Foto: Sudestada
En conmemoración del octavo aniversario del primer “Ni Una Menos”, las calles de Posadas se llenaron de voces feministas este 2 de junio, exigiendo un alto a los ajustes y la impunidad. Bajo el lema “Ni Una Menos. Basta de Ajuste e Impunidad. Vivas, Libres y en las Calles nos Queremos”. Esta marcha conmemorativa refleja el contexto actual de violencia de género en el territorio y la necesidad de políticas públicas efectivas para combatirla.
Por Gabriela Ayala, comunicadora de La Calaca, activista feminista e integrante de la Coordinadora del Movimiento de Mujeres y disidencias trabajadoras de Misiones.
Durante la movilización, se exhibieron carteles con los rostros de las víctimas de femicidios que aún no han obtenido justicia. Claudia Benítez, Lucía Maidana, Angélica Ramírez, Horacelia Marasca, Tati Piñeiro, Paulina Portillo, Angélica Ramírez y Marilyn Bárbaro son algunos de los nombres que representan la dolorosa realidad de vidas perdidas y la falta de justicia que prevalece en la sociedad.
En lo que va del año 2023, Misiones ha registrado cuatro femicidios y 36 intentos en los últimos cuatro meses, cifras alarmantes que demuestran la urgencia de implementar medidas concretas por parte del Estado. La falta de justicia y la necesidad de capacitación en perspectiva de género en los organismos encargados de la seguridad de las víctimas de violencia de género en Argentina son evidentes.
Las familias de las víctimas merecen justicia y seguridad, y es fundamental que se les brinde el apoyo necesario. Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y tome medidas contundentes para prevenir, acompañar y erradicar la violencia de género.
En este contexto, se demanda la implementación efectiva de políticas públicas que aborden la problemática de las violencias de género. Es fundamental contar con casas de refugio independientes del Ministerio de Seguridad, así como un presupuesto real destinado a subsecretarías y organismos encargados de enfrentar esta problemática. Además, la implementación efectiva de la Educación Sexual Integral (ESI) y el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) son exigencias necesarias para garantizar derechos fundamentales.
El sistema de Justicia debe actuar de manera imparcial y equitativa, brindando protección y apoyo a todas las mujeres, independientemente de su nivel socioeconómico. Las mujeres de bajos recursos son doblemente vulnerables, ya que enfrentan las consecuencias de la violencia de género y son sometidas a un sistema que las discrimina y juzga de manera desproporcionada. La justicia debe trabajar para romper con estereotipos y prejuicios arraigados en el sistema judicial, los cuales perpetúan la desigualdad y la violencia de género.
El movimiento feminista continúa luchando incansablemente para denunciar estas injusticias y exigir una justicia que actúe con perspectiva de género y respete los derechos de todas las mujeres. La marcha del 3 de junio en Posadas se convierte en un espacio de resistencia y visibilización, donde las voces de las mujeres y disidencias sexuales se unen para reclamar una justicia que no discrimine, que no criminalice y que brinde garantías reales a todas las víctimas de violencia de género.
En conclusión, el contexto actual en cuestiones de violencia de género en el territorio requiere de políticas públicas efectivas que prevengan, acompañen y erradiquen esta problemática. La movilización en Posadas es un llamado a la acción para que el Estado asuma su responsabilidad y trabaje en conjunto con la sociedad civil para garantizar una vida libre de violencias para todas las personas. Solo a través de la transformación profunda de las estructuras judiciales y la implementación efectiva de políticas públicas se podrá alcanzar una sociedad más justa, equitativa y libre de violencias.
