla y Cosquín-Molinari. En este momento, se está ejecutando en distintas instancias en tres de esos tramos. Se está realizando una apertura de caminos y desmontes para el trazado central. Todo esto, en zonas de bosque nativo y reservas arqueológicas”, me detalló una integrante de la asamblea.

Foto: Unidos por el Monte

Ley ambiental: espaldarazo al agronegocio y la especulación inmobiliaria
A esta situación que se da en Punilla hay que añadir la modificación a la ley ambiental de la provincia que, en un trámite ultra veloz y carente de toda participación ciudadana, tuvo lugar el miércoles pasado. 
Los cambios, explica Federico Kopta, titular del Foro Ambiental Córdoba, comenzaron a tratarse el 10 de este mes y devinieron en ley apenas una semana después. Entre otros aspectos, la Provincia quitó un paquete de restricciones para, a partir de las nuevas disposiciones, alentar la expansión del agronegocio ganadero y transgénico, la inversión inmobiliaria y la ampliación irrestricta de la infraestructura que utilizan las compañías de telefonía celular.
La modificación aprobada erradica requisitos como la obligación de efectuar estudios de impacto ambiental y quita la exigencia de concretar consultas públicas al momento de instalar grandes silos para el acopio de granos, llevar a cabo construcciones en lotes superiores a las 3 hectáreas o activar el desarrollo de iniciativas públicas y privadas en ecosistemas fundamentales como el bosque nativo.
“Nosotros nos enteramos de esta intención de modificar la ley el viernes de la semana pasada. Estos cambios ingresaron a tratamiento el miércoles previo a ese día. El proyecto fue tratado por la comisión de ambiente y legislación general el martes ya de esta semana y hecho ley el miércoles. Todo acelerado y sin ningún tipo de información y participación ciudadana”, me comentó Kopta.
En cuanto al impacto que promoverá lo aprobado esta semana en Córdoba, el experto dio por descontado que se multiplicará la generación de lotes para la actividad inmobiliaria -la modificación establece que los proyectos pautados para terrenos de más de 3 hectáreas y siempre que no se superen las 24 parcelas recibirán avales sin necesidad de trámites de impacto ambiental y audiencia pública- y mencionó a la zona serrana como uno de los espacios que más sufrirá esta luz verde oficial.
“Por otra parte, se flexibilizó la instalación de silos para el acopio de más de 2.500 toneladas de granos en áreas rurales. Eso incrementará la agricultura intensiva. Al mismo tiempo, los trámites para instalar antenas de telefonía celular se simplificaron a partir de esta modificación”, agregó.

Más silos, más autovía, más complejos de lujo, menos bosques
En cuanto a la incidencia en la problemática relacionada con la construcción de la autovía, Kopta sostuvo que, por ejemplo, el cambio en la ley borra la excepción para el desarrollo de obras públicas o de interés gubernamental en aquellos espacios de bosque nativo colocados en las categorías amarilla y roja. 
“Desde el Foro Ambiental Córdoba solicitaremos formalmente el veto de la ley aprobada. El proceso no contó con la información y participación ciudadana impuestos por el Acuerdo de Escazú, vigente por ley nacional 27.566. También viola el Principio de Progresividad impuesto por el artículo 4 de la Ley General del Ambiente 25.675”, precisó.
También la Fundación para la Defensa del Ambiente (FUNAM) que encabeza Raúl Montenegro explicitó críticas a lo ocurrido esta semana en esa provincia. 
“Las modificaciones introducidas a la ley de política ambiental 10.208 favorecen al poder económico de grandes corporaciones y violan el artículo 4 de la ley nacional sobre ambiente, que implantó el Principio de Progresividad”, afirmó el experto, en sintonía con la posición del Foro Ambiental Córdoba.
“A nivel silos, y en general plantas dedicadas a procesar y almacenar semillas, el punto 35 establecía claramente que todo proyecto con más de 2.500 toneladas, cualquiera sea el lugar donde se pretenda instalar, estaba obligado a presentar un estudio de impacto ambiental y ser debatido en audiencia pública. Ahora la ‘agilización’ del Gobierno excluye de esa obligación a todos los silos y plantas de localización no urbana, cualquiera sea su tamaño”, añadió. 
Montenegro sostuvo que “la planta de Monsanto que Malvinas Argentinas echó ahora puede instalarse con menos problemas en cualquier lugar no urbano de Córdoba. Monsanto, Syngenta, Bioceres y la Mesa de Enlace deben estar muy satisfechas con las modificaciones que impulsaron Juan Schiaretti y Juan Carlos Scotto”. 
Inminente futuro de terror, el que viene para la provincia de Córdoba. A partir de un presente que ya es confirmación de voluntades políticas, cuándo no, puestas a las órdenes de las peores muestras de un modelo que, a paso acelerado, sigue empujándonos al más irreversible de los cataclismos.

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