Imagen: Emanuel Vidal | @phuerza
Arde Corrientes y la ley de humedales está otra vez en boca de todos. Pero del dicho al hecho hay un camino tortuoso que ya tiene una década: su tercer intento culminó con la caída del proyecto de ley unificado. Ahora el Gobierno nacional quiere aprovechar la “tierra arrasada” para lanzar una nueva iniciativa, que las organizaciones socioambientales y políticas que participaron del debate identifican como un zarpazo de la mano invisible del extractivismo.
El ministro de Ambiente eligió el Día Mundial de los Humedales, el 2 de febrero, para resetear el proceso, como si 2020 y 2021 no hubiesen existido. Aunque lo presentó como el cumplimiento de una promesa electoral, lo que buscan es que agronegocio, forestales, mineras, sector inmobiliario y gobernadores puedan imponer sus condiciones.
Revista Sudestada dialogó con los diputados Leonardo Grosso (Movimiento Evita-Frente de Todos), que volverá a insistir en marzo con el proyecto consensuado, y Nicolás del Caño del PTS-Frente de Izquierda Unidad, fuerza que ya presentó el suyo y reclama que Juan Cabandié dé explicaciones en la cámara baja. Además, opinan el naturalista César Massi, de Santa Fe, y el licenciado en Gestión Ambiental Emilio Spataro, de Corrientes.
Sigue girando
Ante senadores que integran la comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Cabandié lamentó que el proyecto haya perdido estado parlamentario y expuso que buscan “abrir el debate a nivel federal con la academia, con las provincias, con los representantes, en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente [Cofema]”, cuyo titular, Santiago Azulay, anticipó que intentarán lograr el “justo equilibrio entre los intereses en tensión”.
Leonardo Grosso, que preside la comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de Diputados, también habla de construir acuerdos. En su caso, detalló a Revista Sudestada que ya tienen fecha y lugar para anunciar el reingreso del proyecto que se acordó en 2020: será el 2 de marzo “en la sala más grande del Anexo C”.
RS: ¿Vas a mantener la presentación de ese proyecto o te sumarás al que anunció Cabandié? En cualquiera de los casos: ¿por qué?
LG: El 1º de marzo vamos a hacer la presentación formal del proyecto, como nos comprometimos con las cuatrocientas organizaciones que impulsan este dictamen, con quienes trabajamos durante más de un año en más de cuatro audiencias públicas, quince reuniones de comités científicos, reuniones de diputados y diputadas, innumerables aportes de distintos lugares. Más de dieciocho provincias participaron de la redacción del proyecto de ley, que fue firmado por más de veintitrés diputados y diputadas de la comisión de ambiente del Congreso de la Nación. Un apoyo pluripartidario más que grande.
RS: Tu comisión logró dictamen en 2020, pero no avanzó en las demás. ¿A qué adjudicás ese bloqueo?
LG: A los lobbies económicos que presionan sobre las comisiones más permeables a esos intereses, como son la de Agricultura e Intereses Marítimos y Pesca, que se rehusaron a trabajar el tema durante todo un año, dejándolo caer sin estado parlamentario.
Grosso rechaza el “caballito de batalla” de los opositores a la ley: la idea de que esta “viene a prohibir la actividad económica y suspender actividades”. Según el diputado, la función de la normativa es “regular la actividad económica sobre los humedales para preservar las capacidades ecosistémicas”.
Dos años, quince proyectos y ninguna ley
Esta semana el Frente de Izquierda Unidad hizo dos presentaciones de urgencia en el Congreso. Con la firma de sus cuatro diputados, ingresaron nuevamente su iniciativa por humedales, una de las que se condensó en el dictamen de 2020, y además exigieron formalmente que Cabandié dé explicaciones en Diputados por la actuación en Corrientes y Misiones.
Desde la marcha de la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones a la Casa de Corrientes, Nicolás del Caño aseguró a Revista Sudestada que impulsarán la movilización para que su iniciativa se trate rápidamente. Apuntó al Gobierno de Gustavo Valdés (Eco+Cambiemos) y al del Frente de Todos: “En la provincia de Corrientes votaron en el 2020 en la Legislatura en contra de que se abra el debate de una ley de humedales, y el Gobierno cajoneó este proyecto el año pasado en varias comisiones”.
El dirigente de la izquierda adelantó que “si hay una ley de consenso que contemple el reclamo de las organizaciones ambientales vamos a apoyarla como ya lo hicimos el año pasado”. Para Del Caño, la nueva presentación busca que “se termine con esta dilación permanente que impulsan las coaliciones mayoritarias que responden a los grandes grupos empresarios”.
Mientras las campañas de solidaridad se multiplican –desde el influencer Santiago Maratea hasta el Laboratorio de Ecotoxicología de la Universidad Nacional del Litoral–, el pedido de interpelación ingresado por Del Caño junto a Myriam Bregman, Romina del Pla y Alejandro Vilca busca que Cabandié detalle los recursos destinados desde fines de 2021, la ejecución presupuestaria y los refuerzos del Servicio Nacional de Manejo del Fuego para el período 2021-2022, la coordinación con el Gobierno correntino y los esfuerzos para la recuperación de flora, fauna y comunidades afectadas.
“¿Cuánto más hay que esperar?”
Gabriela González Trilla, directora nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, explicó los planes del Gobierno en una reunión virtual de la que participaron la Red Nacional de Humedales (Renahu), la Fundación Humedales, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Multisectorial Humedales (Rosario), Jóvenes por el Clima, Vida Silvestre, Aves Argentinas y Consciente Colectivo, entre otras.
En la Renahu no quieren una discusión eterna ni que se imponga “cualquier ley”. Siguen apostando al proyecto unificado, que fija un plazo de dos años a la elaboración del inventario nacional, crea un consejo consultivo, garantiza el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado a los pueblos originarios y prohíbe liberar sustancias tóxicas a estos ecosistemas, incluyendo fumigaciones aéreas y terrestres.
Para el colectivo ambientalista el Gobierno omite “el trabajo colectivo, interinstitucional y multisectorial” de casi una década, mientras aclaran que el Cofema ya hizo comentarios y aportes, además de haberle dado apoyo a la ley de humedales vía resolución formal. “¿Cuánto tiempo más hay que esperar?”.
Tras participar en la cita virtual, a César Massi, naturalista santafesino e integrante de la Renahu, le dio la impresión de que buscan “lavar” el proyecto. “En la práctica, si vos decís que querés que la ley se apruebe y que vas a escuchar más a la producción, básicamente lo que vas a hacer son concesiones, y concesiones para el lado del ambiente seguro que no”, le dijo a Revista Sudestada.
Massi agrega otro obstáculo: “Las oposiciones al proyecto siempre están en la sombra. Que digan en qué se oponen, qué pretenden y que el Estado tome posición respecto a eso”. Sobre esto último, habla de funcionarios que “te palmean la espalda como diciendo ‘tenés razón’, pero no se juegan en las definiciones”.
En su opinión, el lobby empresario tras bambalinas y la actitud prescindente del Estado contribuyen a que “nadie pague el costo político de decir ‘yo quiero fumigar’, ‘yo quiero seguir haciendo diques’, ‘yo quiero seguir quemando o plantando pinos’”.
Según su relato, los funcionarios les anticiparon que “por ahí las arroceras van a necesitar fertilizar”, es decir, descargar sustancias sintéticas capaces de generar toxinas, algo que restringe la letra del proyecto y que a Massi le parece hasta de sentido común. “Va a haber concesiones por todos lados”, concluyó.
Para la Multisectorial Humedales de Rosario estas concesiones son inadmisibles. En un duro documento tras la reunión con funcionarios, sostuvieron que hoy los humedales son “tierra de nadie” y que el Gobierno “sostiene y profundiza modos de ser y producir extractivos y contaminantes”. En lugar de generar entusiasmo, la noticia de que el Ejecutivo promoverá una ley los puso en alerta.
“No esperamos mucho de parte del Estado (de hecho, casi nada). Y aun así lograron decepcionarnos”, expresaron los activistas, que lamentaron que desde el ministerio intentaran darles “clases de ecología y conservación” en lugar de agilizar un debate que en los territorios quemados, destruidos, contaminados o modificados es aún más extenuante.
En Corrientes se queman humedales
Las evidencias científicas se acumulan y nadie puede sorprenderse de la “relación tóxica” entre los incendios forestales y la crisis climática, que hace más intensos los primeros con el combustible de sequías extremas, altas temperaturas, baja humedad relativa, rayos y fuertes vientos.
El pronóstico para los humedales correntinos es reservado. Emilio Spataro, integrante de la Renahu y licenciado en Gestión Ambiental, dice que algunos se perderán: “Por más que se recupere cierta agua en superficie cuando llueva, la vegetación típica de estos humedales fue destruida”.
Pero la catástrofe no es natural: deforestación, quemas, relleno de humedales y bosques implantados de especies exóticas son los sospechosos de siempre. El FIT Unidad apunta al monocultivo de eucaliptos y pinos a gran escala por parte de empresarios como Hugo Sigman (Pomera Maderas), afín al Frente de Todos, y multinacionales austríacas y belgas (HS Timber Group).
“Los ganaderos acá son tan responsables como las forestales”, agrega Spataro, que marca la diferencia entre zonas rurales densamente pobladas, con menos focos y de menor magnitud, y grandes áreas de acaparamiento, que tienen más.
Para el especialista, la clave no es quién prende el fuego, sino la manera en que se apropian de la naturaleza. En lugar de “criminalizar a los pobres y a los empleados” con causas penales, “hay que investigar el entramado económico que lleva a esta situación. Si no, siempre paga el pobre correntino”.
Según el último informe ONU Ambiente sobre incendios, los Gobiernos no están preparados para hacer un cambio radical y pasar de reacción/respuesta a prevención/preparación. El argentino no es la excepción: Spataro advierte que el Ministerio de Ambiente “no tiene pauta publicitaria e información focalizada en las localidades donde hay altísimo riesgo de incendio”.
La falta de la ley de humedales se nota en el territorio: “Se hubiese comenzado con las discusiones del ordenamiento territorial, se hubiese puesto de manifiesto que hay forestaciones” que avanzaron sobre áreas que podrían haber aportado “humedad y cortafuegos”, enumera.
El Gobierno habla de “compromiso”, pero el oficialismo encabeza dos de las tres comisiones donde el proyecto fue paralizado. Se propone el diálogo con sectores productivos, pero las organizaciones no recibieron respuesta a sus pedidos formales, movilizaciones y acciones en redes sociales.
Los humedales son fundamentales. Hay que hablar de ellos también cuando no están en llamas ni son rellenados para que pasten vacas, planten pinos y construyan countries. El Gobierno quiere dialogar con los productores y los gobernadores, pero es a la movilización popular a la que nunca escuchó.
