Foto: Emanuel Vidal @phuerza
Argentina, Perú y otros diecisiete países se unieron el primer viernes de febrero en una “rebelión costera global” en defensa de mares y océanos, saqueados y contaminados por multinacionales de combustibles fósiles. Hubo protestas en toda la costa atlántica y otros puntos del país, como Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Salta, Neuquén y Chubut. En Sudáfrica, Estados Unidos, Noruega, Bolivia, Uruguay, España, Reino Unido y Egipto, entre otros, también salieron a las calles.
Por Valeria Foglia | @valeriafgl
Grandes, chicos, familias, autoconvocados, en bici o a pie. Activistas ambientales, artistas, organizaciones sociales y de izquierda. Así fue la fisonomía del “oceanazo”, que abarcó tres nutridas cuadras desde la emblemática rambla marplatense hasta el Museo del Mar y se pronunció contra el extractivismo y el FMI.
En conversación con Revista Sudestada, Juliana Orihuela, integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras de Mar del Plata, contó cómo surgieron el atlanticazo y el oceanazo, mientras Rafael Colombo, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAAA), dio detalles del amparo que presentaron para suspender el proyecto de la petrolera noruega Equinor en la cuenca argentina norte.
Internacionalismo marino
La aparición de varias ballenas muertas los puso en alerta sobre la exploración sísmica del mar a la altura de las costas bonaerenses, cuenta Orihuela, que también participa en la flamante asamblea de Necochea y Quequén, ciudades donde habita. Decidieron armar una red de ciudades costeras para enfrentar también otras problemáticas: residuos cloacales descargados al mar, entrega de espacios públicos a emprendimientos privados, basurales a cielo abierto y playas con vehículos.
Pero el punto de inflexión para tender lazos internacionales lo marcó lo que el propio Gobierno de Perú describió como “el mayor desastre ecológico de los últimos años”, el derrame de 1,65 millones de litros de crudo el 15 de enero,.tras la erupción del volcán submarino Tonga-Hunga Ha’apai, cuando el fuerte oleaje golpeó un buque de descarga en una refinería de Repsol y afectó costas y mar de Ventanilla, provincia de Callao.
“Ya llevamos tres semanas de coordinación internacional”, celebra la activista. Tras un mensaje que llegó a la asamblea marplatense formaron la “rebelión costera” con el Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (Mocicc), que estuvo al frente de las protestas en Perú por #RepsolHazteCargo.
Osver Polo Carrasco, especialista en redes internacionales climáticas del Mocicc, explica que, además de reclamar sanciones y reparación a las corporaciones que contaminan, exigen “soberanía energética justa y colectiva” y “el fin los proyectos extractivos en mar, tierra y selva”, así como de los decretos y las legislaciones que los promueven.
Se les sumaron más organizaciones, como Extinction Rebellion (América Latina-Abya Yala, Países Bajos y Serbia), Fridays for Future Madrid, Animal Save Montevideo, Ecuador Minka, Parents for Future de Berlín, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones y Ecos de Mar de Argentina. Además de la solidaridad con Perú y Ecuador, Orihuela señala que toman como ejemplo las acciones legales en Sudáfrica para evitar la instalación de petroleras en sus costas.
La “rebelión costera global” puntualiza que en Argentina y Sudáfrica son miles los que se movilizan contra empresas como Shell, Equinor y Total, que “pretenden realizar estudios sísmicos, perforaciones en aguas profundas y fracking, llevando a comunidades, ecosistemas marinos y ambiente a afrontar una devastación similar por la codicia corporativa”.
Sube la marea
La actividad petrolera offshore no tiene licencia social. Quedó claro en la audiencia pública convocada por la cartera de Juan Cabandié en julio de 2021 para considerar la evaluación de impacto ambiental realizada por Equinor para los bloques CAN 100, CAN 108 y CAN 114, cuyos permisos otorgó la gestión de Mauricio Macri en 2018.
No solo es la primera autorización en aguas profundas y ultraprofundas en el mar argentino, algo que el actual Gobierno se encargó de enfatizar, sino que esos bloques abarcan el frente del talud oceánico, área prioritaria para la conservación de especies marinas.
El amplio rechazo fue reconocido por Rodrigo Rodríguez Tornquist, por entonces secretario de Cambio Climático, quien presidió la audiencia. Además, el funcionario aseguró que la aprobación del proyecto dependería de “una política energética alineada con los compromisos internacionales asumidos por nuestro país en materia climática”.
No duró mucho: semanas antes de la publicación de la resolución de Cabandié en el Boletín Oficial, a Rodríguez Tornquist le aceptaron la renuncia. Al silencio inicial de las autoridades le siguió un desfile de funcionarios que justificaron la decisión e impusieron un supuesto debate entre “ambiente y desarrollo”.
Del otro lado no se quedaron de brazos cruzados: marcharon, reunieron miles de firmas y se presentaron varios amparos contra el proyecto, que recayeron en el Juzgado Federal de Primera Instancia Nº 2 de Mar del Plata, a cargo de Santiago Martín. El 12 de enero la fiscal Laura Mazzaferri hizo lugar a dos de ellos y dictaminó la suspensión de actividades de prospección sísmica y explotación petrolífera.
Una comisión de legales de la asamblea hace seguimiento de los amparos: el de Guillermo Montenegro –el intendente de Juntos por el Cambio–, el de Naturaleza de Derechos, otro de un ciudadano y las 150 carillas presentadas el 13 de enero por Greenpeace, agrupaciones de surfistas y la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas (AAAA) con el patrocinio legal de Enrique Viale, Rafael Colombo y Gonzalo Vergez.
Un freno de emergencia por el mar argentino
Este amparo contra el Estado nacional, la Secretaría de Energía y el Ministerio de Ambiente tiene carácter urgente: reclaman una medida cautelar por la “inmediata paralización” de actividades ya que el período estival es más favorable para la exploración sísmica.
Los amparistas piden que se declare la inconstitucionalidad de la resolución de Cabandié, pero también de los permisos que dio el macrismo y la reducción de regalías que decretó el kirchnerismo en diciembre de 2021.
Algunas claves:
- Amenaza a ecosistemas marinos. Los disparos de aire de los buques exploradores –cada 6-20 segundos; a veces durante las 24 horas– viajan al fondo marino con sonidos que pueden superar los 250 decibeles. Además de dañino y doloroso, puede afectar la geolocalización natural de especies como la ballena franca austral, causándole desorientación, estrés, disminución auditiva, lesiones y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos.
- Amenaza a la pesca. Los estruendos producen gran pérdida de biodiversidad marina, incluidas poblaciones de peces, como ocurrió en 2009 con la merluza tras las prospecciones sísmicas de Pan American Energy en el golfo San Jorge.
- Amenaza de derrames. La Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Centro y el Centro de Tecnologías Ambientales y Energía hablan de “certeza estadística” en función de los niveles de producción estimados. Un modelo creado para el amparo indica que un derrame en CAN 100, frente a la costa sudeste de la Provincia, llegaría a la orilla en once días e incluso se extendería hasta Uruguay en veinte.
- Amenaza por la crisis climática. La cuota de emisiones de Argentina es “excesiva, tanto en términos absolutos como relativos”. Y son ilegales: las licencias para explorar y explotar hidrocarburos offshore no son coherentes con compromisos climáticos asumidos, afectan derechos humanos y violan la equidad intergeneracional.
- Amenaza a las funciones oceánicas. En lugar de mitigar la crisis climática, las actividades humanas limitan la capacidad del océano para regular la temperatura, aportar gran parte del oxígeno y capturar entre el 20 y el 30 % del CO2.
Desde Mar del Plata, antes de sumarse al oceanazo, Colombo (AAAA) aseguró a Revista Sudestada que esperan que el juez Martín se expida pronto sobre la cautelar y añadió que “es indispensable que la Justicia mire lo que está ocurriendo en otros países de América Latina y el mundo”. El contexto es de emergencia. No solo por las advertencias científicas, sino porque seguir apostando a los hidrocarburos, principal fuente de emisiones, hace que los desastres ecológicos y las zonas de sacrificio se multipliquen.
Pocos días después de la catástrofe en Perú, la norteamericana Chevron filtró cincuenta mil litros de crudo de una tubería submarina en el este de Tailandia, y la compañía ecuatoriana OCP volcó dos millones por la rotura de un oleoducto en la Amazonia. El abogado ambientalista coincide y agrega la situación en Brasil, Venezuela, Colombia y la propia Argentina. “En Nigeria acaba de explotar un ‘buque-plataforma’ que produce, almacena y descarga petróleo, caso que nos interesa especialmente por ser la ‘tecnología’ que quieren utilizar en nuestro país”.
Lejos del “Keep it in the ground”, popular expresión del activismo anglosajón que reclama mantener el petróleo bajo tierra, los Gobiernos firman compromisos climáticos que no tienen intención de cumplir, mientras para 2030 planean producir de conjunto un 110 % más de combustibles fósiles de lo que deberían si se trata de limitar el calentamiento global a 1,5 °C.
Argentina sigue siendo fuertemente dependiente de los fósiles y no encara con la urgencia necesaria una transición energética hacia fuentes limpias y renovables. El atlanticazo y el oceanazo, como antes Mendoza y Chubut contra la megaminería, o Córdoba y Chaco por los bosques nativos, muestran que hay resistencia contra los planes de entrega y destrucción a cambio de dólares, camuflados como “oportunidades de desarrollo”.
“La historia de la industria petrolera es la historia de explosiones, derrames, filtraciones, escapes y múltiples desastres, donde millones de barriles de ‘oro negro’ degradan territorios y contaminan mares y océanos”, opina Colombo. Al tratarse de hidrocarburos de exportación, “le seguimos financiando la transición energética al norte global”.
