Desde hace más de tres años no hay lanzamientos de proyectos de generación eólica y solar. La contracara es la apuesta oficial por el gas vía “fracking” de Vaca Muerta y las fichas colocadas en hidroeléctricas y energía nuclear. Modelo de colapso y subsidios oficiales multimillonarios.
Por Patricio Eleisegui
Gas, petróleo, hidroeléctricas, centrales nucleares. No hay más que eso.
La posición oficial respecto del horizonte energético de la Argentina plantea la profundización del esquema que viene consolidando un colapso ambiental que se exhibe indiscutible. La ultra pronunciada transición no es más que la continuidad ampliada de una matriz ultra subsidiada por el Estado, destructiva de los territorios y únicamente atada a la posibilidad incierta de generar algún tipo de recaudación mediante una venta al exterior de excedentes que hasta ahora casi no ocurre.
También está el desinterés por las energías renovables. Otra política estatal. En ese sentido, la aplicación de la ley 27.191 que promueve ese tipo de generación no se cumple. Y suman tres los años sin lanzamiento de nuevos emprendimientos en alternativas como la energía solar o eólica.
En abril del año pasado, en el marco de la Cumbre Internacional de Líderes sobre el Clima, el presidente Alberto Fernández anunció el objetivo de lograr, para 2030, un consumo eléctrico basado en un 30 por ciento en lo que aporten las renovables. A este ritmo, reconocen en el ámbito energético, Argentina ni siquiera alcanzará a cumplir el compromiso del 20 por ciento fijado para 2025 por la legislación vigente.
El año pasado cerró con una participación de las renovables en la matriz de apenas el 13 por ciento. En una consulta efectuada a principios de esta semana, desde el entorno de la cartera de Energía me reconocieron que, tras los programas Renovar y Mater –este último, diseñado para motorizar el negocio de vender megavatios entre privados– de 2016 y 2017, no se han promovido nuevos proyectos de esa naturaleza.
Sendos informes de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) profundizan en la decisión oficial de insistir con la generación a través de combustibles fósiles y las opciones nuclear e hidroeléctrica.
“A los escasos anuncios alineados con una transición energética a una matriz energética basada en fuentes renovables, se le suman proyectos de ley para fomentar los combustibles fósiles presentados como una respuesta a los desafíos planteados por el desarrollo económico, como el proyecto de una nueva la ley de hidrocarburos presentada por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional, que se centra en ofrecer ventajas económicas para las empresas hidrocarburíferas por 20 años”, expone un documento divulgado por la organización en septiembre del año pasado.
“El sistema energético argentino actual, basado en combustibles fósiles y, en menor medida, en energía nuclear y grandes represas hidroeléctricas, sigue un patrón de explotación intensiva de bienes y servicios ambientales. Se caracteriza, también, por una gran concentración de capitales y tecnologías y porque genera gastos en forma de subsidios desde el presupuesto nacional”, aporta otro informe ya correspondiente al mes de noviembre.
“Sin embargo, no deja, como contrapartida, equidad en el acceso a energías limpias y seguras, creación o perfeccionamiento de capacidades o tecnologías locales que contribuyan al desarrollo territorial, ni tampoco soberanía energética, a pesar de contar con recursos energéticos endógenos”, añade.
Sobre el abandono de las renovables también pesan variables ligadas a la macroeconomía: aspectos como el salto del riesgo país han ido alejando la posibilidad de financiamiento accesible para el Gobierno y el desembarco de inversores externos. Asimismo, la decisión de restringir el ingreso de importados como recurso para frenar la salida de dólares sigue jugando en contra de los requerimientos tecnológicos para el impulso de cualquier alternativa.
Otro aspecto talla en contra del redireccionamiento hacia las energías renovables: la situación que atraviesan las redes de distribución.
Respecto de esta variable, Hernán Scandizzo, referente del Observatorio Petrolero Sur, me acercó una explicación: “Hay un cuello de botella que tiene que ver con las redes de transporte. Con los proyectos de Renovar y Mater se concesionó y quedó ocupada toda la capacidad de transporte en las redes de alta tensión. De ahí que no se pueden habilitar nuevos proyectos hasta tanto se amplíe la red de transporte”.
“Una de las cuestiones que se vieron en 2020 fue la decisión de dar de baja los proyectos Renovar que ya no iban a ser construidos o puestos en marcha para, de esa forma, liberar aquellos kilovatios que ya tenían transporte asignado. En tanto todo va a parar al sistema interconectado, hasta tanto no se solucione la situación del transporte no se avanzará con la habilitación de nuevos proyectos”, agregó.
Tal como funciona en la actualidad, la matriz es fuente de más del 53 por ciento de las emisiones de gas de efecto invernadero –o “GEI”– que ocurren en la Argentina. Según FARN, la generación doméstica de electricidad depende casi 70 por ciento de lo que producen las centrales térmicas –operan con fueloil y gas, o sea, hidrocarburos–.
La voluntad política predominante considera que seguir quemando fósiles es una buena idea.
Caro y contaminante
“… Argentina proyecta al gas natural como un combustible de transición; incluso en el marco de las negociaciones climáticas, el gas natural aparece en los planes sectoriales de energía como un combustible con miras a la reducción de GEI”, destaca FARN. Vaca Muerta, técnica funesta del “fracking” mediante, encabeza el interés oficial por atar el presente y futuro de la matriz a ese combustible.
Los millones desembolsados para expandir las operaciones a como de lugar en Neuquén y alrededores develan el tenor de la apuesta.
“Desde la aprobación del Plan Gas No Convencional –activado en noviembre de 2020–, el Estado Nacional ha erogado casi US$1.600 millones o $99.767 millones para la extracción de gas del reservorio no convencional de Vaca Muerta. Este monto total de los subsidios para Vaca Muerta representa 13 veces lo erogado en energías renovables entre 2018 y 2021, es decir que, por cada 1 peso destinado a renovables, 13 fueron a Vaca Muerta”, detalla FARN.
“Los subsidios a Vaca Muerta durante 2020 equivalieron al gasto de 1.903.000 jubilaciones mínimas, 8.695.000 asignaciones universales para las infancias y hubieran permitido cubrir el costo de 772.000 camas de terapia intensiva para personas afectadas por el Covid-19”, agrega.
Casi el 55 por ciento de los fondos inyectados en el ámbito de los no convencionales recayó en los bolsillos de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint.
Compañía General de Combustibles (CGC) –propiedad de Eduardo Eurnekian–, con una porción del 21 por ciento, y la estatal YPF, con porcentaje del 8, completan el podio de las empresas más favorecidas por los subsidios estatales que inventaron Vaca Muerta.
“Durante 2021, en comparación con el 2020 entre enero y mayo, se observó un incremento del 63 por ciento medido en pesos y 27 por ciento en dólares de los subsidios energéticos, se erogaron $276.825 millones –US$3.042 millones– en concepto de subsidios. (…) En ambos casos, los mayores incrementos se dan en los subsidios económicos y no así en gastos de capital, evidenciando una preferencia por las transferencias económicas a empresas privadas para cubrir gastos de corto plazo, en lugar de obras de infraestructura”, dice FARN.
Las estimaciones financieras anticipan que los costos relacionados con el sostenimiento y la profundización del modelo energético vigente generarán pérdidas siderales. De los 50.000 millones de dólares de 2021 se pasará a un volumen de 120.000 millones hacia 2050 “asociados al aumento esperado del precio de los combustibles fósiles y a inversiones en nuevas centrales nucleares y grandes represas hidroeléctricas”.
“La explotación de recursos no convencionales y la explotación de yacimientos con menor cantidad de reservas serán algunas causas de estos incrementos proyectados. En este escenario, la demanda final de combustibles representaría el 57 por ciento del total del costo del escenario, la generación eléctrica el 40 por ciento y las inversiones en infraestructura necesaria tan solo el 3 por ciento. En cambio, las erogaciones de los costos del escenario alternativo se mantendrían alrededor de los 60.000 millones a lo largo del periodo evaluado, a pesar de que la demanda de energía aumente”, anticipa FARN.
Esto responderá, principalmente, a la mejora en la eficiencia en los consumos y a que los precios de las nuevas tecnologías disminuirán en el tiempo a causa de las curvas de aprendizaje.
Dicho de otra forma: la opción renovable reducirá sus costos en el mediano plazo. Todo lo contrario a la generación basada en gas, hidroeléctricas y nuclear que hoy se promueve desde el Ejecutivo nacional.
Ante una consulta que efectué en las últimas horas, María Marta di Paola, directora de investigación en FARN, sostuvo que el respaldo del Gobierno al esquema en vigor respondería al intento por “seguir con el modelo ya conocido esperando que este resulte, además, en una respuesta a la crisis de las divisas”. En cuanto a la decisión oficial de incentivar la extracción “offshore” de hidrocarburos, señaló que “este proceso de avance de la sísmica retrasa la transición ya que es mantener la matriz energética tal como la tenemos actualmente”.
Persistir en una orientación que no ha hecho más que acelerar los tiempos de un desastre socioambiental cada vez más marcado parece ser la premisa. Las alternativas energéticas renovables están, el desinterés predominante es hijo de una voluntad dirigencial alineada con el esquema de negocios de quienes respaldan económicamente el funcionamiento y la continuidad del aparato político.
Fósiles no son sólo los combustibles. El concepto aplica, también, para aquellos que condenan el futuro de poblaciones y ambientes a partir de una idea energética que ni siquiera cierra desde lo financiero. La política de turno no ha hecho más que apelar, otra vez para tergiversar posibilidades, a la expresión “soberanía energética” como justificativo para el salto a una nueva fase del más virulento de los extractivismos.
